Dominio público

La UE contrata a Libia como agente de fronteras del Mediterráneo

Jon S. Rodríguez

Marina Albiol Guzmán.
Portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y responsable federal de relaciones internacionales

Jon S. Rodríguez,
Asesor de IU en materia de migraciones en el Parlamento Europeo

La Unión Europea ha hecho de la externalización de fronteras uno de los pilares fundamentales de su política migratoria. El acuerdo con Turquía firmado el 20 de marzo del año pasado – y que gracias a la querella de numerosas organizaciones será examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- ha servido para visibilizar esta práctica por la que la UE, a cambio de una cantidad de dinero, subcontrata a un Estado para que se haga cargo del control de los flujos migratorios, impida que las personas refugiadas y migrantes puedan tocar suelo europeo por todos los medios y a la vez funcione como agencia de deportación.

Pero lo cierto es que esta forma de afrontar las migraciones no nace con Turquía. Marruecos es desde hace décadas el gendarme de la frontera Sur de la UE, como lo fue en su momento la Libia de Gadafi a través de acuerdos de colaboración con Italia y Bruselas. De hecho, el propio Gadafi no escondió en ningún momento el tipo de trato que tenía con Europa y en 2010 llegó a pedir cinco mil millones de euros para sellar el país y dejar de "exportar africanos".

El pasado fin de semana, el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y Gobierno de la UE decidió que Libia vuelve a ser un punto estratégico clave para cerrar el Mediterráneo central e impedir que sigan llegando personas refugiadas o migrantes a las costas de Italia. Así, en lo que parece ser uno de sus proyectos estrella para 2017, la UE ha decidido invertir 120 millones de euros en entrenar, dar apoyo logístico y equipamiento a la Armada y la Guardia Costera libia.

El objetivo final es que tengan el adiestramiento adecuado para interceptar a las personas migrantes en el mar y llevarlas de vuelta a Libia, donde serán encerrados en campos de detención y deportados. La UE, como con Turquía, ha decidido que lo que pase en Libia debe quedarse en Libia, que no es responsabilidad suya y que así la ciudadanía no verá cada día datos de nuevas muertes en el Mediterráneo.

Este tipo de acuerdos en los que la UE se desentiende de sus responsabilidades son de una gravedad extrema.

Pero más aún si hablamos de Libia, que desde la guerra del año 2011, en la que la OTAN jugó un papel clave en la desestabilización del país, se ha convertido en un estado fallido. En Libia hoy hay tres grupos que se autoproclaman como gobiernos legítimos y que controlan partes sustanciales del territorio, además de las tribus. tuaregs, tubu y árabes que dominan el sur desértico del país. La UE, por el momento, sólo reconoce a uno de estos grupos, el Gobierno de Acuerdo Nacional, como interlocutor válido.

El resto del territorio se lo reparten, en menor medida, milicias de ámbito local sin vinculación a los diferentes gobiernos y grupos islamistas. Todo el oeste del país -la región histórica de Cirenaica- y las regiones montañosas cercanas a la frontera tunecina están controladas por el Gobierno de la Cámara de Representantes de Libia y el Ejército Nacional de Libia -también llamado Gobierno de Tobruk por la ciudad que han convertido en su capital-, aunque desde hace más de un año controlan también Bengasi, la segunda ciudad del país.

Lo que queda del mapa -incluida la capital, Trípoli, que está dividida en dos-, pertenece al Gobierno de Salvación Nacional y el ya citado Gobierno de Acuerdo Nacional, liderado por Fayez al-Sarraj.

Pero la realidad sobre el terreno es cambiante, pues los diferentes gobiernos carecen de estructuras de Estado, y la autoridad real son las milicias y bandas armadas, que además controlan una economía completamente monetaria y basada en el tráfico de personas y armas. Estas milicias tienen diferentes grados de afiliación con los gobiernos y entre sí, y las alianzas son débiles por la devastación generada por la guerra y porque que son las propias bandas las que obtienen el beneficio económico de la actual situación de caos.

Desde 2011 no sólo han colapsado los servicios públicos y las infraestructuras, sino que hoy Libia carece de un sistema de Justicia. Sí siguen existiendo cárceles, también controladas por las milicias, en las que encierran a miembros de grupos contrarios, a personas acusadas de beber alcohol o consumir drogas, o a personas homosexuales.

Obviamente, no hay constancia alguna de que haya una cadena de mando entre los gobiernos y estas cárceles, por lo que la ausencia de eses sistema judicial implica que no existe la menor garantía de respeto a los derechos humanos.

Es en este contexto en el que el pasado 6 de febrero el Consejo decide subcontratar a la Guardia costera Libia para bloquear el Mediterráneo central. Esta ruta, una vez sellado el Egeo y la frontera entre Turquía y Siria gracias al acuerdo con Ankara, es lógicamente la más utilizada ahora por las personas migrantes y refugiadas para llegar a Europa.

Ahora bien, si no existe el Estado, si hay tres gobiernos, si el país está dominado por toda una serie de milicias, ¿quién es la Guardia Costera libia y a quién obedece? Human Rights Watch ha documentado la existencia de siete cuerpos que se reivindican como Guardia Costera oficial, aunque es muy probable que en realidad haya más.

Aquellas personas que hayan visto Austral, el documental de Jordi Évole, recordarán ese momento en el que varios jóvenes armados se acercan al barco de rescate identificándose como guardacostas para decirles que están en aguas libias.

Pues bien, la Comisión y el Consejo, que ya se han involucrado en tareas de formación de guardacostas libios en el pasado, son incapaces de concretar con cuál de los siete cuerpos documentados trabaja. Las mismas instituciones comunitarias que han decidido poner 120 millones de euros, no son capaces de decir a quién se está dando apoyo técnico y material, cuál ha sido el criterio de selección y qué garantías de cumplimiento de los derechos humanos existen.

Organizaciones de derechos humanos y activistas que trabajan sobre el terreno afirman que todos los cuerpos tienen el mismo trato con las barcas llenas de personas rumbo a Europa: en el mejor de los casos detenerlas y llevarlas a un centro de detención. En el peor de los casos, atacar y hundir las barcas.

En realidad, Europa pretende pagar y no mirar y que no miremos, pero la situación es bien conocida por quienes llevan años trabajando con personas migrantes y refugiadas en Libia. Según los datos de la propia Human Rights Watch ahora mismo hay en Libia más de 750.000 personas migrantes y demandantes de asilo que según la ONG no tienen ningún tipo de derecho. Hay que recordar, además, que Libia nunca firmó la Convención de Naciones Unidas sobre refugiados de 1951 y que la entrada no autorizada en Libia es considerada un delito. El destino de la mayoría de las personas que cruzan son los campos de detención.

Un informe de la ONU de diciembre del año pasado describió estos "campos" como lugares donde los abusos, la tortura, las palizas o la violencia sexual ocurren a diario. No hay una forma establecida de salir de ellos y la única opción hoy es el soborno a los guardas.

Por otro lado, la UE obvia la existencia de centenares de centros de detención "informales" regidos por las propias mafias de tráfico de personas y por los poderes económicos que controlan las diferentes zonas. Son centros donde las personas son tratadas como mercancía con total impunidad y donde, de acuerdo a los testimonios de quienes han sobrevivido a ellos, la situación es incluso peor que en los centros reconocidos.

La pasada semana, justo antes de que los líderes de la UE decidieran en La Valeta todo esto, el diario alemán Die Welt publicó un informe de la embajada alemana en Níger que documentaba ejecuciones torturas y otros abusos sistemáticos de los derechos humanos en estos campos.

Finalmente, este contrato con Libia no se conforma sólo con controlar el Mediterráneo y llevar de vuelta para Libia a cualquiera que sea interceptado en el mar, sino que prevé también el refuerzo de la frontera Sur del país.

Esa zona, está controlada por grupos tribales involucrados en el tráfico de personas, por lo que cabría preguntarse qué alianzas piensa establecer la UE y con qué actores locales va a contar para controlar esta vasta extensión de desierto.

Una vez más, aquellos que están al frente del Consejo y de la Comisión -y que sin duda responden a los acuerdos políticos de la gran coalición que gobierna Europa-, vuelven a demostrar que para conseguir su objetivo de que cada vez lleguen menos personas a territorio europeo todo vale, y no les importa ser cómplices de torturas, esclavitud, y muerte.

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