BIBIANA MEDIALDEA

Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid

Ilustración de Federico Yankelevich

Las turbulencias financieras que sacuden a Europa desde la semana pasada han hecho pasar desapercibido un extraordinario episodio de especulación con deuda pública en España. El episodio es particularmente ilustrativo por varias razones: evidencia lo fácil que sería poner en marcha normas que impidieran operaciones de este tipo; permite calcular cuánto nos cuesta a la ciudadanía la especulación con deuda pública; invita a cuestionarse la legitimidad de una deuda que, en parte, se alimenta de jugadas de los bancos, como la que nos ocupa.
El mercado de deuda pública se organiza en dos partes. Por un lado, cuando el Estado emite nuevos títulos de deuda, lo hace en el llamado mercado primario. Los agentes financieros (en su mayoría bancos) que compran esta deuda nueva lo hacen en este mercado. Pero no conservan los títulos de deuda en sus carteras hasta su plazo de vencimiento, sino que pueden venderlos a otros agentes en el denominado mercado secundario. El volumen de títulos que se negocia en este segundo mercado es muy importante, ya que, al margen de que haya nuevas emisiones de deuda pública en el primario, los agentes financieros reestructuran sus carteras de activos vendiendo y comprando títulos entre ellos de forma continua. Por eso, porque es mucho más dinámico, es en este mercado donde se define el precio de esos títulos de deuda (y con él su tipo de interés). Cuando el Estado emite deuda nueva en el mercado primario, el tipo de interés por el que se están intercambiando los títulos en el secundario define el que habrá que ofrecer para colocar los nuevos títulos. Hasta aquí, todo normal.
El Estado anunció que la semana pasada emitiría nuevos títulos de deuda. A lo largo de la semana, realizó cuatro subastas por un total de 7.250 millones de euros. Una operación de financiación frecuente para los estados. Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. En un contexto de incertidumbre como el existente, los bancos sabían que la ocasión era propicia para obtener ganancias extra con estas emisiones. Y no dejaron pasar la oportunidad.
Una vez hecho público que el Estado emitiría deuda en el mercado primario, los bancos acudieron al secundario a vender masivamente los títulos que tenían en sus carteras. Inundaron el mercado de deuda española, dando la impresión de que, si nadie la quería, sería por su mala calidad. En los mercados financieros se actúa por mimetismo, y una operación generalizada por parte de los bancos (principales participantes) arrastra a los demás y define el precio de mercado que prevalece. Como consecuencia, los tipos de interés de la deuda española subieron como la espuma poco antes de la primera subasta anunciada. Los bancos consiguieron así aumentar el dinero que el Estado tendría que pagarles por la deuda que iba a emitir.
Si los mercados funcionaran, un mayor tipo de interés para los títulos de deuda (una mayor rentabilidad exigida) reflejaría el mayor riesgo que corren los compradores al adquirirlos. Como se arriesgan a que quizás no les devuelvan la cantidad adeudada, necesitan más alicientes para decidirse a comprar. Pero las subidas de tipos de interés en el mercado de deuda pública durante la semana pasada no fueron fruto de un incremento en el riesgo asociado a los títulos. Los potenciales compradores no estaban preocupados, en absoluto, por la capacidad del Estado para devolver su deuda. La deuda pública española se sitúa en torno al 60% del PIB, no sólo muy por debajo de los niveles de endeudamiento griego (143%), italiano (119%) o portugués (93%), sino también del alemán (83%) y el francés (82%). De hecho, según los últimos datos anuales disponibles, cumplimos los severos criterios de austeridad fiscal impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Una prueba irrefutable de ello es que, una vez que el Estado sacó sus títulos a la venta, por cada euro de deuda que se ofertaba había una demanda dispuesta a comprar 2,6.
Como resultado del movimiento especulativo de los días previos, los títulos subastados el jueves (bonos a 10 y a 15 años) tuvieron que colocarse a un 5,92% y un 6,22%, respectivamente. Una rentabilidad más de un 25% por encima de la que exigió el mercado la ocasión anterior en la que se subastaron títulos de este tipo. Los títulos de vencimiento a 18 meses se colocaron casi a un 4%, cuando en febrero de 2010 lo hicieron a 1,25%. Estos tipos artificialmente elevados, que los bancos prefabricaron los días anteriores con sus ventas intencionadas, han supuesto un coste adicional de 488 millones de euros para el Estado. Sólo en una semana. A esto hay que añadir que los bancos también recompraron, con esta nueva y ventajosa rentabilidad, la deuda antigua que acababan de vender en el mercado secundario. Para los bancos la operación ha sido redonda: no sólo compran deuda nueva muy rentable, sino que elevan la rentabilidad de los títulos que ya tenían. Como contrapartida, para el Estado, ha sido ruinosa: recursos públicos regalados a los especuladores. Si se contabiliza el dinero público gastado en este tipo de operaciones especulativas, el saldo en lo que va de 2011 se aproxima a los 3.500 millones de euros. Es una especie de subvención a la especulación. ¿De verdad no hay un destino mejor para nuestro dinero?