Es suficiente leer o escuchar las informaciones de los distintos medios para que la preocupación por la situación política en Europa y las ofensivas revisionistas o negacionistas aumente día a día. La extrema derecha campa a sus anchas por todo el continente, con violencia, atentados y manifestaciones xenófobas contra destinatarios, débiles en la mayoría de los casos por la privación de sus derechos civiles.

Valgan algunos ejemplos: el gobierno eslovaco proyecta fichar a los 400.000 gitanos del país, criminalizados bajo el pretexto de acabar con la delincuencia; en Hungría asociaciones de antiguos miembros de las Brigadas Internacionales son perseguidas y vejados sus iconos monumentales; en la localidad italiana de Macerata, los inmigrantes han sufrido ataques... Un largo etcétera en el que hay que incluir las ofensivas legales surgidas de gobiernos, como es el caso de Polonia.

Mientras en este país se organizan manifestaciones neonazis con motivo del aniversario de Hitler, el gobierno ultranacionalista de Kaczynski persigue a diversas ONGs y a los medios de comunicación críticos, e incluso hizo peligrar la puesta en marcha del Museo de la 2ª Guerra Mundial de Gdansk, la ciudad polaca donde empezó el conflicto europeo a causa de la política anexionista del dictador alemán. Su inauguración en marzo del 2017, después de un largo proyecto de historiadores especialistas, se llevó a cabo en medio de fuertes polémicas por sus contenidos y presiones del gobierno, en la línea de desdibujar una visión global del conflicto en favor de referentes patrióticos.

Dicha postura gubernamental ha culminado recientemente, el 31 de enero, con la aprobación por el Senado de la incorporación en su código penal del delito, penado con multas o con hasta 3 años de cárcel, de hablar de los campos de concentración polacos o de responsabilizar a Polonia del Holocausto. Quizás el rigor histórico impida adjetivar a los campos nazis de la muerte como polacos, pero el salto de castigar a quienes imputen responsabilidad a los polacos en el Holocausto es un burdo intento de falsificar la historia.

Entramos, en consecuencia, en un terreno también cercano a nosotros. Los discursos nacionales oficiales con el objetivo de alterar la historia para adecuarla a los fines estratégicos de los gobiernos no son otra cosa que una reescritura de los hechos, probados por los historiadores, en suma, una falsificación. Ciertamente, entre los seis millones de judíos asesinados por los nazis, la mitad eran polacos, y entre la población muchos arriesgaron sus vidas en aras a la protección de las víctimas, pero no se puede esconder el fuerte pósito antisemita que afloró en las persecuciones, fuese por odio o por miedo. Jan T. Gross en el año 2001, en su obra "Vecinos" narró la locura desatada en el pueblo de Jedwabne en el mes de julio de 1941, antes de la puesta en práctica de la Solución final, cuando la mitad de sus habitantes acabaron con la vida de 1.600 de sus conciudadanos judíos, bajo la mirada impasible del ejército alemán, que contemplaba como eran los mismos polacos los que llevaban a cabo su tarea asesina. ¿Cómo se puede catalogar a los polacos únicamente como víctimas y despojarlos de cualquier responsabilidad?

En nuestro país, hemos conocido demasiados discursos surgidos de las voces de los vencedores y constatado incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica, sin que haya habido una restitución justa de la verdad histórica que se oponga a los revisionismos y que ubique en su lugar las violencias del pasado, sus implicaciones y sus responsabilidades. Igual que Polonia también España y otros países, como Francia, Austria, Turquía, Ucrania o las Repúblicas Bálticas están divididos con su memoria, con la relativización de los hechos o con la erección de un muro de silencio.

Frente a historias nacionales orientadas a plasmar intereses e idearios gubernamentales, se precisa de una visión global e internacional que sitúe los conflictos en contextos amplios, sin interferencias, en la que se yuxtaponga la condición de víctimas y verdugos, que nos permita reflexionar acerca de las respuestas del ser humano ante políticas criminales.