21/02/201118/02/2011

MANUEL DE LA ROCHA

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, además de la CEOE, rompen una dinámica muy negativa en la que se había instalado la política española, especialmente desde que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se vio compelido a cambiar su estrategia y sus políticas por la decisión europea de terminar con las políticas keynesianas y volver a la implantación del modelo de ajuste duro , así como por los fuertes ataques de los mercados financieros al euro y a las deudas soberanas.

Si el primer cuatrienio del Gobierno socialista había estado marcado por el diálogo social, expresado en más de 20 acuerdos con sindicatos y empresarios, la crisis había interrumpido ese enfoque, esa manera de hacer política basada más en la importancia del pacto que en la radicalidad de reformas impuestas y con fuerte rechazo social. Los eventos de mayo de 2010 llevaron al Gobierno a adoptar duras decisiones de ajuste fiscal y de reducción del déficit público, con recortes en pensiones y salarios de funcionarios, así como en inversiones públicas. Pero también a abordar reformas en materias tan sensibles como el mercado de trabajo, la negociación colectiva y la regulación futura de las pensiones, cuya razón de ser no estaba en su vinculación con las causas de la crisis ni en la reducción del déficit público, sino en "dar confianza" a los mercados financieros que, junto al ajuste fiscal, venían exigiendo un ajuste social con mayor flexibilidad laboral –mayor poder de los empresarios– y recortes en las pensiones futuras.
Este cambio dio lugar a un gran enfrentamiento entre Gobierno y sindicatos, con convocatoria de una huelga general, al oponerse aquellos a una reforma laboral que no iba a crear empleo sino a abaratar el despido, y a la subida generalizada de la edad legal de jubilación a los 67 años comprometida por el Gobierno con Europa, con un fuerte distanciamiento entre el Gobierno y sus bases sociales.
Ahora el pacto da un giro a esa política volviendo al diálogo social, con un importante acuerdo que permite al Gobierno recuperar el discurso y retomar la iniciativa política, lanzando un mensaje potente de confianza. Por una parte a la sociedad española, harta de enfrentamientos tan estériles y de recortes sin consenso, y por otra a los mercados financieros, apareciendo en esta crisis como el único Gobierno en Europa que ha conseguido que al menos algunas reformas importantes se hagan con acuerdo con los sindicatos. Y sería positivo que también con acuerdo de todas las fuerzas políticas, si Rajoy se baja de la hamaca.

No ha sido fácil. Aunque como en todo pacto hay aspectos concretos que no satisfacen, los sindicatos han conseguidoreconducir y reequilibrar la propuesta inicial del equipo económico del Gobierno en materia de pensiones, innecesariamente dura para los trabajadores, rompiendo con la pretensión de generalizar la edad de 67 años para jubilarse con pensión plena e incorporando el concepto de carrera de cotización que permitirá la jubilación en diferentes edades, 63, 65 y 67 años, y por lo que más de la mitad de los trabajadores podrán seguir jubilándose con pensión completa a los 65 años. Este acuerdo, además, mejora con una cotización adicional a las mujeres que dejaron el empleo por la maternidad, reconoce derechos a los jóvenes becarios o en prácticas en las empresas, mantiene la jubilación parcial y refuerza los incentivos al retraso en la edad de jubilación.

El acuerdo incluye otros temas relevantes. No sólo el desarrollo reglamentario de los despidos colectivos que corrige alguno de los excesos de la reforma laboral, o la recuperación de un programa semejante al Prodi con reconocimiento de un derecho subjetivo para los parados que han terminado el subsidio, o la potenciación de las políticas activas y un plan de choque para el empleo de los jóvenes, sino también el acuerdo de bases con la CEOE sobre la negociación colectiva.

Uno de los objetivos del actual modelo de capitalismo financiero en su ataque contra el Estado del bienestar es la disminución del poder sindical, de la acción colectiva en defensa de los intereses de los trabajadores. De ahí la feroz campaña que una parte de la derecha económica y política libran contra los sindicatos de clase y los intentos de cambiar radicalmente el modelo de negociación colectiva vigente. Sin embargo, el acuerdo alcanzado lo preserva, manteniendo la autonomía de sindicatos y empresarios y girando sobre tres ejes clave: la primacía del convenio colectivo sectorial estatal en la regulación de la estructura de la negociación en cada sector; la potenciación del sindicato como principal agente de la negociación colectiva; y que la flexibilidad interna de las empresas, su imprescindible adecuación a los cambios, deba realizarse con una mayor participación de los representantes de los trabajadores, es decir, una apuesta por la flexibilidad negociada. El objetivo es que haya más negociación colectiva y, por lo tanto, que las condiciones de trabajo y la flexibilidad en las empresas se regulen colectivamente y no a través de las relaciones individuales, como se pretende desde algunos sectores económicos.
Por último, el acuerdo apuesta decididamente por un mayor impulso en el cambio del modelo productivo de nuestro país, clave para un desarrollo ordenado y potente de nuestra economía y del empleo.
En definitiva, frente a una visión estrictamente economicista de las reformas y frente a los sectores que propiciaban reformas sin pactos, que hubieran incrementado el conflicto social y ahondado las diferencias con las bases sociales de la izquierda que apoyaron al Partido Socialista, se ha impuesto una visión que integra la perspectiva social y política. Se ha recuperado, así, un discurso que se truncó en el mes de mayo pasado, el de los pactos sobre las reformas, con la convicción de que las decisiones que adopte el Gobierno tienen más eficacia si son compartidas por quienes tienen que asumirlas y aplicarlas, ampliando así a las organizaciones sindicales y patronales un poder y una responsabilidad inicialmente exclusiva del Gobierno. Sin duda que es una buena noticia.

Manuel de la Rocha es diputado socialista por Madrid

Ilustración de Enric Llardí