Dominio público

Opinión a fondo

El futuro de la política venezolana en manos indígenas

09 Feb 2016
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Luis Fernando Angosto Ferrández
Departamento de Estudios Latinoamericanos y Antropología de la Universidad de Sidney. Autor del libro ‘Venezuela reframed: Bolivarianism, indigenous peoples and socialisms of the twenty-first century’, Zed Books, 2015

Como cabía esperar tras la victoria del bloque opositor en las elecciones parlamentarias de diciembre, el Ejecutivo y el Legislativo se han enzarzado en una batalla que determinará el futuro del socialismo del siglo XXI en Venezuela. La nueva Asamblea Nacional genera una presión extrema sobre el presidente Maduro. Dominada por la oposición con una mayoría cualificada de dos terceras partes, no ha tardado en tomar la ofensiva con iniciativas conducentes a socavar la esencia del proyecto chavista y a dividir a sus simpatizantes – la propuesta de otorgar títulos de propiedad privada transferible a los beneficiarios de la misión vivienda es un ejemplo ilustrador. También dejó claro que entorpecerá cualquier iniciativa del Ejecutivo, intentando debilitarlo en preparación del referéndum revocatorio que podría poner fin al gobierno de Maduro a mitad de año. A pesar de que el alivio de la crisis económica en el país requeriría colaboración fluida entre Ejecutivo y Legislativo, los objetivos políticos de los bloques en pugna alejan esa posibilidad.

Las cartas están sobre la mesa: esta Asamblea utilizará su mayoría cualificada para legislar en contra de las orientaciones gubernamentales de los últimos años y para bloquear cualquier iniciativa que pudiese dar campo de maniobra al Ejecutivo. Por su parte, el gobierno no olvida que la base chavista es sólida – a pesar de la crisis, más del 40% de votantes apoyaron a candidatos chavistas. En este escenario, el gobierno tiene una carta bajo la manga para intentar recomponer sus apoyos políticos: un pequeño reajuste en la distribución de escaños en la Asamblea haría perder a la oposición la mayoría cualificada de dos tercios que le otorga al Legislativo poderes no negociables. El gobierno sabe que sin esa mayoría la capacidad de ataque de la oposición no desaparecería, pero quedaría sustancialmente debilitada. Para que esto sucediese, bastaría con que 3 diputados abandonasen la bancada opositora. Y, conocedor de la frágil cohesión interna del bloque opositor, el chavismo tiene sus esperanzas depositadas en esta posibilidad.

Sorprendentemente, el desenlace de esta trama puede depender de tres indígenas: los diputados que ocupan los escaños constitucionalmente garantizados a los representantes indígenas en la Asamblea Nacional. Sin ellos, la oposición perdería mayoría cualificada de dos tercios. Y en Venezuela muchos se preguntan cómo puede ser que organizaciones indígenas estén apoyando al bloque político opositor, dominado por fuerzas neoliberales y por dirigentes de grupos que en 1999 se opusieron al reconocimiento de derechos indígenas en la constitución.

La situación no deja de ser paradójica. La inusitada importancia que estos políticos indígenas han adquirido en Venezuela es expresión de la exitosa inclusión de la población indígena que el proceso bolivariano facilitó en el país –  a pesar de que dicha importancia se pueda convertir ahora en fuente de su declive. Fue la constitución de 1999, básicamente formulada por fuerzas bolivarianas, la que sancionó el derecho a la representación mínima garantizada para los indígenas. Y el actual grado de confianza de dichos representantes en la política nacional ha sido fundamentalmente consolidado por la emergencia del movimiento bolivariano, que desde sus inicios facilitó una sistemática revalorización de las contribuciones indígenas a la identidad nacional – traducida en hitos simbólicos como la inclusión en el Panteón Nacional de un altar dedicado a Guaicaipuro, símbolo de la lucha indígena contra la colonización, o en la declaración del 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Esta revalorización positiva ha tenido múltiples expresiones tangibles en la vida pública nacional, incluyendo el significativo incremento de un 40 por ciento en las auto-identificaciones indígenas en los censos nacionales entre 2001 y 2011 (la población indígena en el país suma hoy el 2,8 por ciento del total nacional).

La actual situación en Venezuela es reveladora de un rompecabezas más amplio en la política Latinoamericana. Hoy es imposible situar las luchas indígenas en el tablero político tradicional que separa izquierda y derecha. El paisaje del activismo indígena es plural y fragmentado, como también lo son las condiciones socioeconómicas y los horizontes políticos que persigue la población indígena en el continente. En Venezuela, pero también en países como Ecuador y Bolivia, ha habido en los últimos años fuerte movilización indígena en apoyo de gobiernos progresistas, pero también oposición indígena organizada frente a los mismos. Las causas de estas confrontaciones varían de país a país y no es posible generalizar, pero el caso venezolano es ilustrativo. Las organizaciones que están detrás de los recientemente elegidos parlamentarios indígenas persiguen derechos en consonancia con los intereses políticos delineados por el bloque opositor, dominado por fuerzas neoliberales.

Un conocido eslogan chavista proclama el socialismo Indoamericano como guía política; no deberíamos sorprendernos si ahora emerge entre la oposición un eslogan reclamando el capitalismo Indoamericano como objetivo de desarrollo nacional.

Desde las filas chavistas se criticó el posicionamiento de esas organizaciones como una traición inconcebible, y José Poyo, líder histórico del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) y miembro del PSUV se apresuró a publicar un artículo titulado ‘El chavismo ganó en comunidades indígenas’. En paralelo, representantes de otras organizaciones indígenas alineadas con el chavismo presentaron públicamente a Maduro una propuesta para reformar la legislación que regula la elección de los parlamentarios indígenas. Plantean establecer un censo electoral sólo para indígenas, algo que el Bolivarianismo tuvo posibilidad de consumar cuando controlaba la cámara legislativa y no hizo.


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