Marta Sibina Camps
Portavoz de Sanidad de Podemos-En Comú Podem-En Marea

El copago farmacéutico suele ser uno de los aspectos que más polariza el debate político en materia sanitaria. Encontramos a menudo dos tipos de argumentos contrapuestos:

Por un lado los que defienden un copago por parte de la población sobre los medicamentos que consumen, para tratar de contener los posibles consumos excesivos, o con la función de educar y concienciar sobre el coste de los fármacos.

Por otro, los que mantienen que es función fundamental de los sistemas sanitarios, de los públicos especialmente, la protección de la población frente a aquellos gastos que puedan hacer que en algún momento las personas tengan que elegir entre copagar medicamentos o pagar la factura eléctrica de su vivienda u otros gastos básicos.

En España teníamos un modelo de copago que apenas había sufrido ninguna modificación durante más de 30 años y que fue modificado por el Gobierno del Partido Popular (a través del Real Decreto 16/2012), introduciendo algunas modificaciones que consideramos positivas, como la exención de copagos para los desempleados sin prestación, principalmente, y otras claramente negativas, como el incremento de los porcentajes de copago entre la población activa, sin fijar un tope máximo. Ese es el aspecto más dañino. Esta reforma no fue evaluada, como no lo es casi nada dentro de las políticas sanitarias de nuestro país, pero tras casi cuatro años desde su entrada en vigor, existen datos que muestran cuál es la situación en la actualidad respecto al copago y a los problemas de acceso a la medicación por motivos económicos.

Según datos de la muestra española de la última Encuesta Europea de Salud, refrendados por el Informe del año 2015 de la Defensora del Pueblo, la población menor de 65 años, con enfermedades crónicas y de clase social baja, es la que encuentra mayores dificultades en el acceso a la medicación por motivos económicos.

En torno al 5,5% de los menores de 65 años de la clase social más baja no tiene acceso a medicamentos por motivos económicos, frente al 0,5% de los menores de 65 años de la clase social más alta. Los datos nos muestran pues que no basta con seguir focalizando el debate en el copago de las personas pensionistas, sino que hay que tomar medidas urgentes para hacer posible que la población activa pueda tomar su medicación sin que se pongan en cuestión otros gastos básicos.

Debemos marcarnos un horizonte en el que la determinación de la aportación de los individuos al sistema sanitario venga marcada por su aportación a través de los impuestos, y no por un uso de la enfermedad como gravamen. No como renuncia a lo que siempre hemos defendido: una sanidad gratuita en el punto de asistencia, incluyendo el consumo de medicamentos.

Para profundizar en ese camino, creemos imprescindible la aplicación inmediata de las siguientes medidas:

.Puesta en marcha de un proceso de evaluación del impacto de los copagos farmacéuticos, en busca de la equidad en el acceso a medicamentos en nuestro país.

.Establecimiento de límites máximos trimestrales de aportación farmacéutica por parte de las personas en situación activa (las personas pensionistas ya tienen estos límites máximos de forma mensual), incrementando el número de intervalos de renta actual, pasando de tres a cinco intervalos y estableciendo topes máximos de forma progresiva de acuerdo con las rentas. Actualmente, personas con rentas de 18.001€ anuales se encuentran al mismo nivel de copago que las de 100.000 € anuales.

.Recuperar la financiación pública de los medicamentos, que a pesar de tener una buena relación coste-efectividad y aportar valor terapéutico, fueron desfinanciados con el único criterio de la magnitud de los síntomas para los cuales eran utilizados.

.Confeccionar un listado de medicamentos esenciales de alto valor terapéutico y buena relación coste-efectividad, destinados al tratamiento de enfermedades crónicas, y hacer que queden exentos de copago para toda la población, con independencia de su renta, para incentivar de esta manera la prescripción en las situaciones clínicas en las que están indicados y para que los pacientes no encuentren ningún tipo de barrera económica para su consumo.

Desde hace bastante tiempo, estas medidas están presentes en el debate sobre copagos (el último documento al respecto es un informe publicado por FEDEA) y ya es hora de que las instituciones se impliquen, para seguir avanzando en la eliminación de barreras entre la necesidad real de medicamentos y su consumo.

La reforma del copago es uno más de los aspectos de nuestra política sanitaria y farmacéutica que necesitan una profunda reforma. Las posiciones inmovilistas, basadas en la falta de fondos o la necesidad de implantar barreras entre la población y el acceso a los medicamentos, presuponiendo un ansia de sobreconsumo inherente al ser humano, impiden obviamente el avance en esas reformas.

Mejoras en la transparencia de la investigación y desarrollo de medicamentos, publicación de los procesos de fijación de precios, reforma a diferentes niveles de los mecanismos de innovación biomédica y cambio en los sistemas monopolísticos de explotación de dichas innovaciones... esos son los horizontes que nos marcamos, pero hoy es preciso hablar de copago y de cómo hacer una reforma que, poniendo a las personas que más lo necesitan por delante, no ponga problemas a corto plazo a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario.