Marina Albiol
Eurodiputada y portavoz de IU en el Parlamento Europeo
Jon Rodríguez
Asesor de IU en el Parlamento Europeo

A pesar de los grandes discursos a los que nos tienen acostumbrados los dirigentes del Estado español y la Unión Europea cuando se acercan días como el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBifobia, seguimos habitando un territorio donde la violencia es una parte más del día a día de la inmensa mayoría de las personas LGTBi.

Según el último estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el 47% de las personas homosexuales o bisexuales se habían sentido discriminadas o acosadas en 2016, una cifra que se eleva al 55% en el caso de las mujeres lesbianas, o al 57% en el caso de las personas menores de 25 años. Con estas cifras, es normal que hasta el 72% de las personas hayan ocultado en alguna ocasión su orientación en sus centros de estudio o trabajo por temor a la violencia de la que hablamos.

Esto sólo tiene una explicación, que es la de que el estado y sus instituciones son uno de los principales agentes en la perpetuación de esta violencia. Por eso mismo, según la misma encuesta, sólo un 10% de los casos de discriminación, acoso, o violencia, se denuncian. En el propio Estado español sólo constan 59 denuncias por violencia LGTBifóbica durante el pasado año, y sin embargo diferentes organizaciones hablan de varios centenares de casos de los que tienen constancia.

Las instituciones ejercen y legitiman una violencia que luego se manifiesta en la sociedad de formas muy diferentes, y lo hacen en muchos espacios. Uno de los ejemplos más claros es en el de la patologización de las personas trans. La inexistente patología de "disforia de género" sigue apareciendo en el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, de referencia mundial, y también el "transexualismo" sigue en Clasificación Internacional de Enfermedades que publica la OMS.

Sin embargo, años de intensa protesta y movilizaciones por parte de las y los activistas trans han llevado a que esto sea cuestionado por gran parte de la población y que, analizando la escasa información de la que disponemos, todo indique que la despatologización oficial puede estar cerca.

Pero pese a que instituciones como el Parlamento Europeo hayan ya votado en repetidas ocasiones  a favor de la despatologización, la realidad es que se trata, una vez más, de declaraciones vacías, pues los mismos que votan esas resoluciones aplican unas medidas terriblemente violentas ahí donde gobiernan.

Cuando hablamos de despatologización no nos referimos sólo a la presencia en esos infames manuales, sino a la necesidad de abolir toda una serie de prácticas médicas y sociales que infantilizan y patologizan a las personas trans. La más sangrante de ellas quizá sea la castración obligatoria para el reconocimiento de la identidad propia, que sigue practicándose en 23 países europeo como Bélgica, gobernada por los liberales, o Rumanía, gobernada por los socialdemócratas.

En el actual contexto de contrarreforma ultraconservadora de la Unión Europea, en el que la extrema derecha está imponiendo sus políticas de odio hacia la diferencia, imponiendo su agenda sobre los partidos del régimen, es importante que denunciemos los intentos de imponer una visión homonacionalista.

Frente a quienes intentan utilizar la bandera de la diversidad sexual y de género para hacer discursos xenófobos, nuestra obligación es reivindicar la interseccionalidad y recordar que cuando se cierran fronteras, se rechazan demandas de asilo o se militariza el mar Mediterráneo, se está agrediendo también a las personas LGTBi. Como muestra, casos como el de Christelle Nangnou, que fue retenida durante días y agredida físicamente por la Guardia Civil en el Aeropuerto de Barajas, donde había demandado asilo al haber tenido que huir de su país al hacerse pública su homosexualidad; o como Muhammed Sankari, un refugiado sirio gay asesinado en Estambul unos meses después de la aprobación del Acuerdo de la Vergüenza entre la Unión Europea y Turquía, que ya había sufrido anteriormente acoso y violencia sexual por su orientación.

La lucha contra la LGTBifobia debe darse, por tanto, en todos los frentes y desde luego teniendo claro que los derechos se han conseguido y seguirán consiguiéndose a través de la lucha.

El movimiento por la liberación sexual y la autodeterminación de género en el Estado español es un ejemplo de ello, de cómo a través de la lucha social, del trabajo ingente de las y los activistas, se han logrado muchos objetivos tanto legales como sociales, conquistados en la calle. No podemos bajar la guardia y debemos seguir luchando contra el odio y respondiendo en la calle a cada agresión LGTBifóbica.