Juan Ribó Chalmeta
Politólogo especializado en observación de procesos electorales, adjunto a la Experta en Medios de Comunicación de la Misión de Observación Electoral de la OSCE en España 20-D 2015

La Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos (ODIHR en su sigla inglesa), de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), acaba de hacer público su Informe Final sobre las pasadas elecciones generales en España. Durante casi dos semanas (del 7 al 23 de diciembre de 2015), la Misión de Observación Electoral OSCE/ODIHR se entrevistó con autoridades gubernamentales y de la Administración, así como con partidos políticos, medios de prensa y otros agentes de la sociedad civil. Su Informe Final lo componen 26 páginas con 23 recomendaciones para la mejora de nuestros procesos electorales futuros, sugiriendo ora innovaciones urgentes, ora adecuaciones o retoques legislativos, ora simplemente respetar legislación nacional e internacional hard law (de cumplimiento obligatorio) y soft law (no vinculante), que España ya ha ratificado en el pasado.

Como es sabido, la OSCE es una pequeña ONU del hemisferio norte, con sede en Viena y 57 estados miembros ("de Vancouver hasta Vladivostok", reza su divisa no escrita), teniendo entre sus tres principales áreas de actuación la esfera político-militar, la económico-medioambiental, y, finalmente, la "dimensión humana", donde se encuadran el respeto por los Derechos Humanos y los valores democráticos. Es dentro de este último marco donde la OSCE/ODIHR acaba de celebrar su 300ª misión de observación electoral, desde que en los años 90 se dotara de una metodología propia, luego copiada incluso por la Unión Europea: su reciente misión electoral española posiblemente sea la 301ª de la organización.

¿Cuántos de nosotros recordamos que la OSCE ya nos observó durante las pasadas generales de 2011, dirigiendo recomendaciones al Gobierno entonces entrante? Florentina por lo diplomática, discreta hasta casi su desconocimiento, y sin sonrojar casi nunca a ningún estado miembro (excepto en casos flagrantes, aunque siempre con la boca pequeña: a Rusia sobre Crimea, a Azerbaiyán por el trato a periodistas y defensores de Derechos Humanos, a otras repúblicas centroasiáticas por lo mismo, o más recientemente, a Turquía por el caso Zaman), el Informe Final sobre España nos asegura hoy en su prefacio que la OSCE/ODIHR vino a observar el 20-D "a instancias de la Representación Permanente de España ante la OSCE" (una convención diplomática: ¿acaso podía España oponerse a ser observada internacionalmente, sin perder credibilidad?). Tras algunas generalidades encomiásticas ("las elecciones se celebraron de manera profesional, eficiente y en general transparente"), la OSCE seguidamente se arriesga y describe el ambiente tenso que envolvió al 20-D ("crisis económica, oposición a las medidas de austeridad, escándalos de corrupción y retórica proindependentista en ascenso en Catalunya"), recalcando el carácter histórico de las pasadas elecciones ("fin del bipartidismo").

Entre las 23 recomendaciones de este Informe Final fechado en Varsovia, sede de la ODIHR, a 26 de febrero de 2016, destacamos estas siete, por orden de importancia atribuida por la propia OSCE:

1) "España debería asegurar el pleno disfrute de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica, limitándolos de manera proporcional y mínima, de acuerdo a normas internacionales", señalando claramente varias veces a la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (2015),vulgo Mordaza, en lo que tiene de autocensura periodística, de elemento disuasivo de manifestaciones, y artefacto de muy laxa prerrogativa policial en su interpretación y aplicación. Igualmente, la OSCE aconseja despenalizar los casos de difamación(nuestras injurias y calumnias del Código Penal, también la lesa majestad: casos César Strawberry de Def con Dos, y Guillermo Zapata, entre otros, sin nombrarlos), pues esto iría contra la buena praxis internacional (Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Observación general nº 34/2011, que aboga por que las leyes de difamación sean justas y proporcionales, libres de manipulación por gente poderosa). El Informe recuerda también que la Representante de la OSCE para la Libertad de Prensa, Dunja Mijatovi?, ya llamó la atención a España en 2014 por un conocido caso de acoso e intimidación policial a periodistas tras las Marchas de la Dignidad de aquel año.

2) "La igualdad del voto debe ser respetada, de acuerdo con la propia Constitución Española (art. 68.1), compromisos de la OSCE (Documento de Copenhague, 1990, epígrafe 7.3), demás normas y obligaciones internacionales y la buena praxis internacional": efectivamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, votar en Madrid, La Coruña, Valencia y Barcelona cuesta muchos votos por escaño, mientras que Teruel, Soria, Segovia, La Gomera y El Hierro estarían sobrerrepresentadas. Según la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa desde 1990,la distribución de escaños debería ser actualizada cada diez años, preferiblemente fuera de períodos electorales.

3) los defectos del voto por correo deben ser subsanados, asegurando que todos los votantes, dentro y fuera de España, gocen de iguales oportunidades de votar;

4) las donaciones a partidos políticos y a campañas electorales vía fundaciones y otras asociaciones deben estar limitadas, y el Tribunal de Cuentas, cuya politización denuncia la OSCE por boca de otros interlocutores, debe aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias;

5) debiendo por su parte los partidos políticos publicar sus estados financieros en los tiempos que marca la ley, y acompañados de toda la claridad y documentos de apoyo que requiere su escrutinio público.

6) la elección del presidente y los consejeros de RTVE debe volver a la situación anterior al decreto de 2012, mediante el cual el PP se aseguró el control del ente público, "debiendo quedar libre ahora de toda interferencia política, asegurando estándares de profesionalidad, mérito y estricta independencia editorial". La OSCE lamenta igualmente que se le negara de forma poco convincente una entrevista con el Director de los Servicios Informativos de TVE, José A. Álvarez Gundín, para contrastar esta información;

7) por último, la OSCE desliza la oportunidad de crear un Consejo Audiovisual Nacional (como el OFCOM británico, o el Conseil Supérieur de L’audiovisuel francés, sin nombrarlos) que asegure la transparencia y el pluralismo en los medios de comunicación, que tramite licencias que no dependan de ministros de turno, haga seguimiento cualitativo de los mass media, sobre todo en campaña electoral, y que resuelva quejas y denuncias (la OSCE denuncia lo oneroso y arbitrario del actual sistema de denuncias en materia electoral, recomendación nº 18); en este sentido, la OSCE se hace eco de la denuncia presentada por el PSOE contra Presidencia del Gobierno por hacer uso de su página web para anunciar los supuestos logros de la legislatura del PP ("legislatura de la recuperación"), en contra del artículo 50.2 de la Ley Electoral: "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos..."; asimismo, la OSCE lamenta la utilización partidista en un tuit del Ministerio del Interior, el propio 20-D, de la imagen de Adolfo Suárez votando, junto a otra de Mariano Rajoy de la misma guisa, hechos lamentables que, si bien fueron resueltos o criticados a tiempo, muy bien podían haber pasado desapercibidos también. Finalmente, la OSCE deplora que la actual crisis económica en el sector de la prensa redunde en merma de la calidad, credibilidad e independencia de grandes cabeceras nacionales como El País y El Mundo(caso Bárcenas/Pedro J. Ramírez; caso despido Miguel A. Aguilar de El País, tras hacerse eco de las críticas a la libertad de prensa en España por grandes medios internacionales como The New York Times o el International Press Institute de Viena).

Por si todo lo anterior no fuera suficientemente contundente, otras recomendaciones OSCE no por repetidas son menos interesantes: así, con las papeletas a la vista de todos, en nuestros colegios electorales, muchas veces fuera de las cabinas, ¿se está respetando en España el secreto del voto?, se pregunta la ODIHR (recomendación nº 21, según Documento de Copenhague, 1990, epígrafe 7.4, y Constitución Española, art. 68 y 69); igualmente, la OSCE anima a España a facilitar la observación electoral tanto nacional como internacional (recomendación nº 20), en línea con el Documento de Copenhague, 1990, epígrafe 8, pues ello "mejora los procesos electorales de nuestros estados miembros". Queda ahora que España respete el epígrafe 24 del Documento de Estambul, 1999, donde los estados miembros de la OSCE se comprometieron a "aplicar de forma célere la asesoría electoral de laODIHR y sus recomendaciones".

¿Volverá España a mirar para otro lado, también con el próximo Gobierno?