Dominio público

Opinión a fondo

¿Pagamos entre todos o cada uno paga lo suyo?

25 Ene 2013
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Augusto Klappenbach
Filósofo

“Los que tienen más renta han de acostumbrarse a aportar más a la financiación de los servicios por la vía de la tasa cuando utilizan esos servicios públicos, no por la vía del IRPF”, dijo Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Junta de Galicia, del Partido Popular. Una afirmación que suena muy bien a primera vista: ¿por qué una persona con un alto poder adquisitivo debe beneficiarse de prestaciones gratuitas del Estado? Quienes la utilicen deberán pagar en su momento las tasas correspondientes al servicio que reciben según su capacidad económica y solo aquellos que no tengan ninguna posibilidad de hacerlo podrán recibir asistencia gratuita. Y una persona que no utilice la sanidad o la enseñanza pública no tiene por qué pagar con sus impuestos lo mismo que los usuarios habituales. Una teoría que está penetrando progresivamente en el ámbito de la sanidad, la justicia y la educación y que es menos inocente de lo que parece.

Estos razonamientos responden a una manera determinada de entender la libertad, que supone que una persona es tanto más libre cuanto menos depende de la sociedad en la que vive. La libertad, desde este punto de vista, consiste en una propiedad de cada individuo. Lo cual se expresa en la conocida frase: “mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás”. Es decir, que cuanto más lejos empiece la libertad ajena, más libre será la mía. Los impuestos, desde este punto de vista, constituyen una agresión a la libertad individual: todo servicio tiene un coste y ese coste debe pagarlo el que lo utiliza. De modo que la sanidad, la educación, y todos los servicios sociales deben ser financiados privadamente por sus usuarios. Reservando, eso sí, unos modestos servicios con financiación pública –normalmente de peor calidad- para aquellos ciudadanos que carecen de cualquier recurso. Es el modelo de lo que se ha llamado en los Estados Unidos el “capitalismo compasivo”.

En Europa habíamos optado mayoritariamente por un modelo distinto, que implica otra concepción de la libertad. Se suponía (y hablo en pasado porque este modelo está siendo progresivamente desmantelado) que cada ciudadano debe aportar a la sociedad una parte proporcional de sus ingresos y que con esta financiación se atienden los servicios sociales de todos con independencia de sus nivel social y económico. Si bien  este modelo teórico nunca llegó a aplicarse en todos los casos ni en todas partes ni con todas sus consecuencias, su formulación implica una concepción de la libertad distinta de la anterior. La libertad se entiende como una cualidad de la sociedad misma y no del individuo aislado. Será libre una sociedad en la que no existan relaciones de dominación entre sus miembros, es decir, una sociedad en que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos, aportando lo que puedan y recibiendo lo que necesiten. Si se me permite la impertinencia de citar a Marx en estos tiempos, se trata de una modesta aproximación a la utopía marxista que postulaba “de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad”. Salvando, por supuesto, las distancias.

El primer modelo, que considera la libertad como una propiedad del individuo, conduce necesariamente a un aumento progresivo de la desigualdad. Porque al establecer una correlación directa entre la financiación y el servicio recibido resulta inevitable, a largo plazo -o no tan largo- que el servicio sea considerado como mercancía y por lo tanto se someta a las leyes del mercado, cuyo motor es la competencia que conduce inevitablemente hacia un aumento de la desigualdad.  La financiación por medio de impuestos y la prestación gratuita de los servicios, por el contrario distingue claramente entre la financiación y el servicio prestado, dejando claro que los servicios esenciales que necesitan los ciudadanos deben ser proporcionados a todos por el conjunto de la sociedad, representada en el Estado, independientemente de sus ingresos.

Muchos estudios han demostrado que el crecimiento de las desigualdades al que estamos asistiendo en los últimos años no solo son injustos sino también ineficientes desde el punto de vista económico, hasta el punto de están en el origen de crisis como la actual. “Existe muchísima evidencia en la literatura científica de que lo que disminuye la calidad de vida de la ciudadanía y de la sociedad no es sólo la falta de recursos (que define la pobreza), sino la distancia social entre las personas en una sociedad” dice el Profesor Vicens Navarro. Y economistas poco sospechosos de posturas socialistas, como Robert Reich (ex secretario de trabajo de Bill Clinton) y David Moss (de la Universidad de Harvard) afirman que la desigualdad tiene consecuencias económicas negativas  para el conjunto del sistema, en la medida en que favorece los crash. No se trata, por supuesto, de postular una uniformidad indiferenciada. La igualdad es compatible con el respeto a la diferencia, que no solo se refiere a aspectos como el color de la piel, el sexo o la nacionalidad sino también a la libre elección del estilo de vida, las preferencias personales y la disposición de los recursos de cada uno. La igualdad necesaria se refiere a la igualdad de derechos, especialmente a los derechos fundamentales como la salud o la educación, por ejemplo. Y para asegurarla la financiación pública es una condición necesaria, aunque no sea suficiente.

Estos dos modelos, sustentados en diversas maneras de entender la libertad, están vigentes en distintas sociedades. En Estados Unidos, por ejemplo, tanto la sanidad como la educación son gestionadas preferentemente por empresas privadas, reservando a la gestión pública una función complementaria y de menor alcance. Y hasta la seguridad se confía en buena parte a la iniciativa privada, permitiendo la posesión de armas por parte de los ciudadanos. Un modelo que en Europa no se había generalizado hasta estos momentos, en los que se aprovecha el desconcierto que ha provocado la crisis no solo para tomar medidas de emergencia sino para modificar profundamente la concepción de la sociedad y el papel del Estado sin ninguna consulta a los ciudadanos. ¿Alguien cree que los recortes y las privatizaciones a las que estamos asistiendo se limitan a estos momentos de crisis y que se restablecerá el modesto estado de bienestar por el que habíamos optado hasta ahora la mayoría de los europeos cuando la crisis sea superada?  No se trata solo de medidas de emergencia sino de un cambio de modelo económico y de filosofía política.


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