Opinion · Dominio público

No es sólo el sistema judicial

Bárbara Tardón Recio

Doctora en estudios interdisciplinares de género. Experta en violencia hacia las mujeres y derechos humanos

Llevamos toda la vida conviviendo con el miedo latente de ser violadas. Desde el mismo día que nacimos, no hay nada más terrorífico que podamos imaginar que poder ser agredidas sexualmente por un monstruo. Ese pensamiento nos agarra desde el mismo instante en que tomamos conciencia del significado de nuestros cuerpos y lo aceptamos con resignación para poder sobrevivir. La filósofa Claudia Card (1991) recordaba que “incluso las mujeres que se conforman con estas reglas y no sienten miedo de ser violadas,  han sido aterrorizadas con ello”.  Y a pesar de todo, también somos felices y en la mejor de las circunstancias gracias al feminismo –al menos en mi caso-  podemos llegar a “flipar” de nuestra libertad sexual. Yo me siento una privilegiada, pues la primera vez que un acosador me tocó tenía 9 años, no era ni mi padre, ni mi hermano, tampoco mi vecino. Así que me libré de ser violada antes de los 9 años, como sí que les ha pasado a amigas mías, conocidas o los numerosos casos que llevo documentando los últimos años de mi vida a través de mi trabajo.

En ese continuum de violencia (Kelly, 1988) que evidencia las conexiones particulares que existen entre todas las formas de violencia sexuales (las más extremas o las más sutiles), la última vez que me tocaron a mis 41 años, sin consentimiento y ni mucho menos sin que mediara la posibilidad de que existiera algún tipo de deseo, fue hace dos meses en Malasaña. Un tipo muy cool y muy exitoso decidió despedirse de mí sobándome el culo.   Así que esa falsa imagen del monstruo violador se ha desintegrando a medida que he ido profundizando en todos los matices que acompañan el ejercicio de la violencia sexual, de la ideología patriarcal y de esta institución terrorista, la violación.

Porque sí, la violación es una forma de terrorismo, cuyo objetivo, como sucede con otros terrorismos, consiste en monopolizar el miedo, con la finalidad de aterrorizar a un grupo determinado de población -las mujeres-, para mantenernos de forma global en una situación de subordinación incontestable en cualquier lugar del planeta: en Madrid, Bogotá, Roma o en Jerichó. La “tocada de culo” al fin y al cabo, es una forma más de control de nuestros cuerpos y de nuestra libertad sexual, es una arista más en la construcción del miedo. Lo sé, no es ni mucho menos comparable con una violación, pero forma parte “del todo” de lo que configura la violencia sexual.

También es cierto que afortunadamente y a pesar de lo desgarrador de lo que escucho y documento cada día, de los cientos de sentencias que absuelven a violadores o les conceden libertad provisional, sin que haya existido ni un ápice de arrepentimiento de sus responsables violadores y en las cuales queda documentada sin duda la falta de consentimiento y la ausencia de autonomía sexual por parte de la víctima o superviviente,  los pilares que sustentan el sistema patriarcal están siendo sacudidos por una ola feminista internacional imparable.

Para combatir la forma de dominación por excelencia del sistema patriarcal, la violencia sexual, es fundamental que interpelemos todos esos cimientos que lo sostienen, lo alimentan y lo refuerzan sin pudor. Y en este esfuerzo a veces agotador y pesimista que nos atraviesa, también siento miedo al pensar que una buena parte de la sociedad considera que la solución pasa por modificar el Código Penal, o que el único responsable de tanta impunidad es en solitario el sistema judicial. Como si por arte de magia, siglos de patriarcado y de violencia sexual se desarticularan aumentando las penas o sustituyendo a determinados magistrados. En este sentido, el sistema judicial representa sólo uno de esos dispositivos que, a pesar de presumir de independencia judicial, es cierto que vomita patriarcado a diestro y siniestro, significado en las conocidas y no tan conocidas sentencias, envenenadas de estereotipos de género y de toda una mitología que cuando habla de violencia sexual no deja de responsabilizar a las víctimas y supervivientes, restar responsabilidad a los agresores y bloquear la impunidad de sus execrables actos.

Pero más allá de esa mole que representa el sistema judicial, una cuestión tan política como es la sexualidad y la violencia sexual –por eso nos violan desde el origen de los tiempos-, necesita ser interpelada y combatida sin tregua desde un enfoque feminista y de derechos humanos que exija al Estado español y a sus sucesivos gobiernos que se responsabilicen de una vez de este infierno. Porque sólo con echar un vistazo a la línea del tiempo veríamos que aún ningún gobierno ha hecho aún nada por remediar tanta impunidad.  Así que en esa estamos, llorando de rabia, porque no estamos dispuestas a esperar más, por eso llevamos siglos apropiándonos de las calles, como siempre lo hemos hecho, con esa gran dignidad que nos caracteriza históricamente a las feministas.

Y mientras tomamos las calles, además de indignarnos ante esa justicia patriarcal, amparada por una teoría del derecho “esencial e irreparablemente masculina” (West, 2000), que lejos de proteger y garantizar nuestros derechos, nos hace sentirnos profundamente inseguras y desconfiadas, exigimos que se adopten políticas públicas para prevenir y combatir la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones; que esas mismas políticas públicas estén dotadas de presupuestos coherentes con la magnitud de esta forma sistémica de violencia; que se incorpore la educación afectivo sexual en las escuelas de forma obligatoria –también en los colegios religiosos- y que por favor, se hable de sexualidad, de libertad sexual, de consentimiento y deseo; qué se dote en todas las comunidades autónomas de recursos asistenciales que acompañen e intervengan con todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual;  que se investigue diligentemente los delitos y las víctimas no tengan que soportar un tormento de revictimización desde instancias policiales hasta entrar en esa cueva que para muchas representan los juzgados y las personas que pululan por ellos; y por supuesto,  que la reparación integral (la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición) se contemple en nuestras normas y en la realidad de las víctimas y supervivientes.

Porque a pesar del silencio generalizado que sigue acompañando la violencia sexual, del que deliberadamente se aprovecha el Estado para seguir sin hacer nada, el movimiento político feminista internacional es plenamente consciente, tal y como ya apuntó la gran Audrie Lourde, de que el silencio nunca nos protegerá, ni individualmente, ni mucho menos colectivamente. Por eso mismo, muchas de nuestras grandes exigencias pasan por debilitar ese silencio, dirigiendo nuestras demandas no sólo del sistema judicial, también a todos aquellos pilares que justifican y sostienen el ejercicio directo de las violencias sexuales.