Los amantes de las comedias musicales conocen de sobra Brigadoon (1954), un film de Vincente Minnelli, cuyos actores principales son Cyd Charisse y Gene Kelly. Cuenta la historia de dos estadounidenses que llegan a las Highlands, en Escocia, a cazar perdices y descubren un misterioso pueblo, Brigadoon, víctima de una maldición: sólo existe un día cada cien años. En la comedia política europea, un hechizo semejante afecta a cualquier proyecto de "Europa social": durante algunas semanas, cada cinco años, sale a la superficie en los programas de los candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo. Después desaparecerá del paisaje político hasta el siguiente escrutinio.

Los dirigentes de los Estados y de las instituciones de la Unión Europea (UE) parecen haber comprendido que ese libreto, ya viejo de varias décadas, no podía repetirse indefinidamente pues, habida cuenta de la experiencia, ya nadie se tomaría en serio sus promesas. Por esa razón, sin esperar la campaña de las elecciones europeas de mayo de 2019 y para ir preparando el terreno, han propuesto varias iniciativas con el objetivo de abonar la idea de que la UE también podía ser "social". De tal modo que, el 17 de noviembre de 2017, en el Consejo Europeo de Gotemburgo (Suecia) fue adoptado el "Pilar europeo de los derechos sociales" basado en veinte principios y derechos esenciales, organizados en torno a tres temas principales: igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral; condiciones de trabajo equitativas; protección e inclusión social.

A fin de otorgarle un máximo de solemnidad, el texto fue firmado por los presidentes del triángulo institucional: el del Consejo, el de la Comisión y el del Parlamento. Esta puesta en escena tiene una función bien definida: hacer olvidar que los grandes principios enunciados en ese pilar no tienen el más mínimo carácter obligatorio. Son simplemente "proclamados", y su concreción depende del antojo de los Gobiernos y de la Comisión. No se encuentra ni objetivo cuantificado, ni calendario, ni procedimiento sancionador en caso de no respeto de tal o cual parte del pilar por un Estado miembro. Es muy diferente de lo que ocurre en materia de política presupuestaria; ahí los tratados prevén un techo de 3% de los déficits públicos y multas para los Estados que no lo respeten.

Esta diferencia de tratamiento dice mucho sobre el lugar que ocupa lo "social" en la jerarquía de las políticas europeas. Y el anuncio, realizado por la comisaria Marianne Thyssen, de la creación, antes de 2019, de una Autoridad Europea del Trabajo no modificará radicalmente esta jerarquía. Esa Autoridad se encargará de articular las modalidades de intervención de los diferentes sistemas nacionales de inspección del trabajo en caso de conflictos sociales transnacionales. Aun cuando una estructura semejante pueda resultar útil, cuesta compartir el entusiasmo de la Comisaria que ve en ella "la joya de la Corona de un mercado de trabajo europeo funcional"...

Hasta que tengan lugar las elecciones al Parlamento Europeo, sin duda otras iniciativas de este tipo nacerán para tratar de darle un barniz "social" a la UE y ofrecer así algunas municiones utilizables contra los partidos y movimientos euroescépticos. Pero no nos hagamos ilusiones: esas iniciativas nunca podrán extraerse de la lógica liberal de los tratados y de su traducción en políticas nacionales. A este respecto, es significativo que, en sus propuestas para la reactivación de la UE, el presidente francés Emmanuel Macron solo se haya interesado por la integración económica, financiera y política de la zona euro. ¿Y lo "social"? La respuesta es sencilla: medidas cosméticas y campañas de comunicación.