Dominio público

Agenda para el progreso de la UE

André Sapir

 

ANDRÉ SAPIR

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La Presidencia española de la Unión Europea (UE) durante el primer semestre de 2010 tendrá lugar en un momento crucial, en el que la UE se enfrentará a decisiones que conformarán su futuro para los próximos años. En el plano institucional, coincidirá con el inicio de la segunda Comisión Barroso y, cabe esperar, con la implantación del Tratado de Lisboa y la introducción de determinadas reformas importantes. En el plano económico, tendrá lugar en un momento en el que la recuperación de la crisis todavía será superficial y en el que deberán tomarse importantes decisiones para asegurar una recuperación firme y sostenible.

El Instituto Bruegel, el think-tank económico con sede en Bruselas al que pertenezco, ha publicado recientemente una serie de propuestas (Memos to the New Commission: Europe’s Economic Priorities 2010- 2015) dirigidas formalmente a cada uno de los nuevos comisarios europeos que iniciarán sus periodos de mandato próximamente. En este artículo se presentan de forma resumida las propuestas dirigidas concretamente al presidente de la Comisión, las cuales redacté personalmente junto a mi colega, Jean Pisani-Ferry, director de Bruegel. Estas iniciativas estratégicas globales que debería abordar la UE se recogen además en un documento más amplio que se está debatiendo en la conferencia para el Progreso Global, organizada por los think-tanks progresistas Fundación Ideas (España) y Center for American Progress (Estados Unidos), que se celebra desde ayer y hasta hoy en Madrid.
En un momento de repliegue al ámbito nacional y de desencanto con la UE, la nueva Comisión Europea deberá luchar por defender reglas aprobadas de mutuo acuerdo, proponer nuevas soluciones, volver a definir el discurso europeo y convertir a la UE en un actor efectivo en el contexto de un mundo que se transforma rápidamente. Si la Comisión tiene éxito, puede hacer que la crisis se convierta en una oportunidad. Si fracasa, la UE puede perder relevancia a nivel mundial.

El conjunto de propuestas elaboradas por el Instituto Bruegel identifica dos temas que deberían ser prioritarios para la Comisión: en primer lugar, buscar un equilibrio entre la urgencia de superar la crisis y una línea firme respecto a los desafíos de la UE a largo plazo. Esto obliga, a nivel interno, a que la Comisión debe plantar cara a las crecientes tensiones económicas y sociales entre estados miembros y, a nivel exterior, debe asegurar que Europa sea un actor consistente y no fragmentado; y en segundo lugar, luchar contra el nacionalismo económico y plantear directamente decisiones críticas a los estados y a los ciudadanos europeos. El riesgo de que se produzca una recaída económica, social y política es simplemente demasiado alto para que una estrategia de perfil bajo por parte de la Comisión resulte aceptable.
Durante los próximos cinco años el presidente de la Comisión se va a enfrentar a los siguientes desafíos que la crisis actual plantea a la UE:

La convergencia entre países emergentes y países desarrollados se acelerará debido a que estos últimos se ven sometidos a una reestructuración financiera, un aumento de la deuda pública, un envejecimiento de la población y un desempleo masivo.
La crisis está cuestionando el modelo de crecimiento que precisa entradas masivas de capital. Los estados miembros que financiaron el actual consumo con ahorro procedente del exterior deberán volver a evaluar los fundamentos de su estrategia económica.

La integridad del mercado único está siendo amenazada, y probablemente lo seguirá estando, por planes estatales de apoyo a determinados sectores durante la crisis.
La crisis ha hecho aflorar la existencia de problemas importantes en el sistema europeo de gobernanza. En el punto cumbre de la crisis financiera, la UE fue capaz de reaccionar, pero esto se ha hecho, principalmente, fuera del marco institucional, lo que pone de manifiesto que la UE no dispone de una capacidad de gestión de crisis integrada.
Hay un riesgo de que la crisis ponga en tela de juicio la propia legitimidad de la UE. Una reacción contra la liberalización puede provocar una reacción en contra de los cimientos mismos de la integración económica europea, esto es, del mercado único.

Para los estados miembros más grandes, la coordinación en el G-20 podría llegar a sustituir a la coordinación a nivel de la UE, dado que esta sólo es un actor global parcialmente eficaz, debido a su comportamiento de "poder fragmentado".
Por todo ello, el presidente de la nueva Comisión Europea debería tomar la iniciativa y proponer que se defina y se aplique, en los próximos cinco años, un paquete de recuperación económica consistente en un programa para restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas; un programa de recuperación para los nuevos estados miembros y para la ampliación de la zona euro; un plan para salir de las medidas excepcionales acometidas para afrontar la crisis; y un programa europeo de crecimiento y empleo.
Existe una dimensión en la que el presidente debería concentrarse especialmente para la gestión de la crisis: lograr un mayor grado de coordinación de las políticas. El presidente debería insistir en que, si bien los estados miembros siguen siendo responsables de proporcionar ayuda financiera, es necesaria una solución común a los problemas del sector bancario europeo.

El nuevo Programa Europeo de Crecimiento y Empleo, sucesor de la Estrategia de Lisboa, deberá seguir fomentando un mercado único competitivo, unos mercados financieros catalizadores para la I+D+i, una educación superior y un crecimiento verde.

Una dificultad importante para llevar adelante este nuevo programa es que no se dispondrá de nuevos fondos en los que apoyarse, ya que las finanzas de los gobiernos nacionales no dan mucho más de sí. Por tanto, otra de las iniciativas que deberá acometer urgentemente la nueva Comisión es proponer una revisión del presupuesto de la UE que entre en vigor en 2011.
Por último, aunque la agenda global debería ser una de las prioridades del nuevo presidente durante los próximos meses y años, no debería llevarlo a olvidar que Europa también tiene responsabilidades regionales cruciales.

André Sapir  catedrático de Economía en la Universidad Libre de Bruselas.

Ilustración de Patrick Thomas

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