Francisco Ramos Antón
Licenciado en ciencias políticas y sociología, parlamentario autonómico del PSOE en las Cortes de Castilla y León

El PP aprobó una reforma local para dejar a los municipios sin el espacio político más genuino de los ayuntamientos democráticos: las competencias sobre las condiciones sociales del espacio público local. Ahora pretende hacer digerible con argumentos de calidad democrática una reforma electoral que consolide en el cargo a alcaldes como el de Valladolid. Para entendernos.

El PP no quiere alcaldes para mejorar las condiciones de vida y convivencia en los pueblos y ciudades. No quiere alcaldes para reinventar las oportunidades de los municipios y garantizar la equidad de acceso a los servicios públicos. Quiere alcaldes para hacer alcaldadas. Y esta propuesta solo pretende tranquilizar a los suyos, que no quieren hacerse cargo del castigo electoral que merece Rajoy.

La reforma local la han parado las comunidades autónomas (CCAA)  de todos los signos políticos, porque no pueden asumir su coste ni el precio político de cerrar servicios locales en vísperas electorales. Han podido hacerlo por el carácter ideológico y la escasa calidad técnico-jurídica de la reforma, mientras el Tribunal Constitucional se piensa, a su ritmo, los nueve recursos admitidos a trámite y estudia el décimo presentado por casi 3.000 ayuntamientos.

El resultado es que hoy los alcaldes son okupas de sus propias competencias. Gestionan en precario los servicios sociales y de desarrollo local. Las diputaciones no empezarán a ejercer el derecho de pernada sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes, que les reserva la reforma, hasta después de las próximas elecciones locales.

Los argumentos de racionalización y sostenibilidad de esta reforma, que sólo encubre un recorte estratégico del Estado de Bienestar, son tan falsos como los de la reforma electoral, que no es más que un pucherazo para ganar con las peores artes de la vieja política lo que el PP presume que van a negarle las urnas.

¿Han oído hablar al PP de nuevas reglas del juego para que todos los partidos elijan sus candidatos  a las alcaldías mediante primarias abiertas? ¿Le han oído proponer listas abiertas en las elecciones municipales, para empezar por algún sitio? ¿Y de abrir las urnas en las elecciones municipales a los jóvenes de 16 a 18 años, le han oído algo? ¿Conocen alguna propuesta del PP para incorporar a la gestión local de presupuestos, proyectos y servicios reglas de democracia participativa que añadan valor a la democracia representativa en el espacio público local?  Hasta ahora al alcalde lo elegían los concejales. El PP pretende que lo elijan directamente los partidos. Y eso será todo.

Con su cuasi monopolio de la oferta política en la derecha pretende evitar uno de los modelos de ayuntamientos que mejores resultados han rendido y más satisfacción ciudadana han propiciado: los gobiernos locales basados en el acuerdo político, los más permeables a las demandas sociales y al pulso ciudadano entre elecciones.

El gobierno local en España  necesita una reforma en profundidad, como otros niveles de gobierno, instituciones, prácticas políticas y reglas del juego. Cuando nos comparamos con la Europa a la que nos queremos parecer constatamos que aquí nos falta administración local y administración social, que vienen a ser lo mismo si es esta su orientación competencial.

En lo que afecta al mapa local en Europa tenemos para todos los gustos. El gobierno local ha de plegarse al territorio y a la demografía con inteligencia, evitando comparaciones imposibles y, sobre todo, cargarse modelos que funcionen.

Para cuando toque  hay que plantearse seriamente una reforma local basada en el debate ciudadano y en el acuerdo político. No es cosa menor. En un mundo de soberanías fragmentadas, de actores políticos superados por decisiones de alcance global, la democracia local es la certeza que le queda a la ciudadanía, el vínculo tangible con lo público.

Con ánimo de polémica adelanto en formato de decálogo una propuesta de agenda para la reforma local orientada al debate nacional en las próximas elecciones locales:

1º.- Derogación de la reforma local impuesta por el PP con la complicidad del PNV –a cambio de lo suyo- contra el resto de los grupos políticos, la oposición efectiva de organizaciones sindicales, profesionales, de muchísimos ayuntamientos, y de las CCAA que han recurrido o han legislado contra ella, o ambas cosas.

2º.- Revisión al alza de las competencias locales en materia de política social: economía, empleo, desarrollo local, servicios sociales y socio-sanitarios, políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, consumo  y educación.

Se trata de mantener el principio de subsidiariedad y aplicar la Carta Europea de Autonomía Local, desbloqueando el proceso de descentralización que se ha quedado en las CCAA.

3º.- Supresión de las diputaciones provinciales que son una antigualla en el Estado de las Autonomías, en el que las CCAA pueden asumir sin dificultad sus funciones de garantía de prestación de los servicios locales mínimos en todo el territorio.

En realidad, si se han mantenido hasta ahora es porque han servido para gestionar la implantación territorial de los partidos con representación. Para hacer listas en los municipios y extender la red clientelar.

Una advertencia: Las diputaciones se pueden suprimir, pero no se pueden reformar si no es  para engordar el monstruo, como ha ocurrido con la reciente reforma local del PP. Salvo que se evitara que los llamados a esta reforma no fueran los interesados en evitarla, como hasta ahora.

Una excepción: Las diputaciones de régimen foral.

4º.- Institucionalización generalizada de las comarcas para la prestación de servicios públicos en el medio rural, mediante una gestión compartida con los actuales municipios y entidades locales menores. Se trataría de una institución de elección directa por la ciudadanía, por tanto con plena legitimidad democrática. Más ayuntamiento de municipios que mancomunidad de ayuntamientos. Su regulación debe sin duda imputarse a las CCAA, dada la heterogeneidad institucional, cultural, territorial y –sobre todo- del sistema de poblamiento de las regiones españolas.

Se trataría, tal vez, de los ayuntamientos del futuro, que no tienen porqué arrasar con nada de lo que funciona bien.

5º.- Creación de un régimen local diferenciado para municipios viables con plenitud de competencias locales sobre cuyo tamaño mínimo habría que ponerse de acuerdo entre los 10.000 y 20.000 habitantes. A este régimen local habrían de asimilarse las comarcas para la prestación de servicios locales en el medio rural.

6º.- Regulación de un régimen local propio para los pequeños municipios –el resto- y las entidades locales menores, con exigencias administrativas, de procedimiento y fiscalización proporcionadas a sus presupuestos y competencias, limitando el coste de sus funciones institucionales y administrativas.

Se trata de mantener el autogobierno local, la gestión comprometida del patrimonio común, la prestación informal de servicios y la referencia institucional de identidad hasta donde sea posible. Todos elementos clave para mantener el valor del territorio, factor que sigue siendo clave en la economía del siglo XXI, lo que se entiende más fácilmente si pensamos en términos de energía, agua, absorción de CO2 y de lucha contra el cambio climático.

7º.- Reforma en profundidad de la función pública local, basada en un sistema mixto de acreditación nacional y autonómico, previo al acceso al puesto de trabajo mediante concurso público, que permita la permeabilidad con los sistemas de empleo público de las CCAA. Creación de un cuerpo profesional de directivos y gestores públicos locales cuyo acceso dependa menos de la memorización de un temario que de la  acreditación de conocimientos, competencias y habilidades directivas.

8º.- Mejora de la representatividad democrática de ayuntamientos y comarcas e institucionalización de prácticas políticas y administrativas de gobierno abierto y democracia participativa.

Profesionalización de la actividad pública local eliminando asesores políticos y prácticas de libre designación para el acceso a los puestos de trabajo, de modo que se reserve al ámbito político las decisiones estratégicas.

9º.- Fomento de los dispositivos de estudio e investigación comparada de prácticas administrativas locales  y de evaluación de procesos , programas y proyectos locales, en acción concertada entre las universidades, las entidades locales y sus asociaciones autonómicas y estatales.

10º.- Abordar la financiación local en el mismo paquete que la financiación autonómica, corresponsabilizando al conjunto de las  CCAA de un nivel de financiación de los servicios locales equiparable al de los autonómicos y de la equidad de acceso en todo el territorio del Estado, sin las discriminaciones que ahora sufre el medio rural.