Dominio público

Opinión a fondo

¿Que la muerte los separe?

04 dic 2011
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Félix Población
Periodista y escritor
Ilustración de Enric Jardí

El Valle de los Caídos es una basílica levantada bajo mandato de Francisco Franco en la que están enterradas más de 30.000 víctimas de la Guerra de España, propiciada por la rebelión del general felón. De esa cifra, más de 12.000 caídos no han podido ser identificados. El desprecio a sus nombres es una consecuencia del desprecio que merecieron sus vidas, segadas por el franquismo al pie de las tapias de los cementerios y las cunetas por haber defendido la legalidad republicana. Como culminación de tal desprecio, los restos de esas víctimas fueron trasladados alevosa y clandestinamente hasta Cuelgamuros entre 1959 y 1983 (hasta 1968, sobre todo), sin que sus familiares tuvieran constancia de tal hecho. ¿Qué democracia se estaba construyendo en este país en los años ochenta si todavía se verificaban entonces esos traslados?

En la vistosa y umbría Sierra de Francia salmantina hay una localidad que se llama Aldeanueva, de la que era natural Valerico Canales Jorge, un modesto segador que se dedicaba a las faenas campesinas durante los veranos y trabajaba en el ferrocarril en el periodo invernal y durante la primavera. Su hijo Fausto cuenta que una camioneta de falangistas se lo llevó de la puerta de su casa el 20 de agosto de 1936, a la hora de la siesta. Fusilado en una cuneta, junto a otros jornaleros de su pueblo, sus restos y los de sus compañeros fueron trasladados en marzo de 1959 al Valle de los Caídos.

Fausto Canales puso en marcha la agrupación que reclama la exhumación de los restos de aquellos republicanos enterrados en Cuelgamuros. No está dispuesto a renunciar a ese derecho, a pesar del informe dado a conocer por la comisión de expertos, que considera imposible la devolución de esos restos a los familiares de las víctimas alegando su carácter anónimo y mal estado de conservación. La resolución adoptada por la comisión estipula, en cambio, que sea creado en el Valle de los Caídos un lugar de la memoria que rinda homenaje a todas las víctimas de la Guerra
Civil. También figura entre las propuestas la de crear un centro de interpretación que dé cuenta de ese periodo histórico, sin que se sepa qué tipo de interpretación será la que se ofrezca a los visitantes, aunque muy posiblemente primaría la de la tibia y neutral equidistancia.

Para que eso sea posible, con todo, habrá de salvarse un escollo que desde ahora mismo se me antoja más que problemático y que el Partido Socialista Obrero Español, después de casi ocho años en el Gobierno y con toda su Ley de Memoria Histórica (por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura), ha dejado a expensas de lo que decida el Gobierno del Partido Popular: que los restos de Franco sean desalojados de Cuelgamuros, algo para lo que será fundamental, además, la determinación que tome la Iglesia, dada la inviolabilidad que tiene la basílica por su régimen jurídico. Esto es, que el sepulcro del dictador se quedará en donde está, sin que la muerte separe a Franco de la institución que bendijo su cruzada.

Que Virgilio Zapatero, uno de los presidentes de esa comisión de expertos, haya solicitado a la Iglesia su “colaboración” para “democratizar” ese espacio me parece una demanda tan peregrina como la del ministro Ramón Jáuregui de encomendar al Gobierno de Mariano Rajoy lo que no ha hecho el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Si el franquismo pervive en muchos votantes y dirigentes del PP que repudian toda reivindicación relacionada con la memoria histórica, cómo va la Iglesia a despachar del suelo de su basílica los restos de quien mereció por parte de esa institución el título de caudillo por la gracia de Dios, sin haber sido capaz –en estos más de 30 años de democracia– de arrepentirse de su colaboración con la maquinaria legal represiva de la dictadura, que convirtió a los curas –según el historiador Julián Casanova– en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos. “Con sus informes –afirma Casanova–, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española”.

Víctima de esos sentimientos cainitas, Valerico Canales fue fusilado una tarde de verano en los alrededores de su pueblo. Quienes acabaron con su vida, vilipendiaron también su muerte y lo inhumaron, como a otros miles de republicanos, en la basílica de Cuelgamuros, levantada con el trabajo en régimen de semiesclavitud de presos antifranquistas, bajo una gran cruz de la fraternidad cristiana que da honores al mausoleo de su verdugo, el único dictador de Europa con esos atributos.

El actual pontífice Benedicto XVI, siendo cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo mucho empeño en visitar el Valle de los Caídos en 1989, según confesión de quien es hoy abad de la basílica, Anselmo Álvarez. Lejos de cualquier reflexión similar a la que Benedicto XVI hizo en su visita al campo de concentración de Auschwitz, Ratzinger quedó muy impresionado por la grandeza del recinto, que Álvarez tuvo la ocurrencia de comparar con el valle de Josafat, y oró y se persignó ante la tumba del exjefe del Estado Francisco Franco –cuenta Fernando Olmeda en su libro sobre el Valle–, tal como la Iglesia hizo en pro de la vida del dictador a lo largo de sus muchos años de cruel represión contra los vencidos.


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