MABEL GONZÁLEZ BUSTELO

El pasado 30 de mayo, la Conferencia Diplomática de Dublín aprobó por consenso de 109 países el texto de un tratado de prohibición de las bombas de racimo. Se trata de un momento histórico. Este tipo de armas de efecto indiscriminado se ha usado en todos los grandes conflictos desde hace 40 años. De Laos, Vietnam o Camboya, hasta Kosovo, Afganistán, Irak o Líbano, allí donde se han utilizado han mostrado su letalidad con los civiles, que constituyen el 98% de sus víctimas. Han sido casi 100.000 personas las que han resultado muertas, heridas o mutiladas como consecuencia de este armamento letal. Su prohibición, en los términos más duros posibles, es el paso más importante que ha dado la comunidad internacional, en más de diez años, en materia de desarme y de protección de los civiles en situaciones de conflicto armado.

El tratado prohíbe este armamento de forma categórica y hace ilegal, a partir de su entrada en vigor, la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo. No habrá retrasos, ya que a pesar de las presiones de ciertos países, no se han admitido periodos de transición. Pero sobre todo, el documento detalla de forma clara las obligaciones de asistencia a las víctimas y de cooperación y asistencia internacional. Este era uno de los puntos débiles del tratado contra las minas antipersonales y aquí, por el contrario, se ha logrado un texto que establece obligaciones y plazos.

Una vez que un estado firme y ratifique el texto, tendrá un plazo de 180 días para entregar un informe de situación al secretario general de la ONU. En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas; los programas de reconversión o desmantelamiento de instalaciones y fábricas; los progresos realizados en la destrucción, etc. También se establecen medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación.

Pero no sólo se trata de la concreción lograda en el texto, inédita en el Derecho Internacional relativo al desarme, sino del apoyo político alcanzado que garantiza que será efectivo. El tratado ha recibido el respaldo de 109 países, entre los que están la mayoría de los latinoamericanos, africanos y asiáticos, además del Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España y Japón, entre otros.

Nada de esto hubiera sido posible sin la presión de la sociedad civil. Hace años que organizaciones de todo el mundo reclaman el fin de este armamento. Entre ellas hay organizaciones de países productores, de países que las han utilizado, de países que han sufrido sus efectos, organizaciones de supervivientes... Desde hace unos años todas ellas se agrupan bajo el paraguas de la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), lo que ha permitido unificar mensajes y estrategias, implementar acciones coordinadas y como consecuencia de ello ganar en peso político. Más de discientas organizaciones forman hoy parte de la CMC, y han estado presentes en Dublín coordinando su presión política para lograr el tratado más eficaz. Sin retrasos; sin excepciones; sin lagunas.

Hace algo más de un año, en febrero de 2007, el Gobierno noruego recogió el testigo y decidió liderar un proceso que llevase a la prohibición de las bombas de racimo. Se inició entonces el llamado Proceso de Oslo, que a lo largo de varias conferencias ha ido sumando apoyos en busca de este objetivo. El proceso es un espejo de lo que hace diez años pasó con las minas antipersonales: un grupo de gobiernos valientes que, sostenidos e impulsados desde la sociedad civil, decide poner manos a la obra para acabar con un armamento inaceptable. La única diferencia es que el Proceso de Oslo ha sido más rápido y su resultado más eficaz.

Todo esto culminó en Dublín. Fueron dos semanas de duras negociaciones porque, si por un lado presionaba la sociedad civil, por el otro estaban los poderosos lobbies del armamento y, sobre todo, Estados Unidos. Este país no participó pero su aliento se sintió muy cerca, en forma de presiones para lograr un tratado descafeinado. Sólo la determinación de la presidencia irlandesa de la Conferencia y el apoyo de un buen número de países logró desatascar las negociaciones y avanzar en los asuntos clave. El resultado ha sido el mejor de los posibles y ha superado incluso las expectativas de la sociedad civil.

Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, pero puede afirmarse que el proceso es como una bola de nieve: rápido e imparable. Ya durante la Conferencia, varios países, como el Reino Unido y Alemania, anunciaban el inicio inmediato del proceso de destrucción de arsenales. Japón, que era reticente al tratado, sumó finalmente su apoyo. Y algunos países europeos que mostraban resistencia decidieron sumarse sin reservas.

Por su contenido y por el apoyo político recibido, el tratado no sólo prohíbe las bombas de racimo sino que estigmatiza este tipo de armamento. Esto significa que condicionará el comportamiento de aquellos que lo firmen, porque el tratado así se lo impone, pero también de quienes no lo hagan, por la condena moral que supondrá usar este tipo de arma. Hoy podemos afirmar que es muy posible que el uso de bombas de racimo ha llegado a su fin.

Los días 2 y 3 del próximo mes diciembre el tratado se abre a la firma en Oslo. Sólo es necesaria la firma y ratificación de 30 Estados para que entre en vigor y se convierta un nuevo y poderosísimo instrumento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero no se trata sólo de un instrumento jurídico sino de una victoria en toda regla para las víctimas. Las que murieron o sobrevivieron con terribles lesiones, porque les da una victoria moral que llevaban años reclamando y mereciendo; y para las que no se producirán en el futuro, porque este armamento ya no volverá a usarse. Observar a muchas de ellas, presentes en Dublín, y su alegría ante el resultado logrado, daba la mejor idea de la magnitud de esta victoria. Como antes decíamos, se ha hecho historia.

Mabel González Bustelo es responsable de desarme de Greenpeace

Ilustración de Iván Solbes