Mónica García y José Manuel López
Diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid

La Operación Lezo está ocupando las portadas de los medios de comunicación día tras día. Todo indica que estamos ante la punta de un iceberg que ha empezado a emerger, pero al que le quedan mucho sumergidas que mostrar. La enfermedad letal que afecta a nuestras instituciones, a nuestra democracia y a nuestra credibilidad vuelve a dar síntomas de un nuevo brote cuando todavía convalecíamos del último.

Durante veintidós años el Partido Popular ha impuesto en Madrid (tanto en la Comunidad como en los ayuntamientos que ha gobernado) un modelo político y económico que ha girado en torno a la creación de una red al servicio del lucro de toda aquella empresa a la que estado del bienestar le hacía sombra. El bien en juego era indiferente: el agua, la salud, la vivienda, la cultura, la educación, la movilidad...la sociedad, el futuro...el bienestar como enemigo a batir. Y un talón de Aquiles común: sus infraestructuras.

El modelo consiste básicamente en contratar grandes infraestructuras: siempre a los mismos, siempre sobredimensionadas y siempre sin estudios de necesidad ni rendición de cuentas. El modelo no está diseñado para resolver problemas ni necesidades. El modelo se basa en construir para que alguien en lo privado gane dinero desde lo público. Entre estas obras están las autopistas radiales que han costado 3.500 millones de euros y por las que nadie circula, las circunvalaciones M-45 y  M-30, el metro ligero, los Teatros del Canal, las viviendas sociales, la central del 112 o los siete hospitales del "modelo hipoteca" que se construyeron por 640 millones de euros, pero por los que se van a pagar 3.000.

Lo perverso del modelo es que construyendo hospitales, han conseguido deteriorar la salud; construyendo teatros han conseguido debilitar la cultura y construyendo colegios han conseguido descapitalizar la educación ¿Por qué? Porque todos los sobrecostes desviados a pagar los intereses de constructoras, fondos de inversión y empresas intermediarias, se sacan del saco de lo común, con el consecuente deterioro del interés común.

Pongamos un ejemplo de estos sobrecostes:  estos siete hospitales se construyen en el 2007 pero se pagan a lo largo de 30 años mediante un canon anual en que no se recoge la construcción sino servicios no sanitarios como la limpieza, la jardinería o la restauración. Es como pagar la hipoteca de una casa mediante las facturas del gas, el agua o la electricidad; nunca sabes cuánto llevas pagado de tu casa y los precios de los insumos son disparatados. Con un sistema normal de amortización estos siete hospitales ya estarían pagados y sin embargo se les debe a las constructoras,  muchas de ellas implicadas en sucesivas epidemias de desfalco, 2.000 millones más. El sistema es similar en las carreteras o el metro ligero donde se paga por el mantenimiento y no por la obra. El resultado es que se pagan unas infraestructuras mal planificadas y sobredimensionadas cinco veces más caras de lo que cuestan. La consecuencia son menos camas hospitalarias, menos profesionales y peores accesos.

A estas grandes obras hay que añadir otras más pequeñas en los municipios financiadas por la Comunidad de Madrid con un programa llamado PRISMA. Los ejemplos son centenas y van desde el auditorio de Bustarviejo que no se puede abrir porque lo dejaron a medias (hecho por una empresa cercana al PP que se dedica a construir vías del AVE) hasta el polideportivo de San Lorenzo de El Escorial al que se le cae el techo, pasando por el archivo de Móstoles que nadie pidió, que costó cinco millones de euros y que tampoco se puede abrir porque está mal hecho.

El Canal ha tenido una función fundamental en estas pequeñas obras. Lo convirtieron en una empresa con los ayuntamientos como accionistas. Así podía repartir anualmente importantes dividendos para que éstos pudieran cofinanciar las obras que les ofrecía el PRISMA a través de las constructoras. No importaba si el Canal aumentaba su deuda hasta los más de mil millones que tiene hoy.

El modelo del Partido Popular ha dejado las arcas de la región vacías (en diez años la deuda ha pasado de 8.000 a más de 30.000 millones) y con la desigualdad más alta del país. Estamos ante un modelo económicamente agotado que es incapaz de crear empleo y que socialmente genera deuda y desigualdad. La Comunidad de Madrid se ha convertido en un agujero negro que traga hormigón beneficiando a una pequeña élite; su bandera son siete ladrillos blancos sobre un saco de cemento rojo.

Este modelo no es viable sin corrupción. Sin un sistema de asignación de obras a cambio de financiación para las campañas electorales, de puertas giratorias y de cobro directo de dinero negro para engrosar las fortunas personales tal y como estamos viendo. Por  esta razón en los sumarios de la Gürtel, Púnica, Lezo o Bárcenas aparecen siempre dos partes, por un lado el Partido Popular que tiene imputados, detenidos, condenados o encarcelados a Secretarios Generales, Presidentes, Consejeros, Diputados,... y por otro las empresas beneficiadas (OHL, Begar, Ploder, Cofely, Cantoblanco FCC...). Es un modelo política y epidemiológicamente insostenible.

No hablamos del pasado, hablamos del presente; de lo que pasa hoy en la Comunidad de Madrid. Es el gobierno de Cristina Cifuentes el que pone hoy encima de la mesa construir una radial más (la que falta), la que mantiene el sistema de concesiones a hospitales o la M-45. La que quiere desarrollar una operación en el norte de la ciudad de Madrid para que se construyan tantas viviendas como hay en Segovia, en una región con 150.000 viviendas vacías. La que mantiene el modelo del Partido Popular, a sus financiadores y a sus cargos.

Hablamos del presente que hace que el futuro sea insostenible. Hablamos de la peor epidemia democrática que ha sufrido nuestra región. Hablamos de esto pero también hablamos de que otra manera de hacer política es posible.