CARLOS GARAIKOETXEA

Han pasado cinco años desde que se perpetrara uno de los ataques más escandalosos a los derechos fundamentales, como la libertad de opinión, expresión y comunicación, con la orden de cierre cautelar del diario Egunkaria y el inicio de un procedimiento penal contra sus promotores. Ya sabemos las consecuencias definitivas que conlleva el eufemístico término "cautelar": trabajadores a la calle, ataque gravísimo a los derechos fundamentales citados y hundimiento de un proyecto vital para la salud del euskara, al retirar de la circulación el único periódico diario escrito en esta lengua, gracias al esfuerzo benemérito de sus promotores y el sacrificio económico de gentes de toda condición, motivadas por su amor a una lengua cuya supervivencia ha venido siendo un milagro a lo largo de los siglos.

El procedimiento penal contra los impulsores del proyecto nos dejó estupefactos, especialmente a quienes habíamos conocido muy de cerca a algunos de ellos, como era el caso, entre otros, del propio presidente de Egunkaria Martin Ugalde, compañero entrañable en lides políticas, humanista y demócrata ejemplar donde los haya, y persona cuya trayectoria vital en la lucha por las libertades y los derechos humanos en su país y en el exilio eran bien conocidos, por lo visto, para cualquiera, menos para el juez de la Audiencia Nacional que adoptó la medida. Hubo de morir Martin Ugalde para que le devolvieran su dignidad, pero siguen pendientes de juicio sus compañeros de fatigas en la casi heroica tarea de sacar adelante el diario, metidos todos en el mismo saco de la sospecha y la indignidad, pese a la gran notoriedad de casi todos ellos por su exclusiva y brillante trayectoria en la defensa y el cultivo del euskara.

Como en otros casos, esta acometida indiscriminada contra los promotores y trabajadores de un diario pareció responder en su día al vendaval antidemocrático y las obsesiones del Gobierno de turno y de los sectores más reaccionarios de la judicatura. Esperábamos que en una nueva etapa de talantes y visiones progresistas en la interpretación del derecho, en su aplicación garantista y, muy en especial, en su respeto al principio básico de la presunción de inocencia, habría terminado este desgraciado asunto con el sobreseimiento del caso y su archivo definitivo. No parece que vaya a suceder tal cosa, a pesar de que no exista en este caso acusación pública (el fiscal solicita el sobreseimiento) sino simplemente la persistencia de una exclusiva acusación popular, cuyas peculiares características prefiero no calificar.

Lo cierto es que determinados informes policiales, elevados en su día a la categoría de pruebas periciales e incriminatorias, cuyo principal argumento consistiría en el aparente interés y los afanes de ETA por ejercer su influencia en el diario, están convirtiendo el caso Egunkaria en uno de los episodios más negros de una etapa de alarmante involución democrática. El cierre de un periódico es algo muy grave. Aun suponiendo, a efectos meramente dialécticos, que los afanes de ETA hubieran podido tener algún eco personal concreto en el entorno de Egunkaria (¡qué medio de comunicación no es pieza codiciada para cualquier grupo político o social...!), basarse en esos presuntos intentos para lanzar una acometida indiscriminada e irreparable contra un periódico cuyo objetivo fundamental es mejorar la salud de una lengua milenaria en trance difícil; desdeñar la grave conculcación de la libertad de expresión, opinión y comunicación que implica el cierre de un periódico; ignorar la situación de trabajadores ajenos a las obsesiones políticas que envuelven ese cierre, y arremeter indiscriminadamente en un proceso penal contra los impulsores de un proyecto que sólo ha significado para ellos sacrificio personal en defensa de la cultura y la lengua, constituye un escándalo impropio de una sociedad democrática.
Esperemos que, por fin, alguien sea capaz de hacer que en este desgraciado caso acabe imperando el buen sentido.

Carlos Garaikoetxea es ex presidente del Gobierno vasco

Ilustración de Patrick Thomas