Dominio público

 JULIO ANGUITA

El 10 de diciembre de 1948, en el palacio Chaillot de París, tuvo lugar la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH). Es un documento poco leído, escasamente difundido y desde luego apenas meditado y reflexionado. Entre las recomendaciones que acompañaron a su aprobación figuraba con especial énfasis el que se leyera en todas las escuelas y centros de enseñanza del mundo entero. ¿Se hace en España?
Los contenidos de la Carta adquirieron condición de obligado cumplimiento para los países signatarios de los tres Pactos que en 1966 la desarrollaban y ampliaban. En la actualidad son prácticamente todos los estados que se han obligado a desarrollarlos e incluso incorporarlos a sus textos constitucionales. Entraron en vigor en el reino de España el 27 de julio de 1977.

Los DDHH son víctimas del fuego cruzado de dos lecturas que se hacen de los mismos: la que se limita a declamar, más que aplicar y exigir, los contenidos políticos y de libertades, y la que considera con notoria ofuscación que dicha Declaración es una iniciativa burguesa y, por ende, rechazable desde la izquierda auténtica. Unos la mutilan a la hora de comentarla y los otros no han reparado todavía en su capacidad potencial para producir procesos de cambio social.
Sé perfectamente que un documento, texto o programa son papeles mojados si se carece de una fuerza democrática y movilizada permanentemente que lo haga cumplir y lo cumpla. Y de eso se trata. ¿Cuáles son las características de la Declaración y los contenidos del Preámbulo junto con los 30 artículos que la componen? Voy a reparar solamente en aquellos que en esta hora de crisis de sobreproducción del capitalismo hacen referencia a los problemas que están sufriendo de manera lacerante los trabajadores y asalariados en general.

Desde el derecho al trabajo de toda persona hasta el de las vacaciones periódicas pagadas, pasando por el de una remuneración equitativa, el de igual salario por trabajo igual, “el de protección social y el de la protección contra el desempleo”, la Declaración es hoy, en este momento, la confirmación de su oportunidad, actualidad y necesidad. Y además, ¿hay alguien que se oponga abiertamente a estos derechos?

El que esta Declaración tenga un respaldo prácticamente planetario la convierte en un texto que consagra la ciudadanía universal. Por eso cuando en el artículo 28 se dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos, se está sentando el fundamento de la jurisdicción universal; algo que al desorden jurídico, nacional y mundial, le pone de los nervios. El consenso universal en torno a los DDHH –aunque sea puramente retórico– les dota de una legitimidad que genera autoridad moral.

Decía Adolfo Sánchez Vázquez que un hecho revolucionario no es necesariamente un acontecimiento que aparente y súbitamente cambie el poder político, sino más bien toda aquella acción, propuesta o alianza programática que tiene la virtud de desencadenar procesos de cuarteamiento y descomposición del sistema vigente en cada momento, y de manera simultánea ir creando la nueva sociedad con sus nuevos valores. La revolución es también y fundamentalmente el cambio personal y social hacia el hombre nuevo; es el proceso que el profesor Alsó ha denominado como sociedad paralela. ¿Creen los lectores que el sistema capitalista –y en esta precisa coyuntura además– puede asumir un orden económico y social en el que el paro esté erradicado y la ciudadanía mundial tenga asegurados los contenidos de la Declaración de DDHH? La respuesta es rotunda: el capitalismo, en sus variadas y múltiples encarnaciones, es totalmente incompatible con los DDHH, los sociales y también los políticos.
Si el objetivo universal es la consecución de los contenidos de la Declaración, se infiere algo que trastoca la filosofía al uso: la economía –y en concreto aquella que se sustenta en el mercado capitalista, la competitividad y el crecimiento sostenido– deja de ser una ciencia pretendidamente finalista en sí misma y pasa a ser una ciencia instrumental al servicio de un orden planetario socialmente justo, ecológicamente concebido y políticamente democrático en el sentido más radical del término.

Los que nos declaramos comunistas marxistas debemos tener presente que nuestra utopía es una cosmovisión, una pulsión que nos impulsa a buscar con otros y otras un mundo sin explotación, sin alienación y de plena centralidad humana. ¿No serían los DDHH esa plataforma en la que podemos encontrarnos? ¿No sería también materia de alianza la incorporación a la solemne Declaración de los Derechos Medioambientales? ¿No sería oportuno también en esa conjunción internacional hacer que la ONU se sitúe en su concepción, organización y funcionamiento a la altura de la Carta que originó? ¿No sería esta la materia de un nuevo internacionalismo?
Lo que no se puede hacer desde la izquierda es quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, que diría Vicente Aleixandre. Por supuesto que tampoco es admisible disfrazar la indigencia ideológica o la pérdida de identidad acogiéndose bajo el manto sagrado de la modernidad con pedigrí a lo Wall Street.

Tener fuertes convicciones no sirve si estas no se explicitan mediante el ejemplo en la cotidianeidad y el ejercicio político de inducir –desde lo particular, concreto y asequible a todos y todas– la creación de fuerza solidaria, organizada y mayoritaria capaz de dirigir la marcha hacia un mundo nuevo. También necesitamos la mayéutica a lo Sócrates.

Julio Anguita es ex coordinador general de IU.

Ilustración de Javier Jaén