Opinion · Dominio público

La transición energética precisa de la participación ciudadana

Vanessa Álvarez

Departamento de comunicación de Ecooo Revolución Solar

En el año 2015, tras la Cumbre del Clima de París, parecía que la comunidad internacional se comprometía a impulsar una economía descarbonizada que hiciera frente al cambio climático. Sin embargo, la falta de voluntad y acuerdos vinculantes fueron diluyendo esta nueva etapa en la cooperación climática, acrecentada por la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar al país americano de dicho Acuerdo.

El pasado mes de mayo, la concentración de C02 en la atmósfera de la Tierra se situaba en las 413 partes por millón, cifra que no se alcanzaba desde hace 15 millones de años, según las mediciones del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (Tenerife). Así mismo, el 2017 fue el año más cálido y el segundo más seco en España desde 1965, cuando comenzaron los registros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por tanto, abordar los retos ecosociales del presente siglo, debe ser la prioridad de cualquier Estado, siendo inadmisible continuar postergando la responsabilidad que cada Gobierno tiene con la sostenibilidad de la vida en el planeta Tierra. Nos enfrentamos a retos muy diversos y complejos, interrelacionados y para los que no contamos con experiencias previas que puedan guiar nuestras acciones. El calentamiento global, el deshielo de los casquetes polares y glaciares, la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de los hábitats naturales, la industrialización de todos los procesos, la contaminación atmosférica, del agua y los suelos, la deforestación de los escasos reductos aún vírgenes, etc., se suman al incremento de la población humana y su concentración en espacios urbanos, al tiempo que se abandona el medio rural. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la población mundial alcanzará los 8.100 millones de personas en el año 2025 y los 9.600 millones a mitad del presente siglo. Además, el crecimiento poblacional no será equitativo, sino que las proyecciones indican un incremento mayor en las áreas urbanas, así como la urbanización de las zonas rurales.

La urgencia de todos y cada uno de estos retos tiene que ser asumida por toda la ciudadanía como una cuestión vital e inaplazable en la que sólo cabe la acción y el consenso. Nuestro país, uno de los más vulnerables de Europa como consecuencia de su situación geográfica, debe decidir si quiere estar al frente de la transición ecosocial y, para ello, sólo hay un camino, realizar profundas reformas que sienten las bases de un nuevo modelo económico y relacional. Con sequías cada vez más pronunciadas y prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos que comienzan a ser una constante, incendios forestales virulentos alimentados por las elevadas temperaturas y la desertización, litorales arrasados por temporales reiterados y un largo etcétera, no parece calar en el imaginario colectivo la premura, ya no de transitar hacia un nuevo modelo ecosocial, si no de aterrizar una propuesta sensata, justa y equitativa que no deje a los colectivos más vulnerables en el camino. El planeta lleva décadas alertando a nuestra especie de lo ecocida que es nuestra civilización, sobrepasando sus límites biofísicos año tras años y sobreexplotando los recursos naturales en beneficio de un sistema capitalista que sólo busca la maximización de los beneficios, externalizando tanto los costes sociales como ambientales.

Ante este panorama tan desolador se nos presentan dos opciones, la inacción y continuar avanzando hacia un colapso ecosocial o asumir que nos encontramos en una sociedad globalizada y que las respuestas a estos retos deben ser planteadas desde el altermundismo y el ecofeminismo. El cambio de paradigma debe ahondar en la intercooperación y la democracia participativa y participada de una ciudadanía comprometida con el bien común. Cambios estructurales tan profundos no pueden realizarse desde la imposición, es imprescindible que las medidas sean cooparticipadas y adoptadas contando con la inteligencia colectiva y el sentido común. Cuando las personas se involucran en la toma de decisiones, los cambios son duraderos y responden a las necesidades de las mayorías.

En España hemos convivido, durante más de siete años, con una política energética inconsciente e irresponsable respaldada por los grandes capitales, en connivencia con los poderes políticos. Es el momento de establecer la hoja de ruta contrahegemónica de manera colectiva, impulsando espacios comunitarios de co-decisión, que aporten soluciones replicables y escalables.

Limitar la injerencia de las grandes corporaciones a las políticas energéticas de este país es imprescindible. La energía debe ser entendida como un derecho básico y no como un bien especulativo en manos del mercado. Para ello, la primera medida debe ser propiciar una cultura energética basada en el ahorro y la eficiencia donde la ciudadanía se empodere como agente activo del cambio de modelo energético. Personas formadas e informadas que se convierten en correas de transmisión en sus entornos y espacios propiciando logros tan reseñables como los de las niñas y niños que participan en el ecooolocal 50/50, que impulsamos en 23 colegios de diferentes Comunidades Autónomas. Ahorros del 20% de media en los suministros de energía y agua, sólo con cambios de hábitos, pero, sobre todo, una actitud crítica y consecuente ante actos tan cotidianos como encender una luz o abrir un grifo, son toda una inspiración para seguir incidiendo en la importancia de la cultura energética.

Poner fin al enorme despilfarro energético pasa por trasponer, antes del 10 de marzo de 2020, a la legislación española, la Directiva 2018/844/UE que modifica la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios, superando las limitaciones del Real Decreto 56/2016 que traspuso, en su momento, la Directiva 2012/27/UE. El 80% del parque inmobiliario español necesita medidas urgentes de rehabilitación con criterios de sostenibilidad y, para ello, se debe incentivar la intervención integral de las viviendas existentes, muchas desocupadas, para que éstas sean de consumo energético casi nulo, ahorrando materias primas y generando empleo. Además, la nueva Directiva europea insta a que todos los edificios, existentes y de nueva construcción, cuenten con energía renovable in situ, puntos de recarga para vehículos eléctricos y aplicaciones inteligentes interconectadas. No se puede salir de la crisis generada por la burbuja inmobiliaria incentivando otra.

Una vez interiorizada esta nueva cultura energética fundamentada en el ahorro y la eficiencia, ya es posible avanzar en el resto de medidas estructurales que tengan como resultado una transición energética caracterizada por su ambición. Una apuesta de máximos donde no se sustituyan unos combustibles fósiles por otros, vendiéndose al gas natural como una energía limpia desde el marketing verde del oligopolio eléctrico u otorgando un papel clave a la nuclear en el mix energético. La única energía limpia es la que no se produce ni consume, pero la siguiente mejor opción es acelerar la transición energética situando el foco en la maximización de la implantación de renovables. En el caso concreto de España, con una fuerte dependencia energética externa, pero con importantes recursos biosféricos (sol, viento o agua), emplazamientos óptimos y tecnologías maduras, se trata de la alternativa más sensata. Hoy en día, las energías renovables son significativamente más baratas que las energías convencionales por lo que el argumento económico no puede seguir siendo la excusa para negar los derechos energéticos básicos de la ciudadanía y continuar fomentando un sistema económico altamente contaminante e injusto.

Energías renovables como respuesta a la necesidad de una soberanía energética con la que no se cuenta actualmente y que permitiría abordar otro de los grandes retos del país, la pobreza energética que sufren una de cada 10 personas en España (4,5 millones de personas según datos del propio Gobierno español). Pobreza energética que tiene una mayor incidencia en las mujeres como consecuencia de la feminización de la pobreza y la presencia mayoritaria de éstas en el espacio privado, en el hogar.

En este punto es importante destacar que no se debe dar por supuesto que las renovables son, per se, la mejor alternativa. Éstas deben ser, además, la respuesta sensata desde la responsabilidad socioambiental. Energías renovables que no desplacen a la población local ni atenten contra la vida y la biodiversidad del planeta. Para ello es vital frenar la vulneración de DDHH de las transnacionales y apostar por un modelo energético descentralizado que priorice los recursos presentes en el territorio y se sustente en la participación democrática de la ciudadanía y no en la construcción de macro huertos solares, grandes parques eólicos o mega presas hidroeléctricas. Urge terminar con el saqueo de los recursos energéticos de los países del Sur global para continuar manteniendo los niveles desorbitados de demanda energética en los países del Norte.

El fomento de la autoproducción energética de renovables tiene que ser otra de las prioridades del nuevo modelo energético. En España, tan sólo hay alrededor de 1.000 cubiertas con paneles fotovoltaicos mientras que en Reino Unido llegan a las 700.000 o en Alemania superan el millón. Llenar los tejados de edificios públicos, privados y de los hogares de instalaciones solares permitiría reducir las emisiones, a la atmósfera, de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático, sobre todo en las ciudades. Resulta indiscutible, por tanto, reseñar el rol facilitador que juegan las Instituciones a la hora de promover la transición energética y la activación ciudadana, un compromiso ineludible e inaplazable con la sostenibilidad del planeta que puede realizarse a través de subvenciones o exenciones fiscales. Así, podríamos destacar como La Palma se ha convertido en la región de España con más instalaciones fotovoltaicas registradas en viviendas por número de habitantes en tan sólo 45 días, gracias a la cooperación entre cooperativas, administraciones y una empresa de la economía social y solidaria como la nuestra. Este dato refleja que a pesar de haber tenido en España una de las legislaciones más restrictivas, de las fuertes barreras de entrada y de un sinsentido de normativas y procedimientos delirantes, en materia de autoconsumo, la ciudadanía va por delante del regulador superando la inacción. Ahora es el turno de las Administraciones erigirse como catalizadoras de este cambio de paradigma y no continuar obstaculizando la autoproducción energética individual ni el autoconsumo compartido. La derogación del llamado “impuesto al sol”, desde Europa, es un gran paso en este sentido.

Apostar por el balance neto e incluso por las subastas de renovables, siempre que se haga atendiendo al fomento de proyectos con una visión ecosocial y que activen la participación ciudadana en el ámbito energético a través de un cupo de reserva, son otras medidas alineadas con la transición energética.

Medidas que permitirían generar empleo local y de calidad, revitalizando los barrios y los pueblos, asentando y favoreciendo el arraigo de la economía, situando a las personas en el epicentro de la acción y conectando todo el entramado de redes y tejido social, presente en cada territorio.

Pero la principal apuesta debe ser la democratización de la energía facilitando herramientas sólidas y sencillas que permitan a la ciudadanía ser co-protagonista del nuevo modelo energético, por ejemplo, contratando la luz con una cooperativa que sólo comercialice energía renovable, invirtiendo en proyectos colectivos como la socialización de plantas fotovoltaicas o eólicas o aplicando metodologías de ahorro y eficiencia energética en los hogares.

Las soluciones a los grandes retos ecosociales de este siglo no pueden supeditarse al avance de la tecnología ya que ésta, aunque necesaria, no es suficiente para paliar las consecuencias de los problemas generados por el ser humano. Sólo una ciudadanía que trabaje unida desde el ecofeminismo, la consciencia colectiva, la justicia social, la solidaridad, el inter e intra cooperativismo, la equidad, la conquista de los espacios públicos y privados y que sitúe la vida en el centro, podrá ser el motor del cambio tan urgente y necesario que necesita el planeta.

Se abre una ventana de oportunidad para España para apostar por otro modelo con la creación del nuevo Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente, que se sitúe a la cabeza de Europa en la lucha contra el cambio climático y promueva un nuevo modelo energético. Una cartera con muchas tareas pendientes, entre ellas, el cierre de las centrales eléctricas de carbón así como la no ampliación de los permisos de actividad a las nucleares, la promulgación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la visibilización de las mujeres en el sector energético y su incorporación a los espacios de debate, reflexión y decisión, el respaldo a las renovables, el fomento del ahorro y la eficiencia energética, la implantación de una fiscalidad que grave las actividades más contaminantes y de subvenciones o exenciones fiscales para aquellas como la autoproducción energética o la rehabilitación de viviendas con criterios bioclimáticos de sostenibilidad, etc. Todo ello desde un prisma en el que la cultura energética sea transversal.