Dominio público

Opinión a fondo

Educación, prevención y elección. Por los derechos sexuales y reproductivos

05 mar 2016
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Clara Serra
Responsable estatal de Igualdad en Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid

Educación sexual para  elegir. Anticonceptivos para prevenir. Aborto legal para no morir. Son frases que pueden escucharse en las manifestaciones y pueden verse escritas en las paredes de nuestras ciudades, frases que ilustran tres cuestiones que definen qué podría ser una buena política en materia de salud sexual y reproductiva. Quienes las hemos gritado en las calles llegamos ahora a las instituciones para comprobar lo que ya sabíamos, que las actuales políticas públicas no apuestan por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos ni por el respeto a la libre decisión de las mujeres.

Esta comprobación la hacemos, además, en un contexto de crisis y de recortes que han agravado las condiciones del acceso a los derechos sexuales y reproductivos. En estas condiciones, uno de cuyos efectos es la escasísima formación y educación sexual que se da a los y las jóvenes, nos encontramos, por ejemplo, con un descenso pronunciado en la edad media de los embarazos no deseados. Cada vez son más las mujeres entre 13 y 16 años que se encuentran en esa situación, mujeres jóvenes que están sufriendo las consecuencias de una reforma legislativa que ha dificultado para ellas el acceso al aborto y las ha dejado más indefensas que nunca. Por otro lado, el último informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual publicado por la Dirección General de Salud Pública dibuja un panorama que es, cuanto menos, preocupante. Si desde finales de los 90 y hasta mediados de la primera década de este siglo, las tasas de casos declarados de ETS se mantenían más o menos constantes, desde 2007-2008 las tasas se duplican y crecen de manera alarmante.

Numerosas opiniones explican estas transformaciones responsabilizando a los y las jóvenes de prácticas sexuales descuidadas, de haber abandonado el miedo al VIH. Sin embargo, se trata de un fenómeno más complejo. Si observamos como las tasas de infección se han multiplicado durante la época de crisis, esto nos obliga a mirar también a dos fenómenos: los recortes en los servicios públicos (especialmente en sanidad y educación) y la degradación de las condiciones de vida de la población española.

Es necesario asumir lo este escenario constata: las políticas públicas a este nivel están fallando. Faltan políticas efectivas de educación sexual y los recortes en la sanidad pública están teniendo efectos evidentes. Además, el tratamiento de las ETS sigue siendo mucho más caro para las arcas públicas que las políticas de información y prevención que tuvieron impactos positivos hace años.

En muchas ocasiones se ha derivado la responsabilidad de la información, la formación y la asesoría a colectivos sociales y ongs. Una responsabilidad que no puede ser responsabilidad exclusiva del tercer sector, y podemos señalar dos razones para ello: la primera que es necesario que la educación sexual forme parte del sistema educativo, esa es la mejor garantía para que las y los jóvenes tengan conocimientos que les permitan elegir de forma libre y consciente sobre su sexualidad y puedan protegerse de los riesgos. La segunda es que, al mismo tiempo que a estas entidades se les trasladan responsabilidades de esta importancia, se les han retirado las subvenciones que permitían desarrollar esta tarea.

Ante este contexto, lo primero que nos encontramos es que el gobierno del PP guardó bajo llave en un cajón la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elaborada en 2011. Pero en la Comunidad de Madrid, además, el mismo partido ha profundizado en su dejadez y en su política de reducir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Si bien la ley 2/2010 dice que los anticonceptivos de última generación deben formar parte de la cartera de servicios comunes de la sanidad pública, en la Comunidad de Madrid nos encontramos con una política de mínimos a la hora de garantizar el acceso. Los DIUS no están financiados, el parche no está financiado y el anillo tampoco lo está. Los anticonceptivos orales sólo se financian en parte y los orales androgénicos han desaparecido de la sanidad pública. Esto es especialmente grave porque son los más necesarios ya que no solo se usan y se necesitan como anticonceptivos sino también por razones terapéuticas. Un 30% de mujeres jóvenes tiene que tomar por razones médicas estos anticonceptivos, qué ha hecho la Comunidad de Madrid, negar la cobertura a esas mujeres que lo necesitan para atender a diferentes patologías, es decir, negar el acceso a medicamentos necesarios.

Esta política sanitaria de mínimos desoye las recomendaciones de organismos internacionales. La OMS advierte a España de que para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y la salud de las mujeres, es imprescindible prescribir la píldora contraceptiva (o píldora del día después) en los centros públicos de salud. Una píldora que cuesta 20 euros en farmacias, aunque su coste es de 6,5 euros comprada a los laboratorios. Como ocurre con otros anticonceptivos se trata de medicamentos caros, que no están, por tanto, al alcance de todas las personas y, muy en especial, al alcance de las personas jóvenes. Naciones Unidas lleva 15 años haciendo recomendaciones para acabar con las desigualdades que las mujeres sufren en el acceso a los anticonceptivos. Hay mujeres jóvenes para las que disponer de 20 euros es un problema, más aún cuando la píldora del día después se trata de un medicamento que debe ser tomado y, por tanto, comprado cuanto antes dado que pierde efectividad a medida que pasan las horas.

Frente a una política de recortes, de ineficiencia, de negación de derechos, es necesario desarrollar un conjunto de políticas públicas que garanticen estos derechos y profundicen en la igualdad. Entre ellas proponemos: llevar a cabo y desarrollar en las Comunidades Autónomas lo indicado en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, financiar en la sanidad pública todos los métodos anticonceptivos usados por las mujeres, por supuesto los anticonceptivos de última generación (volviendo a financiar los más seguros y fiables que se retiraron de la financiación en 2013), incluir en el curriculum del sistema educativo la educación afectivo-sexual y reproductiva, derogar el Real Decreto 16/2012 para evitar discriminaciones por situaciones administrativas y mejorar el acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar (con especial atención a colectivos vulnerables).


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