Dominio público

Opinión a fondo

La batalla del relato post-ETA convertida en razón de Estado

19 Abr 2017
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 Jon Inarritu
Senador de EH Bildu

La alegría que produjo, el pasado 8 de abril, el anhelado desarme de ETA, en la sociedad vasca y la positiva acogida realizada por el Gobierno francés,  contrastó con la crispación que generó en las autoridades españolas. Mientras, por un lado, los miembros del Ejecutivo español señalaban que habían vencido y derrotado a ETA policialmente,  prevenían y advertían sobre su inmovilismo con claras muestras de crispación ¿No les parecía una noticia positiva?

El inmovilismo ha sido la característica que mejor define el comportamiento mantenido por el Gobierno del Partido Popular desde el fin de la violencia de ETA en 2011. Durante este lustro, el  Gobierno no ha dado ningún paso en la resolución de las llamadas consecuencias post-violencia: desactivación de la política penitenciaria de excepción; reconocimiento de todas las víctimas (incluyendo las del terrorismo de Estado); desbloqueo/apoyo del desarme de ETA y desmilitarización de la Comunidad Autónoma y Navarra, que recordemos tienen el ratio de presencia policial más alto de la Unión Europea. De igual forma, los portazos a intermediarios, a representantes internacionales y a los portavoces de las instituciones vascas, han sido el común denominador de la acción política del PP en esta materia.  

En el ámbito internacional lo que más ha sorprendido ha sido la inacción o incluso la obstaculización  del Gobierno a la hora de abordar el desarme de ETA. Ha sido la única ocasión conocida en la que un Gobierno que podía participar en el desarme de una organización armada lo ha rechazado y además ha puesto todas las trabas que podía para que éste no se realizara. Mientras los Estados europeos invertían ingentes cantidades monetarias y de personal para prevenir la amenaza del yihadismo; el Estado español, destinaba enormes medios para simular que luchaba contra algo ya acabado. Un jamais vu. Detrás de ello estaba  el interés que seguir construyendo cortinas de humo mediático respecto a otros escándalos y la voluntad de construir un relato bélico. El Gobierno no podía aceptar que ETA se desarmara unilateralmente, tenía que representarlo como un triunfo policial, bajo el erróneo esquema de “vencedores y vencidos”, obviando las recomendaciones internacionales y el sentido común de que lo más beneficioso es la construcción de un escenario de vencedores win-win, que evite que sectores de nostálgicos tengan un día la tentación de retomar las armas con ansias de venganza. Algo que explica a la perfección el que fuera jefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, en su libro Talking to terrorists: How to end armed conflicts.

Por otra parte, el Gobierno francés ha seguido con su planteamiento de que el asunto era un problema únicamente español, por lo que, independientemente de su parecer sobre la estrategia, obedecía a su homologo vecino del sur para no tener un conflicto. Esto se rompió tras el operativo de Louhoussoa, en diciembre de 2016, en el que varios mediadores (posteriormente conocidos como “artesanos de la paz”) fueron detenidos tras intentar proceder a inutilizar parte del arsenal de ETA. Tras este hecho, la inmensa mayoría de representantes políticos del País Vasco francés  y todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente Nacional y varias personalidades del Hexágono, clamaron al cielo por el insensato seguidismo que se estaba haciendo del Gobierno español.  Esto, junto con otras variables de cambios en el Ejecutivo francés, como la salida de Manuel Valls  y  la proximidad del calendario electoral, hicieron posible un cambio de actitud en las autoridades galas para que facilitaran el ansiado desarme de ETA.

Paradójicamente, en el caso español el argumentario oficial del  Ejecutivo del PP repite constantemente  “no negociamos con organizaciones terroristas ni pagaremos un precio”. Lo que contrasta, no sólo con el pasado, donde todos los gobiernos negociaron en varias ocasiones con organizaciones armadas de diferente signo, sino que contradice su actual política en Colombia de apoyo económico y político al proceso de paz con las FARC, y de la misma manera resulta del todo incoherente teniendo en cuenta  un hecho más polémico como es que el Ejecutivo del PP, en los últimos años, haya negociado y pagado sumas de millones de euros a organizaciones yihadistas por el rescates de ciudadanos españoles secuestrados en Oriente Medio ¡Hipocresía de libro!

A pesar de ello, nada sorprende ya en la sociedad vasca y todo se contextualiza en la batalla del PP por crear un relato a su medida. Ese intento por imponer su visión de lo acontecido llega a extremos ridículos como el de ordenar censurar noticias en el telediario de TVE y otros parapolíticos como el de promocionar novelas de ficción como manuales de análisis histórico. En un Estado en el que no hay un visión única  sobre la Guerra civil, el franquismo o la transición ¿Cree alguien que habrá un relato único sobre la historia de ETA? Aquéllos que han convertido el relato en razón de Estado a eso aspiran.

Para definir la postura del PP en este asunto, suelo recurrir a la frase del  escritor Amoz Oz, en su magnífico libro “Contra el Fanatismo”,  donde define al fanático como aquél que quiere que su adversario cambie en todo sin él estar dispuesto a cambiar en nada. Pues, a día de hoy, en todo lo relativo al llamado conflicto vasco,  no hay nada más fanático que un PP que no está dispuesto a aceptar nada que no sea su visión y su versión por  muy hipócrita, ilógica y reaccionaria que sea.

A pesar de ello, debemos avanzar en la consecución de un nuevo escenario en el País Vasco. Para ello, se pueda progresar creando mayorías sociales en la ciudadanía vasca, pero también en las Cortes, para dar pasos en base al sentido común en materia de derechos humanos y de reconocimiento a todas las víctimas de todas la violencias.


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