Dominio público

Opinión a fondo

Un acuerdo para el desacuerdo educativo

06 Mar 2016
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Isabel Galvin
Secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO

A primera vista suena bien: Un pacto para la educación es el título del acuerdo firmado por el PSOE y Ciudadanos. Pero después de una lectura atenta, no tanto. Se plantean una sucesión de medidas aparentemente elegidas según el gusto o las prioridades políticas de los firmantes —sin contexto, sin memoria económica y sin referencia alguna a la situación de emergencia educativa que vive nuestro país tras los recortes y la aplicación de la LOMCE y otras contrarreformas.

Se trata de una relación de propuestas destinadas a la educación no universitaria y a la universidad. La apuesta principal consiste en un pacto social y político planteado en modo genérico —¿quién puede decir que no está a favor?— pero sin mencionar cómo ni con quién se tejerá el tan ansiado pacto, aunque podamos adivinar el cómo cuando afirma que se quiere alcanzar en un plazo de seis meses.

A pesar de lo anunciado en campaña y de los compromisos adquiridos en la oposición, se descarta derogar la LOMCE. No es un simple matiz o una cuestión semántica. ‘Paralizar’ la LOMCE supone mantener los efectos más lesivos de la ley: la aplicación completa en las etapas de los currículos en los que desaparecen asignaturas como filosofía o música; la religión como materia evaluable; la especialización de centros; la legalización de la cesión de suelo público a empresas privadas y la financiación de la segregación educativa por sexos; la desaparición de las medidas de atención a la diversidad; la segregación temprana en dos itinerarios al finalizar 3º de ESO (uno para continuar en la Educación Secundaria Obligatoria y otro para cursar la Formación Profesional Básica); la pervivencia del funcionamiento antidemocrático de los centros al mantener sin voz y sin capacidad de participación a familias, alumnado y profesorado; y así, un largo etcétera. En la práctica, paralizar la LOMCE supone, con suerte, tener en suspenso la aplicación de las reválidas.

Sin referencia alguna al contexto, se vuelve a caer en el error ya tantas veces señalado de hacer propuestas desde las obsesiones partidistas que no responden a la realidad del sistema educativo ni a sus necesidades. Ni una mención a la participación de la comunidad educativa, de sus organizaciones representativas. A modo de ejemplo, la única medida prevista para el profesorado no se propone objetivo alguno respecto del empleo. Los datos oficiales muestran que se han perdido en torno a 35.000 puestos docentes en todo el estado. Al parecer, los firmantes del acuerdo no consideran relevante recuperar estos empleos. Tampoco aparece el compromiso de derogar los llamados decretos de recortes de Rajoy. Este ‘olvido’ supone descartar el descenso de las ratios de alumnado en las aulas, la sustitución inmediata del profesorado cuando enferma, o la recuperación de medidas de atención a la diversidad como desdobles, apoyos y refuerzos, entre otras.

De hecho, los estatutos docentes, sin derogar la LOMCE, los decretos de recortes y las contrarreformas universitarias, son simplemente una profundización de la Reforma Laboral —que, al parecer y por cierto, tampoco se va a derogar—, aplicada al sector de la educación pública universitaria y no universitaria.

Inquieta que en un contexto de recortes y sin compromiso de revertirlos, se proponga cambiar el modelo de acceso a la función pública docente, de modo que en un futuro muy próximo sea un sistema similar al de la sanidad MIR. Propuesta que se convierte en casi una consigna y que en el contexto actual parece destinada a profundizar en la reconversión de las plantillas, a seguir con el ERE encubierto que ha sufrido la enseñanza pública y a dar continuidad a la precarización del empleo educativo. Es decir, a que sea una medida de ahorro más dentro de las políticas de austeridad.

La mayoría de las propuestas asumen el modelo de la LOMCE y la visión conservadora y neoliberal de la educación. Así es para los ciclos formativos de grado medio : ni se menciona la necesidad de impulsar el diálogo social y el Consejo de la FP para desarrollar un sistema que esté al servicio de los intereses de los empresarios y para que la FP se convierta en una fábrica productora de mano de obra poco cualificada para empleos con escasos derechos y bajas retribuciones de escaso valor añadido.

Por otro lado, el bilingüismo y el trilingüismo se asumen como única opción para el aprendizaje de lenguas extranjeras (inglés). Concepción exótica si se compara con la realidad de otros países de nuestro entorno, y muy cuestionada por carecer de base pedagógica y por fomentar la exclusión, la desigualdad y los desequilibrios. Se opta por el marketing político y no porque toda la ciudadanía alcance la competencia lingüística necesaria al menos en una segunda lengua extranjera.

En la misma línea de medidas para titulares de prensa, se propone universalizar la educación entre los 0 y los 3 años. Es una propuesta que parece hecha para contrarrestar la falta de apuesta por la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal del documento. Una vez más el texto no aborda el fondo, se olvida que la Educación Infantil es una etapa educativa que supone la base de la educación. Obvia que lo que se necesitan son escuelas infantiles de 0 a 6 años de gestión pública y directa, y no establecimientos para 0 a 3 años acogidos a conciertos con las administraciones donde dejar a los niños y a las niñas mientras se fomentan jornadas extenuantes para las trabajadoras y los trabajadores.

La empresa y el mercado, porque a eso se reduce la sociedad el documento, también están muy presentes en las medidas dedicadas a la Universidad. En ellas se vincula la financiación a resultados de investigación y a empleabilidad. Ni el PP se ha atrevido a poner esa propuesta en negro sobre blanco. ¿Qué pasará con las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales? ¿Cuál será el destino de aquellas disciplinas que no tiene una ‘utilidad’ inmediata e instrumental en el campo de la producción factorial? ¿Qué ha de pasar, pues, con todo aquello que impulsa al pensamiento libre y divergente? Parece que está abocada a ser excluida de esa financiación que, además, no está concretada y asume, en general, los modelos de gobernanza neoliberales.

La ‘paralización’, de entrada, se otorga seis meses para alcanzar el mítico pacto educativo que no hemos alcanzado en 40 años. Esta intención, junto con las propuestas que se presentan nos permiten anticipar que los firmantes imaginan un pacto muy mediático para la continuidad de muchos contenidos de la LOMCE y el mantenimiento de las grandes líneas de las políticas educativas del PP. De hecho, algunas medidas del documento dan cuenta de esta intención y es preocupante la llamativa ausencia de alternativas ‘reformistas y de progreso’ en materia educativa. Dicho de otra manera, el acuerdo significa avalar la absoluta hegemonía conseguida por el PP en el discurso educativo.

No encontramos una sola propuesta sobre abandono temprano, fracaso escolar, repetidores y la creciente desigualdad, todas ellas grandes señas de identidad de nuestro sistema educativo establecido en la LOMCE.  Mientras, se incorporan los grandes mantras de los modeles educativos de la derecha educativa como autonomía, flexibilidad y especialización de centros, el espíritu emprendedor, la ‘excelencia’, el control vinculado a los planes de convivencia o el propio MIR como modelo de acceso del profesorado, no hay rastro de algo que evoque el cambio o la transformación educativa. No hay nada que se nos recuerde al progresismo educativo vapuleado por el PP y por sus sectores ideológicos afines.

Entre mucha neolengua no es casual el escaso uso de palabra “pública”. Evidencia que no se cuestiona la privatización de la educación y la mercantilización de la Universidad agudizadas estos últimos años al amparo y con la escusa de la crisis. No hay intención alguna de reforzar la educación pública, víctima fundamental de los recortes y de las políticas neoconservadoras.

Se desiste de articular la oferta educativa desde la dimensión pública como garante de los derechos fundamentales, así como de las políticas de igualdad de oportunidades como instrumento de corrección de la desigualdad en la que tanto se ha ahondado. La mención a las becas se convierte en un brindis al sol, puesto que si no se deroga el artículo 135 de la Constitución, todo está supeditado al tan traído y llevado pago de la deuda, así como al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales… y la deuda no entiende de acuerdos educativos… y los compromisos internacionales nos llevarán  al 3,7 por ciento de gasto educativo en los próximos años que, al parecer, solo permiten medidas cosméticas alejadas de la realidad educativa que dejan fuera a las personas que conforman la comunidad educativa.

En definitiva, unos ejes predeterminados por las prioridades partidistas para mantener las políticas de austeridad y una política educativa continuista, y acuerdos que se firman en los despachos, sin consenso y sin consultas. Un acuerdo con el desacuerdo de la comunidad educativa. Un acuerdo, en suma, para el desacuerdo.


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