Dominio público

El Gobierno del cambio: la cancha está trazada

Txema Guijarro

Diputado de Podemos por Valencia

Txema Guijarro
Diputado de Podemos por Valencia

Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se empeñó en demostrar que la aritmética parlamentaria no da para un Gobierno progresista, y que, por lo tanto, es necesario practicar un "mestizaje ideológico" que ensanche la base de un futuro gobierno, a derecha y a izquierda.

Este intento por estirar el arco de apoyos, con el PSOE en el centro, no deja de ser legítimo y hasta entendible desde la posición que ocupa los socialistas en el tablero político español. Sin embargo, aquella expresión pronunciada —no con poca vergüenza— por Sánchez, "mestizaje ideológico", sonó como un aldabonazo en el hemiciclo; como el intento más propiamente ideológico por encubrir una voluntad no confesa de continuar por la senda 'austericida' marcada desde Bruselas. Y hay intento de encubrir porque el PSOE sabe que el programa pactado con C´s es, sencillamente, una claudicación a la política de ajustes,y por tanto, contiene un programa social, o bien ridículo (de una subida inicial del SMI de 5%... a dejarlo en 1% —es decir, congelado—), o bien imposible de implementar (impulsar la Ley de Dependencia sin explicar de dónde saldrían los fondos). Es decir, tal "mestizaje" se convierte en la nueva expresión de aquella vieja fórmula tan empleada por la cúpula socialista, que consiste en descafeinar toda promesa electoral, y llevarla a la mínima expresión posible, cuando no a su contrario.

Antes este panorama, resulta tentador pensar en la posibilidad de permitir un gobierno PSOE-C´s, a la espera de que sus propias contradicciones programáticas terminen por desgastar a ambos en el ejercicio del poder. Más cuando es sabido que se prepara en Europa un nuevo paquete de ajustes leoninos, que sería obedientemente aplicado en España por un gobierno PSOE-C´s. Ciertamente, esta posición tacticista de dejar hacer bien podría beneficiar a Podemos en el medio plazo, en la medida en que el fracaso anunciado de la coalición PSOE-C´s dejaría a aquel partido como la gran alternativa de progreso sobre la mesa. Sin embargo, este escenario también beneficiaría al PP, y a la larga, supondría perder una oportunidad histórica para afrontar aquellos problemas que nuestro país no puede seguir postergando.

Dejar pasar esta oportunidad resultaría imperdonable. En primer lugar, porque aquellos sectores sociales que han soportado y padecido el peso de la ya larga crisis de estos últimos años están materialmente agotados. En este sentido, una nueva vuelta de tuerca en las políticas de ajuste terminaría por asfixiar a un buen número de familias que, o bien llevan tiempo asomándose peligrosamente al abismo de la pobreza y la exclusión social, o bien ya están en caída libre.

Pero resultaría también imperdonable porque, por primera vez en mucho tiempo, se dan las condiciones para conformar una mayoría progresista en el Congreso. Es decir, actualmente se ha abierto un espacio para la negociación, el cual está delimitado por tres premisas que con toda probabilidad asumen los 77 diputados de Podemos, Compromìs, IU-UP y PNV, y que, sumados a los 90 del PSOE, darían para una mayoría suficiente de gobierno. Estas tres premisas, nacen del sentido común de los tiempos que corren, y son:

.Un programa de gobierno de marcado carácter social, en el que se especifiquen, no sólo las medidas y los tiempos de ejecución, sino los recursos y las estrategias que serán utilizados para su implementación. Es decir, para que sea un programa creíble, necesariamente deben acordarse aquellas medidas (fiscales, de política exterior, etc.) que acompañen a las políticas sociales. De lo contrario, no tendremos más que un brindis al Soltan frustrante como estéril.

.Una hoja de ruta genuinamente democrática —que dé la voz a la ciudadanía— para resolver los problemas estructurales de nuestro país. Desde esta perspectiva, tanto el referéndum de cambio constitucional como el referéndum en Catalunya no sólo resultan legítimos, sino que mantienen intacto el hilo de la legalidad constitucional, puesto que parten del mismo principio democrático-participativo consignado en nuestra Carta Magna (art. 1, art. 23, art 92).

.Una fórmula de cogobierno, que refleje el peso proporcional de los partidos participantes en el mismo, a partir de los resultados expresados por la ciudadanía el 20-D, y bajo una lógica colegiada de planificación y ejecución. Es decir, no se trata de repartirse sillones —ya que la acción de Gobierno no puede dividirse en compartimentos estancos—, sino de conformar un Ejecutivo compuesto por equipos 'policromáticos', no necesariamente vinculados a uno u otro partido, pero sí comprometidos con una única agenda de políticas públicas.

Nadie duda de que en este espacio caben todas aquellas fuerzas que pueden sumar una mayoría progresista. Por tanto, la cancha para una negociación existe. Otra cosa es que uno de sus actores necesarios —el PSOE— haya ignorado esta posibilidad, y se empeñe en pactar un programa con el partido que hasta hace poco era calificado como 'de derechas' por el propio Pedro Sánchez, y cuya suma apenas se acerca a una mayoría habilitante para gobernar. Sin embargo, el clamor popular para abrir la vía a un Ejecutivo de progreso es cada vez mayor. Ojalá este clamor acabe por movilizar la voluntad de transformación real que sin duda existe en las filas socialistas, tanto como en el resto de los sectores progresistas de España.

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