Dominio público

Opinión a fondo

La ofensa del saqueo y la defensa de la Democracia

20 Abr 2017
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Sol Sánchez y Mauricio Valiente
Coportavoces de IU Madrid

Madrid ha sido expoliada durante décadas por el Partido Popular: un saqueo que no está quedando impune, gracias al trabajo incansable de activistas y organizaciones sociales y políticas que hoy vemos como da sus frutos.

La denuncia en 2010 por parte de Attac Madrid fue el germen de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, donde militantes de diferentes asociaciones vecinales (Lucero, Vallecas, Madrid Sur, Vicálvaro, La Guindalera) y organizaciones (FRAVM, Ecologistas en Acción, Equo, Attac, CCOO, Izquierda Unida) confluimos para denunciar y frenar el evidente expolio de una empresa pública.

En julio del año 2013, el Partido Popular demandó a las organizaciones que conformábamos la plataforma de la Querella Bárcenas. El PP consideraba que la demanda interpuesta por la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Los Verdes, Justicia y Libertad e Izquierda Unida, ‘ofendía al pueblo español’.

Cuatro años más tarde, la denuncia por asociación ilícita de todo el entramado financiero del Partido Popular está demostrando el saqueo organizado y continuado de las arcas públicas, no solo en Madrid, sino en todo el territorio del estado español, con acuciantes casos como en Valencia o Murcia, también señalados por compañeras de Izquierda Unida como Rosa Pérez Garijo.

Tal y como indica Antonio Segura (que junto a Enrique Santiago y Juan Moreno forma parte del equipo de abogados de la Querella Bárcenas), la Gürtel, la Púnica o la ahora Operación Lezo son piezas de una red en el que el Partido Popular ha tenido socios y cómplices en medios de comunicación como La Razón (Francisco Marhuenda) y grandes empresas constructoras como ACS (Florentino Pérez), OHL (Villar Mir), que como se ha demostrado en otras ocasiones son las verdaderamente grandes beneficiarias de las  tramas de corrupción.

Lo que termina mostrando la tremenda gravedad de todo este asunto  son las maniobras del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, para obstruir las investigación sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que secó las arcas del Canal de Isabel II, mientras la actual Presidenta, Cristina Cifuentes, era miembro de su Consejo de Administración y no parecía enterarse de nada. El cese del Fiscal Anticorrupción debe ser fulminante, y se deben depurar responsabilidades por las filtraciones y chivatazos sobre la investigación a esta presunta organización criminal.

La desfachatez de una conmocionada Esperanza Aguirre, que dice no conocer a Francisco Correa ni haber tenido confianza con sus exlacayos Francisco Granados o López Viejo, a la vez que se proclama descubridora de la Gürtel, es el síntoma de 25 años de impunidad del Partido Popular.

Clave también ha sido la connivencia de partidos del Régimen como Ciudadanos y PSOE, que ahora muestran su estupor tras apoyar la llegada al Gobierno del primer Presidente de la historia en declarar por un caso de corrupción y que o bien reniegan o titubean respecto a una moción de censura que debería desalojar al PP de Aguirre y Cifuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid y si fuera necesario convocar elecciones anticipadas para que la ciudadanía madrileña pudiera decidir un cambio en sus instituciones. En cualquier otro país democrático, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ya habría dimitido, y salvaría la caída de esa “Marca España” que únicamente defiende los intereses de la oligarquía que trama, teje y medra contra el bien común.

Por eso es tan importante señalar a quienes nos roban, como nombrar a quienes llevan décadas defendiendo lo que es de todos y todas: la tenacidad de compañeros como Enrique Ortega en defensa del agua pública, o Paquita de Chamberí, donde quisieron construir un campo de golf en los terrenos del Canal, diciendo en máxima audiencia que dejen de jodernos la vida, que “somos mayores, pero no gilipollas”.

Quienes se ofendían por llamarlos por su nombre, se destapan como usurpadores de lo que presumen defender. La defensa de la Democracia se sustenta en el mayor valor que tiene el pueblo: la capacidad de trabajo y unidad por parte de movimientos, colectivos, asociaciones y organizaciones.

La actuación de la sociedad civil organizada no solo sirve como freno y denuncia, sino como articulación de un eje que, gota a gota, está consiguiendo pasar de la denuncia y el hartazgo a la organización. La superación de esta mal llamada crisis (que no es sino una nueva fase del neoliberalismo depredador) pasa por los nombres de todas esas personas que defienden lo común ante cualquier interés privado.

Compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, militantes y activistas que se dejan la piel, día a día y de forma anónima, articulando un eje que, gota a gota, está consiguiendo pasar de la denuncia y la resistencia, a la organización. Desde aquí, queremos dejar claro que igual que la militancia de Izquierda Unida estuvo a la altura y  cumplió un papel fundamental durante los peores años del Partido Popular, en este momento seguirá estando a la altura para no permitir que avancen los recortes y para construir una alternativa para la Comunidad de Madrid y para el país.


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