Reyes Maroto Illera
Investigadora Senior del Área de Economía y Sostenibilidad de la Fundación IDEAS

La incorporación de la mujer a la actividad económica y laboral española constituye uno de los fenómenos de mayor calado social y económico que haya tenido lugar en España en los últimos treinta años. Su tránsito desde el ámbito doméstico a la economía productiva ha generado múltiples impactos, no sólo de carácter económico sino también social.

Cabe destacar la mayor contribución de la mujer al empleo con más de 8 millones de mujeres trabajando en la actualidad, el 45% del empleo total, un formidable avance teniendo en cuenta que hace 25 años representaban sólo el 29% (con 3,17 millones de empleos femeninos). También es destacable el aumento de las tasas de empleo y actividad entre la población femenina entre 16 y 64 años, que se han situado en 2011 en el 53% y 68%, respectivamente, registrando un aumento considerable en los últimos 25 años (en 1986 sólo el 29% de la población femenina en edad de trabajar estaba ocupada y apenas el 40% estaba activa).

La crisis económica ha supuesto un agravamiento de las condiciones de vida y trabajo como consecuencia de la destrucción de empleo, que afecta hoy a más de 2,7 millones de personas que han perdido su empleo desde su inicio a mediados de 2007. A pesar de que la pérdida de empleo femenina ha sido menos acusada que la masculina afectando a 420.000 mujeres, lo que representa el 15,5% de todo el empleo perdido, la crisis junto a las medidas gubernamentales -especialmente la Reforma Laboral que entró en vigor el 11 de febrero de 2012- están cercenando derechos laborales, sociales y de ciudadanía para la clase trabajadora en su conjunto, pero con especial incidencia en las mujeres, que parten genéricamente de situaciones más desfavorecidas.

Y es que a pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, las diferencias de género se manifiestan en diversos ámbitos como en la diferente participación de mujeres y hombres en las actividades productivas, que ha dado lugar a un aumento la segregación laboral en España, a diferencia de lo observado en los países de nuestro entorno. También se manifiestan diferencias de género en el reparto de las responsabilidades familiares, en el acceso de las mujeres a puestos directivos y de responsabilidad y en la remuneración.

De manera que la igualdad efectiva de mujeres y hombres no sólo no está conseguida, sino que pueden perderse los avances conseguidos como consecuencia de la Reforma Laboral del PP. Una reforma que supone un retroceso en los avances alcanzados en términos de conciliación de la vida laboral y familiar, lo cual puede tener repercusiones importantes en la tasa de actividad femenina, que fue uno de los factores que contribuyó positivamente en la economía española durante la etapa de crecimiento.

La evidencia muestra que la mujer es quien realiza un mayor esfuerzo para hacer posible esta conciliación. Esta reforma parece no valorar la contribución de la mujer a la economía y pone trabas en sus relaciones laborales a través de los cambios en el contrato a tiempo parcial (un 75% de estos contratos corresponden a mujeres), que van a permitir desde ahora que las empresas puedan exigir la realización de horas extras. Por otro lado, a las mujeres les va a afectar de forma particularmente directa los cambios en las normas sobre reducción de jornada, ya que hasta ahora se podía llevar a cabo mediante fórmulas distintas de adaptación del tiempo de trabajo (las reducciones podían ser diarias, semanales, mensuales o anuales). Sin embargo, ahora la única opción será la reducción de jornada diaria, lo cual significa una restricción adicional para el trabajador a la hora de poder adaptar su horario de trabajo a sus circunstancias personales y familiares.

Por otro lado, hay que resaltar que la reforma podría estar poniendo en riesgo el permiso de lactancia al introducir la posibilidad de que según convenio y por razones productivas u organizativas, el permiso no pueda cogerse de forma acumulada sumando 15 días adicionales a la baja de maternidad.

La igualdad efectiva de hombres y mujeres constituye un elemento esencial para la construcción de un modelo de sociedad más justa y cohesionada y por ello desde las instituciones públicas se debería prestar un apoyo decidido al proceso de participación plena de la mujer en la economía española, como lo ha venido haciendo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través de las distintas leyes y medidas aprobadas, entre las que destaca singularmente por su calado la Ley de Igualdad de 2007 (LOIEMH). Así el Título I de la LOIEMH determina que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones y el estado civil. Cuestión esta que la Reforma Laboral del gobierno del Partido Popular, bajo formas aparentemente neutrales, va a restringir potenciando sus efectos negativos en las trabajadoras, por cuanto medidas como son las de flexibilidad unilateral de las condiciones laborales, el descuelgue de las empresas del convenio colectivo, la contratación temporal, la jornada a tiempo parcial, la formación, el despido y los derechos de conciliación, que atentan contra el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, afectan en mayor medida a las trabajadoras.