Dominio público

Opinión a fondo

Una Europa en transformación

17 Dic 2011
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Carlos Mulas-Granados
Director de la Fundación Ideas y profesor de Economía de la Universidad Complutense
Ilustración de Mikel Casal

El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo del pasado 9 de diciembre es un paso en la buena dirección, pero serán necesarios pactos futuros para alcanzar una estructura sólida y duradera de gobernanza económica. Hasta que se den, la crisis no se superará de forma definitiva.

De momento se ha reforzado el compromiso colectivo con la austeridad y se ha dado un paso más en la soberanía fiscal compartida, ya que los estados miembros podrán vigilarse mutuamente, enmendarse los presupuestos los unos a los otros e imponerse sanciones más rápidas y contundentes en situaciones de incumplimiento.

Ahora, los mercados ya tienen una prueba más de que, a medio plazo, las deudas soberanas tienen menos riesgo de impago, porque todos se han comprometido a no gastar más de lo que recauden. Sin embargo, los operadores querrán saber si aún pueden seguir obteniendo dinero con la especulación en los mercados secundarios de deuda, y aquí el papel del BCE (al que no se menciona en el acuerdo) sigue siendo fundamental. Por las palabras de Merkel parece que la parte explícita del pacto fiscal con Francia se da por superada y la parte implícita (la mayor implicación del BCE para relajar las primas de riesgo) se debe abrir camino en cuanto regrese la volatilidad.

Hay, sin embargo, asignaturas importantes aún pendientes. En primer lugar, Europa sigue sin estrategia colectiva para impulsar el crecimiento y recuperar el empleo, por lo que los mercados seguirán inquietos. Las próximas perspectivas financieras pueden ser un buen momento para plantearse proyectos europeos de calado, pero la mayoría conservadora que domina el continente no parece entender que el sector público tiene un papel que jugar para encender la mecha de la reactivación y animar a un sector privado deprimido.

En segundo lugar, aunque Merkel y Sarkozy hayan bautizado el reciente acuerdo como un paso decisivo hacia la unión fiscal, aún queda mucho. Si la unión monetaria suponía transferir a Fráncfort la capacidad de emitir moneda, fijar los tipos de interés y los tipos de cambio, la unión fiscal (si se produce) debería suponer ceder a Bruselas la capacidad para marcar el tono de la política fiscal para toda la UE, dotarla de un presupuesto federal para grandes proyectos que aumenten la competitividad de la economía europea y refuercen la convergencia regional; también debería implicar darle capacidad para armonizar los impuestos nacionales y homogeneizar las grandes partidas de gasto de cada Estado. Y por último, la unión fiscal verdadera supondría transformar el actual Fondo de Rescate en un Tesoro Europeo con capacidad para emitir eurobonos.

En todo caso, lo más preocupante de los acuerdos no es que se estén quedando cortos, sino el modo en que se están produciendo. Son iniciativas alemanas, que Francia acomoda a sus preferencias, y que luego el eje franco-alemán coloca al resto de socios sin apenas debate. La debilidad de Italia y España, y el aislamiento de Reino Unido, impiden la existencia de un contrapeso. Al mismo tiempo, el papel de la Comisión Europea está siendo minimizado (los líderes han ignorado las propuestas que realizó Barroso para mejorar la estructura institucional del euro e introducir eurobonos). Y la posición del presidente del Consejo, Van Rompuy, está resultando confusa, porque no termina de ser el muñidor de los acuerdos intergubernamentales del Consejo y tampoco puede reemplazar a Barroso ni a la Comisión como promotores de la integración europea por encima de los intereses de los estados-nación. A todo esto se ha añadido la dolorosa irrelevancia del Parlamento europeo, lo que ahonda la sensación ciudadana de déficit democrático creciente.

Los progresistas deben situar sus propuestas también en ese terreno.

No se trata sólo de reclamar políticas de crecimiento que superen la obsesión por la austeridad. Ni de abogar sólo por nuevas instituciones europeas como el Tesoro y los eurobonos, o pedir un papel más activo del BCE. Todo eso es necesario, pero si continúan los pasos hacia la supranacionalización de las políticas fiscales, deben también darse pasos hacia la europeización de la política.

Tras los acuerdos del pasado fin de semana, no sería extraño que los ciudadanos de Italia o Grecia decidieran rechazar la autoridad de cualquier dirigente extranjero que en virtud del pacto intentara enmendarles sus cuentas públicas. Lo rechazarían porque no lo han votado y no pueden hacerles democráticamente responsables. Y si la decisión de vigilar y enmendar los presupuestos de todos se deja en manos de la Comisión Europea (como debería ser), entonces esa Comisión debería rendir cuentas ante los ciudadanos europeos por los cauces democráticos habituales. Para ello, habría que cambiar también los tratados no sólo para reforzar la austeridad, sino también la democracia. De esta forma, el Parlamento europeo que surgiera de las urnas en 2014 debería ser el resultado de una confrontación de candidaturas supranacionales a nivel europeo que terminara designando al presidente y los miembros de la próxima Comisión Europea.

Los padres fundadores de la UE ya divisaron ese camino: primero la Unión Aduanera, luego el Mercado Único, más tarde la Unión Monetaria, de ahí a la Unión Fiscal, y finalmente la Unión Política con mecanismos democráticos donde se dirimieran las cuestiones del nivel europeo de la misma forma que se deciden las locales en los parlamentos nacionales. El recorrido está marcado; atrevámonos a recorrerlo.


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