La OCDE que tanta influencia tiene en las políticas económicas de los países miembros muestra bien a las claras lo que ya sabíamos acerca de su naturaleza y deriva ideológica. Con todo, es difícilmente comprensible que un organismo que se tiene por riguroso y solvente pueda apoyar el secreto bancario con el pobre argumento de preservar el valor, el derecho a la privacidad. Vamos que la OCDE apoya el creación y mantenimiento de las condiciones que propician el fraude fiscal.

Es claro, como se dice en el artículo, que el derecho a la privacidad no es, como cabe esperar de un derecho, tenga la condición de “general”. Pues no, algunos se benefician de esa preservación de su privacidad mientras que otros ciudadanos están sometidos a todo lo contrario, es decir, a la máxima transparencia. Esa discriminación genera lo que jurídicamente es tan abominable como es el que haya una forma desigual de tratar una misma situación, dando lugar a situaciones personales y societales privilegiadas. Este tipo de situaciones son impropias de un Estado de Derecho.

El análisis de la crisis hecho por los gobiernos y organismos internacionales con competencia económica ha sido insuficiente y poco riguroso, parecía que había algunas claves en las que había un consenso generalizado. Todos parecían coincidir en la necesidad de someter al capital financiero a un control mayor que el que hoy día soporta. Acuerdo del que inequívocamente se derivaba la necesidad de hacer desaparecer los paraísos fiscales, paraísos perfectamente identificados, pero esa intervención demandaba la desaparición del secreto bancario en el ámbito internacional.

La buena voluntad respecto de poner freno a aquello que había sido determinante de la actual crisis fue puesto de manifiesto en las reuniones del G-20. Ahora bien, tales manifestaciones aparecen ahora como mera retórica habida cuenta de que todo parece seguir como siempre. Se delata así, bien a las claras, la poca credibilidad de lo que ahora aparece como mera retórica. Se trataba de infundir confianza entre una ciudadanía escandalizada por las trágicas consecuencia de la opacidad financiera mundial. No levantar el secreto bancario nos hace comprender la escasa voluntad de llevar a cabo reformas capaces de evitar en lo sucesivo lo que ahora padecemos. El descrédito de quienes lideran políticamente el mundo se confirmaría de no hacerse lo que ellos mismos declararon como una necesidad si de lo que se trataba es de establecer un sistema financiero internacional más seguro, a salvo de la avaricia especulativa. Todo parece indicar que se trataba de operaciones de maquillaje circunstancial, en modo alguno una reforma acordada que acometiera una reforma seria de aquello que ha producido la actual crisis.