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Opinión a fondo

La disposición adicional 27: un candado a la autonomía local

12 May 2017
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Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza (Zaragoza en Común); Luis Felipe, alcalde de Huesca (PSOE); Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña (Marea Atlántica); y Óscar Puente, alcalde de Valladolid (PSOE)

Zaragoza acogió, la semana pasada, las primeras jornadas sobre “La gestión de los servicios públicos municipales”, organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ebrópolis.

Invitados por el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve -que firma también este artículo- nos reunimos, con motivo de este encuentro para el análisis y el debate, una pluralidad de fuerzas políticas y agentes sociales. Allí, compartimos nuestros puntos de vista acerca de los modelos de gestión de los servicios públicos municipales.

Más allá de nuestras diferencias, o alineaciones de partido, todos los firmantes coincidimos en señalar el nefasto precedente que sienta la disposición adicional 27 incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El único objetivo de esta disposición es dificultar y, en el extremo, imposibilitar la reversión a la gestión directa, por parte de las entidades locales, de los servicios públicos de competencia municipal que se encuentran actualmente siendo prestados en régimen de externalización.

Esto supone, por vía indirecta, su prohibición de facto, en un momento en que este debate se encuentra presente en nuestra sociedad y en los plenos de nuestros ayuntamientos.

La disposición adicional 27 no hace sino socavar aún más el principio de autonomía local. A su defensa nos debemos y en eso todos los firmantes estamos de acuerdo. Es necesario garantizar la capacidad de las Entidades Locales para decidir libremente la forma de prestación de los servicios públicos, sin limitaciones que favorezcan el modelo de gestión privada frente a la  pública.

Por último, coincidimos en una firme defensa de la gestión pública de los servicios que prestamos a nuestros vecinos y vecinas como la mejor garantía de que estos sean de calidad, garanticen unas condiciones laborales dignas y el control democrático por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

Consideramos absolutamente necesaria la retirada de la disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales e instamos a todos los grupos parlamentarios a trabajar para ello.


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