Opinion · Dominio público

Premio Sájarov, la UE como juez en derechos humanos

Marina Albiol Guzmán
Portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y responsable de Relaciones Internacionales de IU
Jose Criado García
Asesor de IU en el Parlamento Europeo. Responsable para América Latina de la Comisión de Internacional de IU

El Parlamento Europeo entrega este miércoles el Premio Sájarov, un galardón “a la libertad de conciencia” que, según la descripción oficial de la propia Eurocámara, se concede a “personas que han contribuido de manera excepcional a la lucha por los derechos humanos en todo el mundo”.

Este artículo pretende hacer un breve repaso sobre algunos de los ganadores del premio, y también sobre aquellos que no se han dado, que son muy ilustrativos para entender el doble rasero de la Unión Europea y lo que la Eurocámara entiende por defensa de los derechos humanos y la libertad de conciencia.

Antes de nada, sin embargo, resulta pertinente plantear una pregunta inicial: ¿Tienen la UE y el Parlamento Europeo hoy en día legitimidad alguna para alzarse como árbitros frente al resto de la comunidad internacional y conceder un premio de estas características?

Hablamos de una Unión Europea que, a pesar de tener los medios suficientes para evitarlo, está dejando morir a miles de personas -2.776 entre enero y octubre de este año, según la Organización Internacional para la Migraciones (OIM)– en el Mediterráneo. De una UE que no sólo no premia a organizaciones como Proactiva Open Arms -que ante la inacción de los Gobiernos y la propia UE, centra su labor en intentar rescatar al mayor número de personas con vida de este mar convertido en fosa común-, sino que las criminaliza y legisla ad-hoc para evitar las labores de rescate.

Una Unión Europea en la que la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social no dejan de crecer, y en la que se vive una situación de emergencia silenciada que está imposibilitando el disfrute pleno de sus derechos humanos a más 120 millones de personas, las cuales sobreviven en los márgenes de la pobreza y la exclusión.

La misma Unión Europea en la que libertades básicas como la libertad de expresión o de asociación, están seriamente amenazadas, tal y como vemos en el Estado español, donde, por ejemplo, acaban de ser condenados un grupo de raperos a dos años y un día de cárcel. Pero también en Hungría, con el cierre del principal periódico con línea editorial contraria al Gobierno; en Polonia, con su ley contra la “propaganda homosexual”; en Italia, con una ley de criminalización de la solidaridad; o en Francia, donde sus ciudadanos han vivido más de dos años en estado de excepción.

Chocamos aquí con la primera de las contradicciones y con la primera muestra de la doble vara de medir de la UE respecto a la defensa de los derechos humanos y las libertades. Estamos ante una UE dispuesta siempre a dar lecciones hacia fuera, mientras se muestra permisiva, silencia o “externaliza” sus propias violaciones de derechos humanos.

En este contexto, no es de extrañar que, utilizando una vez más el Sájarov como instrumento para la política exterior y la defensa de los intereses de las clases dominantes de la UE fuera de sus fronteras, este año se haya concedido el premio -y los 50.000 euros que lleva aparejados- a lo que han denominado como “oposición democrática venezolana”.

Un nuevo intento de promocionar a los que mejor defienden los intereses de la UE en Venezuela, sin importar su carácter golpista y violento y, sobre todo, sin importar la irresponsabilidad que supone otorgarse el rol de juez y parte para apostar por la desestabilización. Golpismo y violencia, en vez de facilitar y apoyar el proceso de diálogo abierto y que, tras meses congelado, se está abriendo paso acercando el fin de conflicto por la única vía realmente efectiva y duradera: el acuerdo entre los y las venezolanas, sin injerencia ni imposiciones externas.

Para esta irresponsabilidad se ha optado por premiar a un tótum revolútum, a esa “oposición democrática venezolana” compuesta, según los grandes grupos de la Eurocámara, por fuerzas de parte de la oposición venezolana – que no han dudado en ningún momento en llamar al derrocamiento por cualquier vía del actual Presidente democráticamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro-, representada por la figura de Julio Borges, y por los denominados como presos políticos: Antonio Ledezma y Lorent Saleh.

Este último Sájarov quizá sea el caso más ilustrativo de hasta dónde ha llegado la instrumentalización del premio y la falta de escrúpulos de los grandes grupos de la Cámara a la hora de utilizarlo como una herramienta al servicio de su política exterior. Con un simple vistazo a la información oficial preparada por los servicios de la Eurocámara sobre los premiados, comprobamos que Saleh “…dejó Venezuela para irse a Colombia, donde empezó a fortalecer su relación con movimientos paramilitares […] fue detenido por el Servicio colombiano de Inteligencia y entregado a las autoridades venezolanas”. Sin duda, buen ejemplo de lo que entienden algunos como “presos políticos”, mientras niegan la mayor al hablar de personas encarceladas por las letras de sus canciones, por poner un tuit o por sacar las urnas para votar.

Es decir, en vez de premiar la labor de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia -y fortalecer la construcción de la paz en un momento en que la implementación de los acuerdos está muy amenazada- se premia a quien intenta exportar a Venezuela el paramilitarismo colombiano que ha costado la vida a buena parte de los 91 defensores asesinados en ese país este año.

El mundo al revés, pero nada nuevo. Ya en el año 2002 se entregó el premio a Oswaldo Payá y en 2010 a Guillermo Fariñas, dos conocidos miembros de la oposición cubana, dejando claro que el premio Sájarov era una herramienta en la estrategia de la UE de seguidismo de EEUU en su empeño por acabar con un Gobierno no disciplinado con las políticas neoliberales. Varios premios a la oposición cubana y venezolana y ninguno a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, Guatemala o México, países donde su actividad ha costado la vida a centenares de personas.

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las defensoras de los derechos humanos son personas que “se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. Resulta complicado encontrar algo de eso en el “juez” que otorga este premio y en los que han sido premiados. En el paramilitarismo, en la promoción de la violencia callejera, o en la promoción del golpismo para derrocar gobiernos democráticamente elegidos.

Por eso, por coherencia y por respeto a quien realmente defiende los derechos humanos y la libertad de conciencia dejándose su vida por el camino, en IU no participaremos de esta ceremonia.