Dominio público

Opinión a fondo

USA, S.A.

17 Oct 2010
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JOSEP FONTANA

Las elecciones norteamericanas “de mitad del mandato” que se celebrarán el próximo 2 de noviembre pueden representar un momento decisivo en la historia de la democracia en Estados Unidos. No se trata en realidad de que esté ocurriendo algo nuevo en la sociedad norteamericana, sino de que estamos asistiendo a la culminación de un proceso que comenzó hace 30 años con Richard Nixon y Ronald Reagan, quienes pusieron en marcha una contrarrevolución con dos programas paralelos.
El primero, de carácter netamente político, estaba encaminado a dar un giro a la derecha al Tribunal Supremo, cuyos nueve jueces habían tenido en el pasado un papel fundamental en la transformación progresiva de la sociedad norteamericana con decisiones como la de Brown v. Board of Education, de 1954, que ilegalizó la segregación racial en la educación pública, o la de Roe v. Wade, de 1973, que definió los derechos al aborto. Este proceso de transformación del tribunal en un sentido retrógrado, que empezó Nixon y culminó George W. Bush, ha dado pie a una serie de decisiones reaccionarias, que culminaron el 21 de enero de 2010 con Citizens United v. Federal Election Commission, una medida que liberaliza las donaciones electorales de las empresas y los sindicatos y pone fin a los esfuerzos que hasta hoy se habían hecho para controlar la financiación de las elecciones.
El segundo programa estaba inspirado por un texto escrito en agosto de 1971 por Lewis Powell,
poco después de que Nixon le propusiera convertirse en miembro del Tribunal Supremo (algo a lo que Powell se resistía, porque abandonar la práctica privada de la ley le iba a hacer perder mucho dinero). El texto, titulado “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, lo envió a la United States Chamber of Commerce, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. En él se advertía a los dirigentes de los negocios que las amenazas al mundo de la “libre empresa” tenían como autores intelectuales a “los estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas, los científicos”. Proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, en especial los de Economía, Ciencia Política y Sociología, y pedía que las organizaciones empresariales actuasen con firmeza: “No ha de haber ninguna vacilación en atacar a los Nader, los Marcusse y otros que buscan abiertamente la destrucción del sistema. No ha de haber duda en abogar en todos los espacios políticos por el apoyo al sistema de libre empresa. Ni ha de haber escrúpulo alguno en penalizar públicamente a quienes se oponen a él”.
Los empresarios respondieron en los años siguientes actuando a través de fundaciones financiadas con dinero que se podía deducir de los impuestos. A través de los think tanks que mantenían, y utilizando los medios de comunicación que controlaban, patrocinaron campañas ideológicas como la del “fin de la historia” de Fukuyama o la del “choque de civilizaciones” de Huntington, y colaboraron con la derecha cristiana en los esfuerzos obscurantistas para reemplazar en la enseñanza la teoría de la evolución por la del creacionismo o por el “intelligent design”.
Las cosas han cambiado en 2010, tras Citizens United. El dinero de los empresarios se aboca ahora a un nuevo tipo de entidades que se han creado de acuerdo con unas reglas que no les obligan a dar cuenta al público de dónde procede el dinero que reciben. Por esta vía, una gran cantidad de dinero secreto, con estimaciones que van desde los 200 hasta los 500 millones de dólares, se está utilizando para financiar campañas contra los “liberales” y para apoyar a los aspirantes republicanos más conservadores.
El programa político que defienden estas organizaciones coincide en proponer recortes de impuestos para los más ricos, disminuir los servicios sociales, suprimir el salario mínimo, rechazar las actuaciones para prevenir el cambio climático… En algunos casos, la relación entre sus planteamientos y los intereses de los donantes es directa y transparente, como sucede con American Future Fund y su patrocinador, que es uno de los mayores productores de etanol. En cuanto a la U.S. Chamber of Commerce, se la acusa de haber recibido dinero de empresas extranjeras como Siemens, Shell o BP, la responsable del desastre ecológico del golfo de México, cuya participación en la campaña electoral resulta dudoso que sea desinteresada.
Si esta ofensiva consigue la mayoría en el Congreso, podemos entrar en una etapa en la que los intereses empresariales controlen por completo la política. Un periodista “liberal”, E. J. Dionne jr., ha dicho que “la elección de 2010 se está convirtiendo en una lucha de clases, que han empezado los ricos y poderosos”. Más significativa es la opinión del congresista Chris van Hollen: “Lo que está sucediendo ante nuestros ojos es un intento descarado por grupos de intereses ajenos a la política, que usan dinero secreto para comprar un Congreso que se ponga al servicio de sus intereses, a expensas del pueblo norteamericano”.
Tal vez Orwell se equivocó de diagnóstico. El mayor enemigo de las libertades públicas puede que no sea el “gran hermano” estatal que pretende controlar nuestras vidas, sino el “gran dinero” que amenaza con destruir el Estado para convertirlo en una sociedad anónima.

Josep Fontana es historiador

Ilustración de Enric Jardí


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