Las sentencias de la represión
Ramón Sáez
Que la Administración denegara la solicitud de indemnización que formuló la viuda de Sánchez Bravo, fusilado en septiembre de 1975, con base, precisamente, en la sentencia del Consejo de Guerra que le condenó por terrorismo y asesinato, viene a reconocer la vigencia de expresiones de la barbarie del pasado con apariencia jurídica, que siguen entre nosotros y forman parte del ordenamiento. La eficacia de las sentencias de los tribunales de excepción del franquismo cuestiona las bases sobre las que se asienta el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, y ataca el sentido de decencia de la ciudadanía, que debe compartir el legado del fascismo.
La Ley de Memoria Histórica de 2007 declara el carácter radicalmente injusto de las condenas dictadas por los tribunales de excepción de la dictadura y la ilegitimidad de esos órganos de la represión, entre ellos los Consejos de Guerra, al estimar que eran contrarios a Derecho y vulneraban las más elementales garantías del juicio. Resulta que la Administración no quiere extraer consecuencia alguna de esa proclamación y excusa que no le corresponde cuestionar las “actuaciones procesales” del franquismo. Se homologan como actos de Derecho conductas de brutalidad institucional contra la disidencia política, una suerte de farsa jurídica que interpretaba un piquete de verdugos.
Tal forma de operar sólo puede explicarse en el método que adoptó nuestra particular transición a la democracia, un modelo, sí, pero de impunidad de los crímenes de la represión, de silencio impuesto, de abandono y desprecio de las víctimas. No en balde la Transición estuvo gobernada por el miedo a un posible golpe militar que situó a los políticos que venían de la dictadura en la posición de imprescindibles valedores de la democracia y obligó a aceptar con resignación que era mejor no intentar ajustar las cuentas con los responsables de crímenes horrendos (torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas). Por si acaso.
El respeto de los derechos fundamentales básicos de las víctimas de la larga y feroz represión requiere que las resoluciones de los tribunales de excepción sean anuladas. Para ello es necesario convenir una idea precisa: el aparato institucional franquista fue un Estado ilegal, un espacio de no Derecho, que se sustentaba en la violación sistemática de los derechos y libertades, conculcando la legalidad internacional, el orden jurídico universal constituido por los derechos humanos indisponibles. El Estado franquista nació de un acto criminal, un golpe de Estado, se fundó sobre una Guerra Civil que se desenvolvió bajo el programa de exterminio del enemigo político y se consolidó mediante un proyecto de persecución implacable de cualquier forma de disidencia, que se prolongó después de la muerte del tirano. Estado ilegal, tribunales de excepción y sentencias injustas. Así debemos pensar tales instituciones y actos de poder.
Si esa fórmula fuera aceptada –algo que pretendió con timidez la ley de la memoria– no habría problema en declarar la nulidad de todas las sentencias de los tribunales de excepción, como hechos gravemente atentatorios contra los derechos humanos que no pueden convivir en la esfera pública democrática. Se disuelven así las dudas sobre la seguridad jurídica que se han planteado; dudas que nunca deberían amparar la injusticia ni la permanencia de los efectos del crimen.
La revisión de las sentencias condenatorias corresponde al Tribunal Supremo; a su Sala Segunda respecto a las dictadas por el Tribunal de Orden Público y por los Tribunales de represión de la masonería y el comunismo y de responsabilidades políticas; y a su Sala Quinta para las pronunciadas por consejos de guerra. Para ello, la ley pide la concurrencia de un hecho nuevo que evidencie la inocencia del acusado. Se pueden anotar varios. En primer lugar, la declaración por ley de la ilegitimidad de origen de los tribunales de excepción, que surgieron de un golpe de Estado, y de su ilegitimidad de ejercicio, por la violación sistemática de los derechos y libertades. Su consecuencia es la injusticia de las sentencias, que también se afirma. Un segundo hecho nuevo sería la derogación expresa de toda la normativa que soportaba a los tribunales, sus procedimientos y los tipos sancionadores, por su incompatibilidad con los derechos humanos. Además, ha de considerarse, en su caso, la declaración de reconocimiento como víctima de la represión y de reparación personal que prevé la ley, porque sus consecuencias son la admisión por el Estado, en un acto concreto, de la injusticia de la
condena. Antes de la ley de reparación, medio centenar de resoluciones de la Sala Quinta de lo militar del Tribunal Supremo (otra excepción española, una milicia togada en su Corte de Casación) denegaron la autorización para interponer recurso de revisión contra condenas políticas dictadas por consejos de guerra de la represión franquista, con decisiones y argumentos incompatibles con la cultura de la legalidad democrática, que concibe la ley subordinada a los derechos humanos. El Fiscal, que hasta ahora ha defendido la intangibilidad de las sentencias, tiene una misión especial en la revisión de las sentencias injustas, que enuncian las leyes procesales y que sería deseable que asumiera.
La nulidad de las sentencias de la represión es un episodio de la lucha por el Derecho que esta sociedad debe acometer para tomar distancia –no sólo temporal– con un Estado ilegal que negaba los derechos y mataba impunemente a sus enemigos políticos. Razones de higiene pública lo aconsejan.
Ramón Sáez es Magistrado de la Audiencia Nacional
Ilustración de Miguel Ordoñez
Comentario por Francisco Torrente Hortas
18/08/2009 @ 15:48
Coincido con la exdecana de los jueces de Barcelona, María Sanahuja, en que en España la transición democrática en la Administración de Justicia está aún por hacer.
Creo que es muy importante que existan en la judicatura y en la fiscalía de este país personas que intentan ejercer su profesión con un sentido democrático y de respecto real a los derechos de las personas a las que juzgan, defienden o acusan, pero también estoy convencido de que la experiencia de cualquiera que haya tenido que lidiar contra alguién poderoso o influyente demuestra que son una minoria los jueces imparciales y garantistas, y que la mayoría -o por lo menos una gran parte- de la Administración de Justicia arrastra impudicamente un sentido clasista, antidemocrático y lleno de numerosos vicios de la anterior justicia del fascismo, que solo mediante la denuncia, la agitación política ciudadana y la movilización popular (al modo como hicieron en los años ochenta las mujeres que defendian el derecho al aborto, o en los años noventa los insumisos frente a las obligaciones militares o la prestación social sustitutoria), enfrentando y desobedeciendo abiertamente las leyes y las prácticas judiciales injustas, podremos llegar a presionar lo suficiente para que la Administración de Justicia deje de ser fundamentalmente un instrumento de dominio y de control al servicio de los poderosos e influyentes, y pase estar realmente al servicio de los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los ciudadanos/as de este país
Comentario por domingo00
18/08/2009 @ 16:50
Ya está dicho hasta la saciedad que todo el entramado judicial, político, militar… empresarial… eclesial… está puesto al servicio de la justa causa de la democracia… orgánica y sus sucedaneo actual que, toca madera de mango de acha, nos libra de males mayores; a saber: origen de las riquezas acumuladas por un porcentaje pequeño de privilegiados, vida disoluta de los mencionados, influencia de los mismos pocos sobre la totalidad de la sociedad. Es increible que unos pocos, en algunos casos notorios analfabetos funcionales, sean capaces de hilvanar asuntos tan complejos judiciales: al fin y al cabo le dan tantas capas de argumentos jurídicos que piensan que los que no tenemos ese alfabeto no serémos capaces de rebatirles, ¡ilusos¡ pero aprovechados de: un buen puesto conseguido a costa de ” mérito, capacidad, esfuerzo y publicidad” ¡y un rábano¡y tambien de ”igualdad” ¡y dos rábanos¡ todos sin excepción que de alguna manera protejen la actual ”democracia” no son sinó apéndices del conglomerado que nos libra de ”males mayores” y desde luego que me gustaría hacer excepciones pero no puedo, no debo dejar de lado mi alfabeto de víctima y heredero de víctima: Verdad, Justicia, Reparación… y cultura para que estos analfabetos no nos ofendan la inteligencia impunemente. Que se abra paso a la historia silenciada de los siempre vencidos… pero nunca convencidos a la fuerza de las achas.
Comentario por Fred
18/08/2009 @ 18:17
Es importante, es consolador, es reconfortante saber que hay entre los profesionales de la Justicia en España (entre los cuales no me encuentro) algunas personas, algunos jueces, algunos fiscales, secretarios, abogados, etc. que tienen un recto sentido de la equidad, pero pienso que desdichadamente eso no salva al conjunto. El conjunto está creo yo mediatizado por el corporativismo cuando no condicionado por un clarísimo sesgo ideológico del que son exponente casos suficientemente notorios en los medios.
Poco ayudan las leyes que arrastran un lastre importante de la dictadura que algunos dicen pasada, pero, aún a pesar de ello, algo más se podía haber hecho si el conjunto antes aludido no tuviera presuntamente aquellos condicionamientos.
Echar a rodar asuntos como los ligados a la lucha contra la corrupción o las reparaciones de los crímenes del franquismo, como muy bien expone el articulista, se convierte rápidamente en misión imposible, por las cortapisas, presiones y zancadillas de los profesionales del sistema judicial, ciertos jueces o fiscales, por muy buena voluntad que pongan algunos instructores o por mucha fé en la Justicia de algunos testigos: el juez Garzón a manera de muestra de los primeros o el sastre José Tomás, de entre los segundos. Si un juez que tiene la osadía de abordar por primera vez en 70 años lo que debió ser procedimiento rutinario de cualquier juez, una vez ”restablecida la democracia” se ve como consecuencia 1) torpedeado por el Fiscal General del Estado; 2) Procesado por prevaricación ante el Tribunal Supremo, en expediente instruido a instancias de un ‘’sindicato” de extrema derecha y asumido por el propio TS, a lo mejor otra vez se lo piensa con calma. Si un testigo como el sastre de marras tiene el valor de sostener su testimonio en el tema de los trajes de Camps, y a Camps, juzgado por un juez amigo, no le pasa nada y al sastre lo despiden de su empleo (aunque luego los tribunales le dieran la razón) teniendo mayor castigo que el en su día imputado, la consecuencia práctica es obvia: CUALQUIERA TESTIFICA CONTRA UN PODEROSO EN ESTE PAÍS.
Así, señores, es imposible hacer justicia - salvo contra el delincuente menudo. Así es imposible tener un país decente. Alguien nos está condenando a ser lacayos de los de siempre. A lo peor se trataba de eso.
Comentario por MARIO,FRANCO MILITAR...CHAVEZ TAMBIEN
18/08/2009 @ 22:28
LA VERDAD ES QUE ES SORPRENDENTE QUE NADIE SE ATREVA A DECIR CON MAYUSCULAS QUE LAS DICTADURAS MILITARES SON VIOLACIONES.
LA GENTE JUSTIFICA ESA VIOLENCIA PUESTO QUE ALGUIEN TIENE QUE GOBERNAR Y EL VENCEDOR HABRA GANADO PORQUE ES MEJOR, MAS HABIL,MAS INTELIGENTE Y ESTUDIOSO.
LO QUE ES CIERTO QUE EL GRAN LIBERTADOR FRANCO CUANDO GANO LA GUERRA NO CONVOCO ELECCIONES Y VOLVIO A DAR EL PODER AL PUEBLO.
SE QUEDO EN EL PODER Y EL MISMO SE HIZO PODER.
LA CAMARILLA DE VENCEDORES Y POR SUPUESTO UNA ESPECIE DE ELEGIDOS Y MAS APTOS PARA EL PODER DIERON RIENDA SUELTA A SU LIBERTAD.
AL IGUAL QUE SI EN EL PAIS VASCO GANARAN LOS TERRORISTAS LOS BARES SE HARIAN ERRICOTABERNAS Y TODO EL MUNDO LLEVARIA COLETILLA COMO SIMBOLO DE LA VICTORIA SOBRE EL OPRESOR EXTRANJERO.
LA REALIDAD FUE QUE LA DEVASTACION FUE TREMENDA Y LA POBREZA Y BARBARIE CAMPO A SUS ANCHAS.
SE GANO ALGO QUE YA NO SERVIA, ESPAÑA UNIDA DESAPARECIO Y SOLO QUEDO LA ESPAÑA DE LOS VENCEDORES Y DE LA OPRESION Y DE LA DIVISION.
LA VICTORIA LO QUE CONSIGUIO ES LA DERROTA PUESTO QUE FUE UNA VICTORIA SIN ETICA,CON MALOS MODOS Y CON TRAICIONES Y LA MAS GRANDE FUE LA DE FRANCO CORONANDOSE EL MISMO COMO ESPAÑA Y NO DEVOLVIENDOSELA A LOS ESPAÑOLES.
AHORA 70 AÑOS DESPUES ESPAÑA YA NO ES NADA LA DIVISION ES TOTALMENTE EXTREMA Y AUN MAS QUE ANTES DE LA GUERRA.
LAS CIUDADES SON BASTIONES Y FEUDOS POLITICOS,AHORA LAS GUERRAS SON POR LOS VOTOS Y POR CONTROLAR TERRITORIOS Y ZONAS, LO QUE DA LUGAR A MAS DIVISIONES Y AISLAMIENTO,ESE ES EL FUTURO DE españa.
COSA QUE POR CIERTO ME DA IGUAL SINO FUERA PORQUE QUE DEBIDO A ESTAS GUERRAS LA GENTE INOCENTE SIGUE SUFRIENDO.
EN VEZ DE AUNAR ESFUERZOS, CAPACIDAD HUMANA E INTELECTUAL, SE BUSCAN SOLUCIONES RETORCIDAS Y CON CONSECUENCIAS LAMENTABLES.
Y LO MAS SORPRENDENTE ES QUE ESTA DIVISION ESTA INMERSA EN LA PROPIA SOCIEDAD.
TENIENDO ALGO DE CONOCIMIENTO DEL TAXI EXISTE DOS GRUPOS EN MADRID , LA FEDERACION ESPAÑOLA DEL TAXI(VERDE) Y LA GREMIAL DEL TAXI(AZUL Y MAS IMPORTANTE).
EN TEMAS DE ORDENADORES PARA SEMIPROFESIONALES ESTA APP.INFORMATICA CON 450 TIENDAS Y PC BOX(VERDE).
EL MADRID Y EL AT.MADRID Y TANTAS Y TANTA COSAS.
Y TODOS SABEMOS QUE DIABLO VIENE DE DIABOLON,ES DECIR EL QUE DIVIDE,DESUNE,SEPARA Y DIVORCIA LO QUE ANTES ESTABA UNIDO.
EL SEMBRADOR DE CIZAÑA.
ASI PUES NO ME EXTRAÑA QUE NADIE SE ATREVA A DECIR QUE LOS FACHORRETES COMUNISTAS CAMPAN A SUS ANCHAS EN EL VACIO DE SUS VIDAS.