Dominio público

Opinión a fondo

El pueblo venezolano pide verdad y respeto

23 Jul 2017
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Mario Isea Bohórquez
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España 

El 30 de julio se realizarán en Venezuela las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, según el cronograma establecido por el Poder Electoral venezolano. Como las 20 elecciones que hemos realizado durante la Revolución Bolivariana, estas serán fiables, libres, universales, directas y secretas; y contarán con acompañamiento internacional. La convocatoria para estas elecciones constituyentes la hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de acuerdo al artículo 348 de la Constitución vigente desde 1999. No hizo falta convocar un referéndum previo porque, a diferencia de la Constitución de 1961, nuestra Constitución actual sí contempla mecanismos claros para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, ya sea a través del presidente; mediante acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional; el voto de dos terceras partes de los Consejos Municipales en cabildo; o el 15% de los electores inscritos en el registro electoral.

Contrario a lo que proyectan las grandes corporaciones de información en España y algunos políticos, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente –a cuya organización también fueron invitados los partidos políticos de oposición— se plantea como la mejor solución para desbloquear el juego político, seriamente limitado por  sectores opositores irresponsables que se niegan sistemáticamente al diálogo y recurren sin pudor a la violencia, en su intento de derrocar al gobierno democrático y constitucional de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente abrirá el camino no sólo para el más amplio de los diálogos posibles con todos los sectores de la vida nacional (incluyendo, pero no reduciéndose a los partidos políticos), permitiendo rehacer los consensos necesarios para la convivencia nacional; sino también para reforzar y mejorar aspectos medulares de la Constitución de 1999, con el fin de garantizar su carácter humanista y antineoliberal, así como facilitar la superación de la economía rentista, la lucha contra la corrupción, execrar la violencia del país, entre otros temas clave para el buen vivir de nuestra gente.

El pueblo lo sabe y por eso en el simulacro de rigor para este tipo de elecciones, realizado el domingo 16 de julio, se registró una participación abrumadora, realmente excepcional. Una señal más de la vocación democrática y pacífica de la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, la prensa hegemónica trató de invisibilizarlo, ignorándolo y magnificando una jornada de agitación política de la oposición, que sin ningún rigor electoral, ni registro de votantes, ni controles sobre quiénes y cuántas veces votaban, ni posibilidad de hacer auditoría alguna,  realizó una suerte de encuesta entre sus seguidores, que luego intentó vender como un plebiscito, con números que no se sabe de dónde salen.

Es de destacar que el gobierno venezolano, como es lógico en un Estado de derecho y de justicia, respetó y no interfirió de ninguna manera en la jornada política opositora, lo cual contrasta con la actitud de sabotaje permanente de la oposición a las actividades normales del país y la campaña de terror para intentar impedir la elección de los constituyentistas programada para el 30 de julio. De hecho, la realización simultánea y en paz –excepto algunos y lamentables incidentes aislados que están siendo investigados por las instituciones correspondientes— del ensayo electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral y el evento opositor es una demostración de que si hay voluntad política es perfectamente posible convivir, debatir y contrastar las ideas sin recurrir a la violencia.

Desgraciadamente, la oposición no muestra voluntad de diálogo y está desarrollando un Golpe de Estado con fases claramente establecidas, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, sus “socios” europeos y algunos medios de comunicación, que incluye la coartada del pseudo plebiscito para intentar darle “legitimidad popular”, el nombramiento ilegal de magistrados y de un espurio gobierno, y, por supuesto, más violencia. En este sentido, debo recordar que ya el gobierno estadounidense está amenazando con más sanciones. Sanciones que, vale la pena acotar, terminarían afectando no sólo a los venezolanos, sino al más de un millón  de europeos que viven en nuestro país.

Y no es cierto que se le hayan cerrado las vías electorales a la oposición venezolana. La oposición ganó las elecciones de 2015 con el mismo Consejo Nacional Electoral que funciona actualmente. Su falta de proyecto de país, tacticismo y divisiones les llevó a activar tarde y de manera fraudulenta la solicitud para realizar un Referéndum Revocatorio, por lo cual este mecanismo finalmente no se pudo llevar adelante. Hay un cronograma electoral: además de las elecciones a la Constituyente el 30 de julio,  el 10 de diciembre de este año serán las elecciones regionales. Y en el 2018 serán las elecciones presidenciales, cuando termine el período constitucional para el cual fue electo el presidente Nicolás Maduro. En Venezuela tenemos un régimen presidencialista, no parlamentario. La figura de las elecciones generales no existe en nuestra legislación, así como tampoco el adelanto de elecciones.

Curiosamente es una Asamblea Nacional Constituyente la que puede abrir la posibilidad de una relegitimación total de todos los Poderes Públicos en elecciones, y por ello los voceros de la oposición, que hoy en su conjura golpista rechazan las elecciones constituyentes, amenazaban no hace mucho con llamar a una Constituyente o retaban al presidente a que la convocara, como finalmente lo hizo.

Pero la oposición no convocó la Asamblea Constituyente, ni quiere que otros la convoquen, igual que tampoco quisieron activar de verdad el Referéndum Revocatorio, porque su estrategia realmente no es la electoral, sino la violencia, incluso terrorista ¿O cómo se llama quemar vivas a personas, quemar almacenes de alimentos, transportes públicos o disparar y lanzar bombas contra instituciones públicas? No importa para ellos si por el camino se llevan la vida de venezolanos, que caen linchados, quemados, atropellados, golpeados, degollados o tiroteados. No importa, porque los medios y los gobiernos de derecha les ayudan a instrumentalizar sus muertes, para que parezcan producto de una represión que no existe. Y no estoy eludiendo los excesos que se hayan podido cometer desde los cuerpos del orden en estos difíciles meses, pero a las pruebas me remito: la gran mayoría de los fallecidos no han tenido nada que ver con las manifestaciones y en los pocos casos que se ha identificado a funcionarios de seguridad como presuntos responsables, estos han pasado inmediatamente a la orden de la justicia.

Venezuela quiere la paz. Y por eso superaremos, dentro de la legalidad, todos los obstáculos que hagan falta para realizar las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Unas elecciones que resaltan además por la diversidad de sectores que podrán lograr representación: indígenas, estudiantes, campesinos, pescadores, obreros, consejos comunales y comunas, pensionistas, empresarios y personas con discapacidades (se elegirán 545 constituyentes: 8 según las tradiciones indígenas, 364 territorialmente y 173 sectorialmente). Será una fiesta democrática más del pueblo venezolano. La invitación es a que el mundo entero nos acompañe desde la verdad y el respeto a nuestra soberanía e independencia.


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