Hace una pocas semanas el Tribunal Supremo condenó al Gobierno de España a cumplir el art. 25 de la Ley de la Ciencia en el plazo de seis meses. Lo mismo le había pedido unánimemente el Congreso de los Diputados el 27 de junio de 2017.

El precepto que ahora obliga a cumplir el Tribunal Supremo (TS) establece la igualdad entre los científicos de los ocho Organismos Públicos de Investigación (OPIs) que dependen del Estado. En este momento la cuarta parte de dichos científicos, casi un millar, viene siendo objeto de un trato discriminatorio con respecto a sus compañeros de la misma categoría y funciones, que a veces trabajan en el mismo laboratorio. En 2011 los científicos provenientes Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), casi 3000, trabajaban en mejores condiciones que el resto y la Ley de la Ciencia estableció que todos tendrían idénticas condiciones laborales a partir del 1-1-2014. Pero el Gobierno no cumplió la Ley y ha mantenido a los científicos discriminados en razón de su origen va para cinco años.

Durante todos estos años el Gobierno ha venido aduciendo que cumplir el artículo 25 de la Ley de la Ciencia hubiera implicado un aumento del gasto, y una infracción de la Ley de Presupuestos. Sin embargo, la sentencia del TS rechaza que se pueda incumplir indefinidamente una Ley apoyándose en otra de presupuestos, que nunca prevé fondos para cumplir la que no interesa. Altos responsables económicos de distintas Administraciones nos han confirmado que la excusa del incremento presupuestario no se sostiene. Ni jurídica, ni económicamente. Es una cortina de humo para satisfacer las demandas de grupos de presión próximos al Ejecutivo.

¿A quién beneficia el incumplimiento?

El artículo de la Ley que el Gobierno se niega a cumplir establece, simplemente, que los incentivos al rendimiento laboral sólo se abonarán previa evaluación favorable, por comisiones externas, de los méritos cosechados por el científico a lo largo de un determinado periodo. En el sistema anterior, que debió extinguirse en 2013 para la cuarta parte de los científicos, los incentivos se distribuyen a la discreción del jefe de turno. O sea, a dedo.

Entre los principales detractores del nuevo sistema están los directivos de los propios OPIs, nombrados a dedo por el Gobierno, que no quieren perder el control que representa un reparto discrecional de fondos que refuerza fidelidades y suaviza discrepancias. Una valoración externa de méritos refuerza la independencia de los científicos frente a las presiones políticas.

Por otro lado, está un grupo organizado de colegas que se dedica a mentir de forma sistemática y pública sobre la amenaza que representa la evaluación prevista en la Ley. Ello a pesar de la delicadeza y gradualidad con que la norma instaura el nuevo sistema de evaluación, garantizando siempre el sueldo íntegro -en cómputo anual- a todos los que no llegasen a alcanzarlo con el nuevo sistema.

Sin embargo, hay un sector de privilegiados por el sistema anterior, bien relacionado con el poder, que ha decidido que no les basta con mantener sus emolumentos o de incrementarlos en razón de méritos ordinarios. Pretenden, sin ningún tapujo, que se les garantice a toda costa la máxima valoración en los incentivos de excelencia pese a que no cumplen, ni de lejos, los requisitos mínimos que viene exigiendo la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Su hoja de ruta está muy clara: primero, intentar alterar el sistema general de evaluación para ajustarlo a sus necesidades, propiciando -si fuera posible- una comisión evaluadora al margen de la CNEAI más proclive a sus intereses y, segundo, cuando la aplicación de la Ley sea inevitable, intentar no que se aplique desde la fecha que figura en su texto. Esto es, el 1 de enero de 2014.

Un grave inconveniente adicional es que estos argumentos han sido avalados públicamente por entidades muy influyentes que tienen línea directa con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, principal responsable de la paralización de la Ley.

El debate presupuestario: todavía queda una oportunidad para cumplir la Ley

A principios del mes pasado el gobierno nos sorprendió con una disposición adicional, la trigésima séptima, en el proyecto de Ley Presupuestos para 2018 (PGE 2018), que se tramita actualmente en el Congreso. A cambio de reconocer que existimos, por primera vez, la citada disposición nos despoja retroactivamente los derechos económicos generados durante cuatro años de incumplimientos.

Sin embargo, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo está bastante claro que el texto que actualmente figura en la Disposición Adicional 37 de los presupuestos de 2018 que se están tramitando no es legal.

Claramente, existen procedimientos reglamentarios que permitirían aprobar una enmienda transaccional común, rubricada por todos los grupos, y cambiar el texto para que se ajuste a la legalidad y a los criterios del Tribunal Supremo.

En el debate y votación de enmiendas parciales, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, celebrado el pasado jueves se perdió una gran oportunidad. Una enmienda del grupo socialista que proponía cambiar la fecha de efectos a 2014, en lugar de 2018, en la disposición adicional 37, para cumplir la Ley y la sentencia del Supremo, se encontró con la oposición radical del Partido Popular que se negó a negociar cualquier tipo de enmienda transaccional en ese sentido. Ciudadanos, vinculado por un pacto de sangre con el Gobierno, y el PNV, que se prepara ya para dar su placet definitivo a los Presupuestos de 2018, también contribuyeron a sacar adelante el rechazo a la enmienda por 19 votos contra 17. A favor de enmendar la disposición adicional 37 votó toda la izquierda, que estuvo muy acertada en sus planteamientos y cercana en todo momento a los científicos que se concentraron a las puertas del Congreso.

Paradójicamente, los cuatro grandes partidos del arco parlamentario se mostraron más o menos apesadumbrados al término del debate. La izquierda porque había perdido la votación de una propuesta que era legal y justa; el centro porque estaba maniatado por su pacto con el PP y éste último porque "Hacienda se niega". Es claro que los altos cargos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas conocerán los motivos por los que llevan un lustro impulsando al Gobierno a incumplir la Ley. Pero, desde luego, no es por el millón y pico de euros al año que ello puede representar, según estimaciones del propio Ministerio.  Por un lado, porque una Ley vigente obliga a ello. Por otro, porque en otro párrafo de la misma disposición se dispone de unos fondos de cuantía cientos de veces mayor para la justa homologación retributiva de varias decenas de miles de empleados públicos que han sido discriminados injustamente durante décadas. Está claro que cuando se quiere, se puede.

En los próximos días se va a escribir el último capítulo de esta rocambolesca historia en el pleno del Congreso. Está claro que nuestro Gobierno y el partido que lo sustenta han estado tantas veces -y por tan graves causas- al margen de la Ley, que este asunto es, apenas, una motita en la pestaña. Sin embargo, al menos una parte de la oposición que apoya los presupuestos de 2018 no debería sumarse a una la posición del Gobierno a sabiendas de que infringe la Ley y la Jurisprudencia que ha condenado a su socio. No sabemos hasta donde llega el compromiso presupuestario. Pero hay límites que nunca, nunca, debieran sobrepasarse.  Veremos qué pasa el próximo miércoles.