06/09/201105/09/2011

 

THOMAS HAMMARBERG

Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa

Ilustración de Mikel Casal

El pasado mes de junio, miles de hooligans atacaron brutalmente una manifestación pacífica del Orgullo Gay en Split, Croacia, en la que resultaron heridas más de una docena de personas. Los agresores fueron, de lejos, más numerosos que los agentes de la Policía y que los propios participantes de la manifestación.
La Policía no pudo garantizar la protección de quienes simplemente querían dar a conocer la situación en la que se encuentran las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (la población que se conoce como LGBT). Estos acontecimientos sucedieron tras varias semanas de mensajes de odio, amenazas, pintadas, folletos y consignas en los medios de comunicación social incitando al odio contra los participantes en esa marcha.
Esta no es la primera vez que una manifestación en contra de la homofobia y la transfobia ha sufrido agresiones brutales y amenazas de los extremistas.
En 2010, la Policía tuvo que hacer esfuerzos heroicos para proteger a los manifestantes del primer Día del Orgullo que se celebró en Belgrado. Aun así, se saldó con alrededor de 150 personas heridas, en su mayoría agentes de Policía. De nuevo, los atacantes superaban en número, y de forma destacada, a los que marchaban a favor de los derechos LGBT.

En Vilnius (Lituania), en 2010, las autoridades tuvieron que movilizar a un gran contingente policial para poder garantizar la protección de los participantes de la marcha del Orgullo en el Báltico frente a los ataques violentos.
Existe una concienciación creciente entre las autoridades locales de que las manifestaciones pacíficas del Orgullo LGBT deben ser permitidas y protegidas, puesto que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero tienen, indiscutiblemente, el mismo derecho que las demás a la libertad de reunión y de expresión. Este reconocimiento resulta, sin duda, positivo.
Sin embargo, la continua necesidad de protección policial masiva es un hecho muy negativo. Ha llegado la hora de que los políticos europeos afronten seriamente el fenómeno de la homofobia y de la transfobia y sus causas.
El primer paso consiste en reconocer la gravedad del problema y la necesidad de emprender una acción sistemática que promueva la concienciación democrática en todos los niveles sociales. Después, se necesita hacer frente de manera urgente a todas las tendencias discriminatorias contra este colectivo de personas, especialmente en el desarrollo de los derechos humanos y de las políticas de igualdad.
En los últimos cinco años, he supervisado la aplicación de los derechos humanos de las personas LGBT en los 47 estados miembros del Consejo de Europa. El resultado de este trabajo se ha publicado recientemente en un informe: La discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en Europa. En él, se enumeran una serie de obstáculos para la plena realización de sus derechos humanos universales. Se observa, por ejemplo, que el acoso homofóbico y transfóbico en el lugar de trabajo y el bullying hacia las personas LGBT en las escuelas son comunes en prácticamente todos los estados miembros. En cinco países europeos se obstaculiza o se impide la inscripción oficial de organizaciones LGBT y se han identificado intentos de criminalizar la denominada "propaganda o apología de la homosexualidad" en tres estados.
Ha habido escasa respuesta a los estudios e informes nacionales que reflejan que un número desproporcionado de jóvenes LGBT no ven otra salida que el suicidio, debido a la falta de aceptación de su orientación sexual o de su identidad de género por parte de sus compañeros o familiares. Muy pocos países reconocen la violencia homofóbica o transfóbica en su legislación sobre los llamados delitos de odio.
Las personas transgénero sufren graves vulneraciones de sus derechos humanos en casi todos los ámbitos de su vida. Si desean que su género elegido sea reconocido legalmente, en 29 estados miembros se enfrentan a la obligación legal de someterse a una cirugía de reasignación de sexo, que conduce a la infertilidad. En unos 15 estados incluso se exige que la persona transgénero esté soltera con el fin de obtener ese reconocimiento, lo que implica el divorcio obligatorio si está casada.
Con demasiada frecuencia, los políticos y las autoridades ignoran los derechos humanos de estas personas en el diseño de políticas y en la elaboración de las leyes. Hay ejemplos preocupantes de debates en los parlamentos nacionales que se caracterizan por un alto nivel de prejuicios, parcialidad e información obsoleta, en los que incluso se ha llegado a afirmar que la homosexualidad es una enfermedad.
Los gobiernos tienen que emprender reformas legislativas y promover cambios sociales para que las personas LGBT puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos universalmente reconocidos. Es necesaria la supervisión nacional e internacional, incluso por parte de los organismos que velan por la igualdad y por las oficinas del Defensor del Pueblo, para poder medir los avances.
El cambio sólo es posible si los países europeos muestran una genuina voluntad política para abordar este problema, y mayor determinación de la que han mostrado hasta ahora.