Alejandro Inurrieta
Director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid

El gobierno español solicitó el 26 de junio de 2012 el rescate de nuestro sistema bancario, cumpliéndose una de mis previsiones para 2012, la intervención formal de nuestra economía. Parece que finalmente se instrumentará el rescate bancario español en dos fases, aunque la resolución del Eurogrupo del 9 de julio retrasará aún más el mecanismo.

En la primera fase del rescate el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que entraría en vigor el 1 de julio de 2012, concedería temporalmente el préstamo al FROB por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Dicho préstamo computaría como deuda pública e incrementaría el déficit público.

En una segunda fase, una vez que el BCE asuma la supervisión única de la banca europea, ese crédito se utilizaría para recapitalizar directamente a la banca, eliminando el peso que dicho crédito tiene sobre la deuda y el déficit público. Si se aplicara el mismo esquema de préstamos que en el caso del saneamiento bancario irlandés, y asumiendo unos tipos de interés entre el 3% y el 4%, el déficit público incrementaría este año entre 2.100 y 4.000 millones de euros, según las líneas de crédito finalmente concedidas oscilen entre 70.000 y 100.000 millones de euros. Con los 30.000 millones finalmente concedidos en el Eurogrupo del 9 de julio, las cifras serán algo más bajas, entre 700 y 1300 millones.

La pregunta es: ¿Qué se hará en general con esos 100.000 millones de euros? Se supone que se destinarán a comprar activos tóxicos, sacarlos del balance bancario, y, después, inyectar capital a los bancos. No se dedicará a conceder préstamos a las entidades necesitadas como hasta ahora. Aceptando los supuestos del rescate bancario irlandés, es decir, un descuento promedio en la compra de los activos del 58%, el FROB reservará alrededor de 70.000 millones a adquirir activos tóxicos inmobiliarios de los balances bancarios. Será necesario, por otro lado, recapitalizar a parte del sistema bancario, destinando alrededor de 30.000 millones de euros a inyectar capital. En este análisis se olvidan de que la mora está próxima al 15%, y que además del sector inmobiliario, hay otros préstamos problemáticos concedidos a empresas como Sacyr, FCC, Prisa, entre otros. La cuantía de capital necesaria, supera, según mis cálculos, ascendería a 200.000 millones de euros, lejos de las previsiones tan dirigidas y obsoletas de las dos empresas de auditoría que hemos pagado entre todos, cuyas cifras arrojan unos pírricos 62.000 millones.

Frente a esto, qué modelo de rescate bancario se debería llevar a cabo. Pues básicamente replicar el rescate a la sueca llevado a cabo en dicho país en los 90. Este modelo se puede implementar en sociedades muy "transparentes" y "pulcras", algo que España no cumple a día de hoy. Las ideas básicas se pueden resumir en las siguientes. En primer lugar, se establecen garantías sobre todos los depósitos. El problema con esto es que las cifras que se manejen deben ser creíbles y financieramente sostenibles. En segundo lugar, no todos los bancos deben sobrevivir, es decir los débiles desaparecerán o se fusionarán, siempre que estas fusiones sean viables, no llevando a cabo lo realizado por España en este campo. Detrás de esta medida está la imperiosa necesidad de recular, reducir el balance financiero mundial, y el español en particular, dado el sobredimensionamiento del sistema financiero.

En tercer lugar, implementar un test de stress a la banca "serio" y fiable, para ver qué bancos podrían sobrevivir. En el escenario que manejo, se debería contemplar una caída del PIB en los próximos tres años de al menos el 10% acumulado. A esto se añadiría una medida higiénica imprescindible, que consistiría en depurar todos los equipos de gestión de las entidades intervenidas, así como minimizar el coste para el gobierno y evitar el llamado "moral hazard", es decir que las malas prácticas acaben siendo premiadas, frente a las mejores prácticas.

Desde una óptica de implementación, la idea es crear un banco malo, y una agencia para recapitalizar los bancos. Su principal misión sería forzar a los bancos a hacer una quita de todos sus malos préstamos o créditos, y a su vez el banco emite activos, denominados warrants, que compraría el gobierno conforme comenzase a recapitalizar estas entidades. Para ello, es imprescindible eliminar a los acreedores privados, transformándose los bonos en capital. Los accionistas y bonistas empezarían a perder sus inversiones a la misma proporción y velocidad que el gobierno proveyera fondos a los bancos, vía warrants.

En resumen, los accionistas y bonistas no estarían cubiertos por las garantías del gobierno, y perderían sus inversiones en el mismo grado que el gobierno tuviera que apoyar a sus bancos. Este modelo en Suecia costó apenas un 4% en dinero público, permitió el saneamiento real de la banca, y repartió realmente las cargas entre acreedores y deudores.

Como se puede apreciar, nada de esto se ha hecho en el caso español, pues se está cargando todo el peso del rescate sobre deudores y contribuyentes, lo que sin duda es un triunfo del lobby bancario. El problema viene ahora, puesto que la economía española ha dejado de ser autónoma y encara una intervención de facto que se ha traducido, tras la reunión del Eurogrupo en treinta y dos condiciones para recibir sólo el préstamo para Bankia. Estas condiciones son durísimas, y abren dos vías muy serias en la credibilidad del Gobierno. Una de facto es que el Banco de España deja de ser el supervisor de las entidades financieras. Y la segunda, es que los requisitos de capital para la banca, en un contexto de recesión y salida masiva de capitales, son incumplibles. En suma, hemos elegido el peor modelo de restructuración bancaria y nos han intervenido, tal vez para siempre.