MARCONDES GADELHA

El encuentro entre representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de España y Brasil es necesario y oportuno, pero está lejos de resolver el contencioso que actualmente protagonizan los dos países. Sin duda, éste será el primer paso de una larga jornada de 10.000 kilómetros.

Nadie cree que el problema sean únicamente los últimos episodios fronterizos; lo ocurrido va más allá y tiene como telón de fondo la política de estado de la Unión Europea para las migraciones. Siendo así, ésta es una situación que probablemente se alargue.

Las relaciones entre Brasil y España siempre fueron muy buenas o excelentes. Afinidades culturales e históricas como la latinidad, el hecho de que somos ibéricos, el ethos caluroso, la locura por el fútbol; en fin, todo conspira a favor de una cooperación y una solidaridad jamás desmentidas.

Por otro lado, son considerables las inversiones españolas en Brasil: telefonía, electricidad, hostelería, construcción de carreteras, finanzas y banking. No tiene sentido, por lo tanto, que exista conflicto alguno, como no hay ninguna ventaja en
mantener la cuerda en tensión.

Lo que sucede es que España no está actuando sola, sino atendiendo a los protocolos y acuerdos multilaterales establecidos por la UE, entre los cuales se encuentra la definición del espacio Schengen y la creación del Frontex como brazo operacional de la política de fronteras.

La frontera española es una de las más permeables a lo largo del perímetro Schengen y se ha transformado en una de las principales puertas de entrada de inmigrantes africanos, suramericanos y del Este europeo.

Sin duda, esta es una realidad que requiere más control, vigilancia y, por supuesto, más presión de las autoridades europeas. La prueba fue el embargo a viajeros brasileños cuyo destino no era España y que se encontraban en Barajas solamente para realizar una conexión aérea.

Lo que ocurrió nos permite especular más allá. Si el recrudecimiento es el reflejo de la actitud generalizada por parte de la UE en relación a las inmigraciones, se debe cuestionar esta actitud y profundizar la discusión, involucrando otras expresiones de voluntad y poder nacionales como las bases de la sociedad y la representación política, hasta llegar a conferencias cumbre.

En primer lugar, hay que reconocer la legitimidad de la UE de proteger sus fronteras, particularmente cuando se considera el creciente peligro del terrorismo y del tráfico de drogas. Pero es necesario separar la paja del trigo y distinguir los elementos de las idiosincrasias más superficiales o claramente prejuiciosas, como la discriminación étnica, el nacionalismo laboral y el purismo sexual.

La intolerancia racial no es ninguna novedad. Los emigrantes europeos del siglo XVI, llamados colonizadores, realizaron monumentales limpiezas étnicas en Suramérica y enseguida institucionalizaron la esclavitud para ocupar el vacío de la mano de obra. De alguna forma, el cuadro actual es más ameno.

Por otro lado, aquella misma América se abrió sin reservas a los grandes contingentes de europeos que fueron para allá a fines del siglo XIX e inicio del XX en busca de una nueva vida. El nacionalismo laboral actual, que quiere preservar los puestos de trabajo para los suyos, no tiene fundamento y llega a representar una paradoja hoy en día, cuando las nuevas tecnologías promueven la división internacional del trabajo, consignando a los pobres las actividades primarias o de baja cualificación, rechazadas por los locales en el primer mundo.

¿Se pretende entonces que Europa sufra una invasión de bárbaros? ¿Que sus geranios sean pisoteados sin piedad? De ninguna manera. Lo que se pretende es que, dentro de lo posible, sean establecidas reglas claras, inteligibles a todos y homologadas en un foro mundial, con la participación de los países líderes del turismo emisor y/o exportadores de mano de obra.

Una discusión objetiva debe permear la sociedad civil, involucrando entidades de clase, grupos de presión y organizaciones no gubernamentales. Las iniciativas deben ser tomadas por los parlamentos, y en este sentido abogo por la apertura del diálogo entre el Congreso Nacional de Brasil, las Cortes Españolas y, eventualmente, el Parlamento Europeo.

La intensificación del fenómeno migratorio es consecuencia irremediable de los avances de las telecomunicaciones y los transportes, que ayudaron a reducirnos a esta aldea global, prevista con absoluta nitidez desde el inicio de los años sesenta, sin que todavía el mundo esté preparado para ella. No existe una organización designada a coordinar el flujo de personas, como es el caso de las mercancías y de los activos financieros. Sin embargo, esta tríada es interdependiente –condiciones más justas en el comercio internacional provocarían, seguramente, la reducción de migraciones–.

No obstante, el marco institucional de hoy, a escala planetaria, comporta y encuadra perfectamente el fenómeno migratorio con todas sus variables, permitiendo inclusive su expansión sin grandes molestias.

El reto es sistematizar tales variables y secularizar los resultados en un códice exento y respetable. Un trabajo difícil sin duda, en el cual la palabra clave es cooperación. En este sentido, por la importancia de los actores, el encuentro de este martes, en Madrid, se presenta como una especie de convocatoria y tiene, como mínimo un significado: el de dar ejemplo.

Marcondes Gadelha es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil

Ilustración de Patrick Thomas