Opinion · Dominio público

Obviedades y vericuetos legales en la política educativa del PP

Rodrigo Seoane Ruano

Federación de Enseñanza de CCOO

Pedro Badía

Nos va a disculpar el lector por las cuatro obviedades que a continuación se expresan:

Obviedad 1: La separación en unas u otras escuelas en base al sexo es una forma de discriminación. Lo es, aunque esta sea en apariencia más o menos sutil en función de la razón que se alegue. Que se apele a argumentos religiosos puede ser escandaloso o razonable para unas u otras personas. A quien le parece razonable le podrá resultar lo contrario (o no) si se alude a cuestiones de género u otras relacionadas con los resultados académicos, como defiende, por ejemplo, la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada. Pero, en cualquier caso, supone una forma de discriminación.

Obviedad 2: La existencia de itinerarios excluyentes a una edad temprana o durante la educación básica y obligatoria en base a resultados es una forma de discriminación. Lo es porque el alumnado que es desviado hacia estos itinerarios presenta con frecuencia dificultades específicas de aprendizaje u otras necesidades educativas especiales de base neurológica o situaciones sociales desfavorecidas impuestas por su medio social, de modo que segregarlo en función de factores connaturales es discriminatorio.

Obviedad 3: Que cualquier profesor o profesora de cualquier escuela pública a lo largo del país sea seleccionado a través de un concurso oposición excepto el profesorado de Religión, que es nombrado a dedo por la Curia, es una forma de discriminación. De la misma manera que es una forma de discriminación que en un estado aconfesional la asignatura de Religión católica tenga como alternativa Valores Sociales y Cívicos (en Educación Primaria) y Valores Éticos (en Secundaria).

Obviedad 4: Permitir un sistema que, amparado en la libertad de elección, consienta que algunos centros financiados con fondos públicos seleccionen al alumnado de nuevo teniendo en cuenta características connaturales es discriminación. Basta con acceder a las estadísticas propias del Ministerio de Educación para comprobar que más de 129.000 niños y niñas con necesidades de apoyo educativo se escolarizan en centros públicos, mientras que solo en torno a uno de cada cuatro lo hace en laescuela concertada, o que el 76 % del alumnado con desventaja socioeducativa estudia en colegios e institutos públicos.

Estas obviedades no fueron tales para José Ignacio Wert y Méndez de Vigo, últimos dos ministros de Educación del PP, ni parece que lo sean ahora para Tribunal Constitucional (TC), que, según han adelantado algunos medios de comunicación, se alineará con los sectores más conservadores de la política y la Iglesia católica, validando la asignatura de Religión católica y su alternativa; reduciendo el papel de las familias a simples consumidores de un producto; certificando los itinerarios educativos; y haciendo una lectura reduccionista del artículo 27 de la Constitución al equipar las libertades de enseñanzas a la libertad de elección de centros, otorgando el visado de constitucional a la financiación pública de los centros concertados que segregan por sexo. En definitiva, avalando ideológicamente la LOMCE, una ley educativa extremadamente conservadora y en muchos casos técnicamente difícil de aplicar.

Vericueto normativo

El Tribunal Constitucional podría legitimar así, por la vía del vericueto normativo, un modelo educativo del Partido Popular que, en lo social, fue expresamente rechazado por la comunidad educativa a través de numerosas huelgas y manifestaciones, y, en lo político, por el conjunto de los partidos de la oposición parlamentaria. Ningún partido, sindicato, asociación de padres y madres ni organización estudiantil quiso faltar a la foto donde manifestaban su absoluto rechazo a la LOMCE.

La sentencia del Constitucional daría luz verde a una ley que promueve la iniciativa privada, dejando al Estado un papel subsidiario. Los recortes en las políticas socioeducativas, becas y ayudas; los recortes en las plantillas; y la exclusión de una parte del alumnado del sistema educativo son buenos ejemplos de la ausencia del Estado. Cuanto menor es la inversión pública, más se debilita el derecho a la educación y se encarece disfrutar de este derecho básico y universal para las familias. Un dato revelador: la crisis ha costado a las familias más de 8.000 millones de euros que han tenido que invertir de su bolsillo para intentar garantizar un mínimo de calidad en la educación de sus hijos e hijas. El modelo educativo que subyace en la LOMCE reduce el papel de las familias a consumidoras pasivos cuyo papel en el proceso educativo es elegir centro y pagar. Una interpretación estrecha y degradante de la libertad de enseñanza.

Según parece, el TC equiparará la libertad de enseñanza a la libertad de elección de centros, de acuerdo con el ideario más conservador de la Iglesia católica y del Gobierno del PP. Una interpretación alicorta. La libertad de elección de centros supone la segregación social y económica y la adhesión a un ideario determinado. Son los centros los que eligen al alumnado, que terminan formándose en un ambiente de homogeneidad económica, social e ideológica que rompe la cohesión social.

Solo desde lo emocional y desde la firmeza de las creencias en un credo determinado, en este caso la Religión católica, se entiende el aval que el TC parece que va a otorga al papel de la asignatura de Religión católica y a su alternativa, también supervisada por la jerarquía eclesiástica española. Una situación anómala. La Curia elige al profesorado de Religión, que se paga con dinero público, y lo mantiene en el ámbito de la función pública con un estatus profesional equiparable al de “contratado” sin haber superado los requisitos administrativos exigidos para ello. Desde el punto de vista educativo ya se da el caso del alumnado que puede terminar el Bachillerato habiendo recibido doctrina a través de la catequesis de Religión católica pero desconociendo el papel de la Ilustración en el pensamiento contemporáneo.

De nuevo, a la calle

La sentencia del TC sería la gota que colma el vaso de la paciencia de la comunidad educativa, que vuelve a ver cómo se pierde una oportunidad más para que sus exigencias de derogación de la LOMCE sean llevadas a buen fin y, por tanto, parece que puede volver la marea verde a las calles. Marejada que tendría como protagonistas estelares a las madres y padres, a los alumnos y las alumnas y al profesorado, y que aceptará sin duda la compañía de todos los grupos políticos que aspiren a un sistema educativo libre de discriminaciones. Podemos y PSOE presentaron candidatura cuando abandonaron el Pacto Educativo. ¿Qué hará Ciudadanos?