FERNANDO SCORNIK GERSTEIN

El presidente de Gobierno ha encomendado a Jesús Caldera la tarea de pilotar la empresa de "exportar pensamiento progresista", ocupando el vacío que dejara primero la socialdemocracia alemana y luego el laborismo británico, tras el estrepitoso fracaso de la "tercera vía" de Tony Blair.

Que Jesús Caldera es un hombre de ideas progresistas, nadie lo duda. Fue impulsor de algunas de las muy buenas cosas que se hicieron en la pasada legislatura, como la Ley de Igualdad y la de Atención a la Dependencia. Indudablemente, Caldera tendrá un vasto repertorio de ideas para exportar dentro del bagaje del PSOE.
El propósito de estas líneas es contribuir a su tarea, señalando algunas de las ideas que debe tener mucho cuidado de no exportar, aunque algunos dirigentes socialistas las consideren progresistas.

Lo primero que no debe exportar es la idea del desarrollo económico basado en el tirón inmobiliario, tras el cual se esconden la especulación con el suelo, el famoso pelotazo que encandilaba al ministro Solchaga y –last but not least– la corrupción a niveles municipales y aun autonómicos.

Este sistema, que ha sido el preludio directo de la crisis actual en el sector de la construcción, ha dejado como pesada herencia a una cuarta parte de los españoles sin acceso a la vivienda y a otra cuarta parte hipotecada de por vida para pagar el precio de los inmuebles adquiridos.

Como corolario de lo anterior, resulta claro que tampoco se debe exportar el modelo de financiación municipal, que de progresista no tiene nada, aunque algunos ediles socialistas lo consideren magnífico. En la casi totalidad de los países desarrollados, los ayuntamientos se financian con los impuestos a la propiedad, que es lo más directo y lógico. En Estados Unidos, por ejemplo –aunque hay variantes según los distintos Estados de la Unión–, los impuestos a la propiedad contribuyen en líneas generales con el 50% de la financiación municipal y con el 80% de la de los condados. En otros países, los gravámenes municipales se complementan con sustanciales impuestos a las plusvalías del suelo (en Taiwán, llegan al 60% del plusvalor), que también existen en nuestro país, pero que son insignificantes.

No. Definitivamente, nuestro modelo no puede exportarse, más bien seríamos nosotros los que deberíamos importar las ideas progresistas que en esta materia existen en las grandes naciones anglosajonas (USA, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda); en algunas europeas, como Dinamarca, y en varias asiáticas (Corea, Taiwán, Singapur).

Otro modelo que debe manejarse con cuidado es el de la supervisión de la Banca. Nadie duda de que el sistema bancario español es uno de los mejores del mundo y que el Banco de España realiza una magnífica tarea de control que ha evitado para la Banca española situaciones de riesgo como la que afrontan otros países. Sin embargo hay un aspecto que quizás se ha descuidado: la protección de los usuarios. Así, ha habido pasividad frente a los abusos de ciertos bancos en la imposición de comisiones, especialmente –pero no únicamente– en lo referente a tarjetas de crédito. No todos los bancos lo hacen y la competencia es un factor de correción. Pero cuando la competencia falla, la intervención del Estado es necesaria. La idea –con mucha vigencia en España– de que la competencia por sí sola basta para defender a los usuarios no puede exportarse.
No podemos dejar de señalar como otra idea difícilmente exportable la del sistema que rige para fijar las indemnizaciones por accidente causados por vehículos automotor y que sirven de baremo en otros casos para fijar indemnizaciones por responsabilidad civil. En la época de Felipe González, se dictó una ley por la cual las compañías de seguros que no pagaran voluntariamente las indemnizaciones, si luego eran condenadas, debían abonar un 20% anual de interés sobre la suma debida. Las compañías se apuraban en pagar. Los jueces, además, comenzaron a fijar indemnizaciones sujetas al arbitrio judicial, que es lo que debe ser, como en EEUU. Pero las aseguradoras hicieron lobby en España y en Europa, y la misma legislatura, dominada por los socialistas, derogó el interés punible y aprobó una "tabla de indemnizaciones máximas", como si los legisladores pudieran estar en el pellejo de las víctimas. Una verdadera vergüenza, que las legislaturas del PP se cuidaron de no derogar. En España, ni siquiera se reconoce el daño moral, a diferencia de otros países europeos. Por lo visto, se respeta a la Justicia, pero en cuanto a confiar en el criterio de los jueces, eso ya es harina de otro costal.

Para cerrar capítulo, no podemos dejar de señalar lo difícil que resultará exportar la idea –tan aceptada en nuestro país– respecto al sistema de registros de la propiedad Inmobiliaria. En casi todos los países desarrollados, los registros de la propiedad son públicos y los cargos por inscripciones y anotaciones, bajísimos. En España, existe una institución curiosa: los registros son instituciones públicas a cargo de registradores privados, que pagan sus costos de explotación, cobran sus honorarios y obtienen cuantiosos beneficios. El resultado es que los cargos por inscripciones registrales son, comparativamente con otros países, mucho más altos. Se trata, creemos nosotros, de una especie de residuo medieval, cuando los cobradores de impuestos solían ser personajes privados y odiados. Por supuesto nadie odia a nuestros registradores –que además suelen ser profesionales muy capaces–, pero los registros de la propiedad son, por su propia naturaleza, un monopolio donde no puede haber competencia. Nadie puede irse a otro registro y si hay una regla de oro en economía es que la actividad privada sólo puede aceptarse donde pueda haber competencia. Los monopolios deber ser públicos.

Esperemos que Jesús Caldera, hombre de buen criterio, no exporte lo que es inexportable.

FERNANDO SCORNIK GERSTEIN es abogado, pte. de la International Union for Land Taxation and Free Trade y
miembro del Grupo del Fulham en Londres

Ilustración de IVÁN SOLBES