24/02/201020/09/2017

KATTYA CASCANTE

Los máximos responsables europeos de cooperación y desarrollo se reunieron los pasados días 17 y 18 de febrero para analizar, junto a Estados Unidos y las Naciones Unidas, las próximas iniciativas de la UE para la coordinación de la ayuda humanitaria y, en concreto, para dar una respuesta conjunta sobre cómo realojar de modo inmediato a más de un millón de haitianos sin techo. El país –impactado el año 2008 por los huracanes Hanna e Ike y el seísmo del pasado 12 de enero– todavía busca a sus desaparecidos y sufre las consecuencias de la pésima organización del reparto de la ayuda internacional. El mismo día en que tuvo lugar en la Granja (Segovia) esta reunión, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegaba a Puerto Príncipe en una visita relámpago para ponerle una cifra a la ayuda francesa: 326 millones y más de mil tiendas de campaña y 16.000 láminas de plástico para hacer frente a las lluvias previstas en marzo. De esta manera, el máximo mandatario francés parece descartar una posición comunitaria para liderar el apoyo europeo a Haití.
Esta reunión informal, prevista inicialmente para la preparación de una hoja de ruta europea que relanzara los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), se centró en la necesidad de coordinar la respuesta del mayor donante, la UE. La Presidencia de turno, España, no sólo busca alinear las posiciones de los estados miembros frente a la catástrofe; también aspira a liderar, desde la legitimidad que le proporciona su tercer puesto como donante de ayuda humanitaria en el país desde antes del seísmo (tras EEUU y Canadá y por delante de Francia y Japón), los proyectos de reconstrucción.
La UE quiere empezar a dividirse el trabajo con EEUU y la ONU para proporcionar un techo a más de un millón de haitianos antes de que arrecie la temporada de lluvias, pero ¿qué nos hace suponer que esta vez habrá una posición conjunta europea que lo permita?
Lisboa abre ventanas de oportunidad frente al pasado. Si bien el debate sobre las ventajas comparativas y una mayor racionalidad de la UE en la lucha contra la pobreza se trató hace tiempo (Declaración de París y Consenso Europeo, ambos en 2005), el nuevo Tratado fija las pautas para un reordenamiento global de la multitud de actores en el escenario de la ayuda internacional. El actual comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, tiene ante sí una agenda donde demostrar amplias capacidades: la revisión de los compromisos para alcanzar los ODM en la reunión de septiembre, la Conferencia de México para revisar el presupuesto europeo sobre el cambio climático y la creación de las nuevas perspectivas financieras a partir de 2014. Estas citas deberían contar con una UE coordinada, que no centralizada, para permitir un ejercicio de liderazgo en los temas de desarrollo. La UE debe formular políticas con objetivos globales, pero también debe dotarlas de recursos suficientes para alcanzarlos.

Demasiados peros anteceden al futuro europeo. La incoherencia de sus políticas agrícola y de explotación pesquera deja muy poco margen de sospecha en este sentido. Sin embargo, Haití, una vez afrontadas las terribles consecuencias de la catástrofe, ofrece una posibilidad para demostrar si es posible una acción conjunta que permita contribuir al desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Lo cierto es que, y no solamente, la crisis ha cambiado de sitio las prioridades. El déficit público de los estados miembros ya ha bajado la Ayuda Oficial al Desarrollo debido a su vinculación con la Renta Nacional Bruta de los estados. Pero esto no es quizás lo más grave: lo peor es que lleve consigo un nacionalismo económico de los estados capaz de utilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo para promover su política exterior. Ello les llevaría a asignar la ayuda bajo nuevos elementos de condicionalidad que irían desde el mayor peso de la ayuda ligada, hasta la promoción de sus agendas políticas internas o incluso a vincular la ayuda a ciertos aspectos de la política migratoria para regular los flujos sur-norte. Si los créditos ganaran terreno a las donaciones, podrían mantenerse los compromisos adquiridos sin incrementar el peso fiscal en los países donantes. Este paso sería un gran retroceso, pero nada improbable, ya que por desgracia ni siquiera España puede garantizar que no recurra a esta fórmula en su ruta comprometida del 0,7%.
Sin embargo, el efecto sobre los países receptores de la ayuda y, en este caso, sobre la reconstrucción de Haití, también recaería sobre su peso fiscal, pero de un modo muy distinto. Las primeras reacciones tras el seísmo inundaron los medios de comunicación con declaraciones de cancelación de deuda haitiana por parte de varios jefes de gobiernos europeos. Sin embargo, el alivio financiero de un total de 1.250.000 millones de euros de deuda externa que soporta el país depende, en mayor medida, de la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, sus principales acreedores. Sin menoscabar que, tanto España como el resto de gobiernos de la UE forman parte de los órganos de decisión de ambas entidades, la intención de un nuevo crédito de 100 millones de dólares del FMI, es decir, mayor endeudamiento, resultaría contradictorio con la posición europea de apoyar la reconstrucción del país. La Presidencia española puede mantener un bajo perfil, actuando sólo frente a los imprevistos o puede tener la voluntad política suficiente para fomentar una acción conjunta y coordinada de la UE ante Naciones Unidas y el G-20. Pero la voluntad política necesita algo más que palabras. Quizás la cancelación sin condiciones de los cerca de 30 millones de euros de deuda externa que Haití debe al Estado español –equivalente a seis veces la aportación de la cooperación española anunciada por la vicepresidenta del Gobierno para ayuda de emergencia a Haití– hubiese sido más efectivo.

Kattya Cascante es politóloga de la Fundación Alternativas

Ilustración de Mikel Casal