Dominio público

Opinión a fondo

El problema es mayor que el 1%. Es el 10%

12 abr 2012
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Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Una consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo en la mayoría de países de la OCDE desde la época del Presidente Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ha sido la enorme concentración de las rentas en aquellos países, alcanzando niveles desconocidos desde la época que precedió a la Gran Depresión a principios del siglo XX. Un caso claro es EEUU. En el año 1929, el 1% de renta superior de la población tenía el 24% de toda la renta del país. Las reformas New Deal introducidas por el Presidente Franklin Roosevelt (que es todavía hoy el Presidente más popular que ha tenido EEUU), que consistieron en el establecimiento de políticas redistributivas, en la introducción de políticas sociales universales (como la Seguridad Social), en facilitar la sindicalización -que causó un gran aumento de los salarios-, así como en el aumento del gasto público en inversiones en la infraestructura del país, -creando gran cantidad de empleo- determinaron una reducción muy notable de tal concentración de las rentas y riquezas. Las políticas redistributivas se mantuvieron durante el periodo 1934 a 1978. Incluso durante la administración Republicana del Presidente Eisenhower, el 1% superior de la población (los súper ricos) pagaron en impuestos por sus ingresos casi un 80% de su renta.

Tales políticas cambiaron desde el establecimiento del neoliberalismo, a partir del Presidente Reagan, introduciéndose medidas opuestas a las realizadas en la época anterior. La progresividad fiscal se diluyó, los programas de carácter universal se redujeron y los sindicatos fueron debilitados como consecuencia de intervenciones públicas (tales como la desregulación de los mercados laborales) que determinaron, de nuevo, una enorme concentración de las rentas, alcanzando su máximo de nuevo en el año 2008, cuando poseyeron de nuevo el 28% de la renta nacional. Esta enorme concentración de las rentas creó un problema económico mayor. Esta concentración se consiguió a base de la reducción de las rentas del trabajo, creando con ello un problema de demanda de mayores proporciones. Como había ocurrido en los años veinte del siglo XX, la polarización de las rentas en aquel momento causó la Gran Depresión, de una manera semejante que ahora esta concentración ha originado la Gran Recesión.

Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios de financiación, de producción, de información y difusión, con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran Recesión apenas aparece en los medios).

Ahora bien, hay que concienciarse de que por mucho poder que tenga este 1% (y lo tiene, y mucho), su poder se apoya en una parte de la sociedad (otro 9%) cuyas rentas dependen de la existencia de este 1%. Es decir, el 1% es parte del 10% de renta superior que consigue amplios beneficios de esta concentración de la renta. Este 10% controla hoy el 52% de toda la renta de EEUU, habiendo seguido una evolución semejante que la del 1% descrito anteriormente. En 1928 tenía el 52% de la renta. Bajó hasta el 32% en 1978, para subir de nuevo al 52% en el 2008.

El problema, pues, no se limita al 1%, sino al tope 10%, que incluye a los profesionales al servicio del sistema financiero, económico y mediático del país y de cuyos servicios obtienen enormes beneficios. Entre este 10% están todos los que dirigen las instituciones reproductoras del sistema financiero, económico y mediático, y cuyo poder de reproducción de valores y promoción de imágenes (como es la promoción de la postura de que no hay alternativas a las que el establishment propone) es vital para la permanencia del sistema. Hoy tales instituciones tienen un dominio sobre el Estado y una hegemonía sobre los aparatos culturales e ideológicos que facilitan tal control. De ahí que, aún cuando los que “mandan” en la sociedad son sólo un 1% de la población, este mando no puede ocurrir sin este otro 9%, sumando un 10% que no va a ser fácil de cambiar.

Ahora bien, hay que ser también conscientes de que la gran mayoría de la población hoy sabe quiénes son los responsables y su movilización puede forzar este cambio. Según las últimas encuestas realizadas en EEUU, la mayoría de la ciudadanía (que varía según la encuesta de un 68% a un76%) no cree que la economía funcione para el bien de todos, y una mayoría semejante no cree que el Congreso de EEUU represente sus intereses. Un tanto parecido ocurre en la gran mayoría de países de la OCDE. Concretamente, en España, la mayoría de la población no cree que la economía esté funcionando para el bien de todos o que la clase política responda a sus intereses. La causa de esta alienación política es fácil de ver, aún cuando sea difícil leerlo u oírlo en los mayores medios de información: la enorme concentración de las rentas y de las riquezas en un sector minoritario de la población (no más de un 10%) y su excesiva influencia política y mediática en nuestras sociedades. Y la población es consciente de ello. De ahí el enorme temor y represión del sistema hacia estos movimientos sociales, como el movimiento 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street en EEUU que, continuadores de movimientos contestatarios como los sindicatos y otros movimientos sociales, critican al sistema, subrayando la falta de coherencia entre discurso y narrativa oficial pro democrática del establishment político y mediático del país por una parte, y la realidad profundamente antidemocrática que aparece en sus prácticas cotidianas y en sus políticas públicas, todas ellas llevadas a cabo sin ningún apoyo o mandato popular.