Dominio público

Cuando los Pokémon eran solo monstruos

Xosé Manuel Pereiro

Xosé Manuel Pereiro

Decano del colegio de periodistas de Galicia

Todas las mañanas, además de un café con algo, los gallegos nos desayunamos alguna trapisonda municipal. Una de las últimas, la de la actual portavoz del PP de Galicia, Paula Prado, que se jactó de haberle colado a su alcalde, cuando ella era concejala en Santiago, una factura de 11.000 por algo que costaba 8.000. El alcalde es de su partido. Igual que el concejal del que acaba de saberse que llamó a la empresa concesionaria del servicio de aguas para decirles que tenía 50.000 euros y ofrecérselos para que hiciesen "una mierdecilla de saneamiento por ahí".  En la corporación compostelana, que ya había tenido que sustituir al anterior alcalde del PP, Gerardo Conde Roa, por defraudar 291.000 euros a Hacienda, prácticamente todos los ediles conservadores están imputados judicialmente. Para equilibrar, a la vez nos enteramos de que, según las conclusiones del Servicio de Vigilancia Aduanera, Francisco Fernández Liñares, ex hombre orquesta del Gobierno socialista de Lugo, tiene un patrimonio oculto de unos 400.000 euros. El informe de Aduanas sobre su tocayo y compañero de partido, el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez, le calcula unos ingresos en efectivo por sobornos y comisiones en cinco años de 283.000 euros.

Estas son, de momento, los últimos misterios del rosario Pokémon que desgrana la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara. El sumario, por cohecho de representantes municipales en esa ciudad y en la de Ourense, lleva un centenar de imputados y dos subtramas (Manga en Santiago y Pikachu en A Coruña). 122 tomos (de momento) que suman unos 33.000 folios. Más que una jueza, De Lara es una Sherezade de la narrativa en papel de oficio, a la que una cosa le lleva a la otra. No sé si la jueza era consciente de ello al bautizar la operación, pero al igual que en la serie de dibujos japonesa, cada encausado evoluciona hacia un ser más estrambótico y con mayores poderes (de presunta corrupción) en cuanto se pone a actuar. Todo el mundo, jurídico y político, es consciente de que el sumario habrá que cerrarlo y trocearlo, pero también de que si no fuese así, el hilo de la instrucción podría desenrollarse e irse enhebrando hasta el infinito y más allá. Porque Pokémon, sintiéndolo mucho por los degustadores de tópicos, no ha destapado la corrupción gallega, ni el caciquismo rural, ni el bandolerismo en las serranías (aunque eso creo que no es gallego).

Lo que ha hecho es aflorar, en Galicia, una pequeña parte de la corrupción que se produce habitualmente entre la intersección hispana de empresas privadas y organismos públicos. Pequeña en sentido absoluto porque, siendo objetivos y/o cínicos, las cantidades que se barajan no son desmesuradas (estamos hablando de instituciones y de sociedades modestas). Y pequeña en términos relativos porque, contra lo que se suele invocar acerca de la escasez de manzanas podridas y de ovejas negras, los canastos de las instituciones están llenos de frutos averiados y las ovejas blancas parecen las menos comunes en los rebaños partidarios. Como le espetó en el interrogatorio el presidente del hasta entonces respetable grupo Vendex (una de las principales empresas implicadas), Gervasio Rodríguez Acosta, a la jueza: "¿Señora, cómo se cree que se hacen los negocios en España?"

Si el lector/lectora es tan ingenuo como su señoría, el método que describe el sumario es sencillo. Conseguir la adjudicación de una concesión untando a quien la otorga. Para que esto funcione se necesita, claro, que se realicen concesiones y se privaticen los servicios. En teoría, parece difícil que si algo no es rentable en manos públicas, menos todavía va a dar beneficios en manos privadas. En todo caso, todo dependerá del gestor de la empresa, no de la propiedad, como ya sabía Chesterton cuando decía que un propietario es posible que tenga más éxito si siente afición por sus negocios, aunque suele tenerlo aún más si tiene el sentido común de dejarlos en mano de alguien que sepa de negocios. En la práctica, por ejemplo, el coste medio del mantenimiento del servicio de aguas es más caro allí donde está externalizado que donde sigue estando en manos municipales.

El otro método de obtener dinero sin los molestos efectos colaterales de trabajar es extraérselo a las administraciones mediante una variedad de sistemas que no dejan de ser aplicaciones del dicho mexicano "yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay". Este método exige una actitud emprendedora y proactiva, y hay variedad de ejemplos. Quizás el más conocido sea el caso Nóos y, last but not least, el de los cursos de formación de la patronal madrileña.

En este último asunto, independientemente del curso penal que tome, parece que es legal y/o habitual que el dinero que las administraciones asignan para formar profesionalmente a los ciudadanos se destine a pagar sueldos de 120.000 a 385.000 euros a directivos de asociaciones privadas. Nada nuevo bajo el sistema solar de las subvenciones, tan criticado por sus beneficiarios. Ya hace décadas, en la confederación empresarial gallega, bajo el mandato de un presidente especialmente crítico con el sector público y la actividad sindical, se detectó un abismo financiero de mil millones de las entonces pesetas en el que se habían precipitado ayudas a la formación y subvenciones de varios tipos. (Tampoco eso tenía nada que ver con el caciquismo, ni con lo rural, y sí algo más con el bandolerismo, pero no serrano).

Igual que los adalides del neoliberalismo lo ven perfectamente compatible con cobrar del dinero de la protección social, también los políticos justifican los deslices de sus correligionarios. "Eso no es corrupción. Hay diferencia entre pedir o recibir dinero y un enchufe", defendió a los suyos el presidente de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, citando sin saberlo a Pablo de Tarso cuando decía "es más felicidad dar que recibir" (Hechos de los apóstoles, 20:35). De la misma forma que se extrañaba en su día el abogado de Francisco Correa, Luis de Miguel Pérez, de la catadura moral de su representado: "¿Cómo iba a pensar yo que había negocios turbios cuando Correa tenía en su despacho una bandera de España y otra del PP?", sin reparar en el detalle de que era el administrador único de cuatro de sus principales empresas, y en su caso no tenía, como la Infanta Cristina, la excusa de que estaba casado con él y firmaba por amor todo lo que le ponía por delante.

En el caso de los políticos –y ya puestos, en el de los dirigentes empresariales, que también son cargos electos, y también suelen mantenerlos pese a todo– la indignación generalizada y sin matices que suscitan es para recordar aquello que tanto extrañaba a Alberto Moravia de que los votantes no se sientan responsables de los fracasos del Gobierno que han votado. El hombre es único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y el elector, el único que se la lleva para tropezar a gusto cada vez que se lo piden. Como se le escapó al actual presidente de Colombia cuando todavía no lo era y defendía la reelección de su predecesor, Álvaro Uribe: "Si hubo cohecho o no hubo cohecho, eso no invalida el número de votos que fueron depositados a favor de la corrupción... a favor de la reelección".

Nosotros lo sabemos y lo que es peor, ellos también. En plena instrucción del sumario Pikachu, el alcalde coruñés ha mostrado públicamente su confianza en que las imputaciones a miembros de su Gobierno no afectarán al PP en las municipales porque "los ciudadanos en lo que de verdad piensan es en cómo les ha ido a ellos". Quizá Negreira, que nació en Rio de Janeiro en 1960, recrea en su inconsciente a Ademar Pereira de Barros, un famoso político brasileño entre los años 50 y 70, varias veces candidato a la Presidencia, que llegó a asumir como propio el eslogan: "Ademar rouba, mas faz" (Ademar roba, pero hace).

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