Cuanto más se acude a la "legitimidad" para justificar una acción, más probable es que ésta se aleje de la legalidad.

No es la primera vez que el legitimismo aparece en la vida política española y catalana para enredarla aún más. No solo ligado a la sucesión monárquica, como ocurrió durante buena parte del siglo XIX con el legitimismo del infante Carlos frente a Isabel II. La diferencia hoy es que estamos ante un debate incruento y en democracia, no exento de dramatismo, con supuestos presidentes en el exilio y reales dirigentes políticos en prisión. 

Encontramos otros sucedáneos del legitimismo reciente, por ejemplo, en el triunfo socialista cuestionado por el PP después del atentado terrorista del 11M. Ahora el sucedáneo gira en torno a la aplicación del 155 y el resultado de las recientes elecciones catalanas.

Los resultados del 21D han sido interpretados por el independentismo, especialmente por Puigdemont, como la victoria de su supuesta legitimidad unilateral frente al Estado y al 155, no como los de unas autonómicas en condiciones atípicas. El triunfo del legitimismo frente a la democracia representativa y la Constitución. No es de extrañar que el debate actual identifique a Puigdemont no ya con el candidato propuesto por la mayoría a la investidura, sino con el presidente ungido por el referéndum y la DUI, alimentando la figura del presidente en el exilio, imagen simbólica tan sensible para la historia de Cataluña como lo fue la de Tarradellas.

La misma dialéctica se reproduce en el seno de los partidos independentistas, entre el bonapartismo de Junts per Cataluña y la más reciente propuesta política de gobierno efectivo defendida por Esquerra Republicana y el resto de las fuerzas políticas, con aportaciones imaginativas como la doble investidura de un president simbólico (Puigdemont en la lejanía) y otro efectivo para desbloquear la situación. Un president simbólico, designado por una "Asamblea de Electos", creada para culminar la independencia y emanada de la Asociación de Municipios por la Independencia, un cauce que recuerda al sistema de designación de procuradores de otros regímenes corporativistas.

El fuego amigo supera las fronteras del independentismo, incluso en forma de pulso político entre PP y Ciudadanos, donde el primero se considera con legitimidad para apropiarse del 155 y del Estado frente a los advenedizos de un nuevo partido sin la mochila de los recortes y la corrupción que simboliza Ciudadanos para una parte cada vez mayor de la derecha española. También aquí la imaginación vuela con propuestas como la investidura de la señora Arrimadas, solo para poner en marcha el reloj de los dos meses de plazo, cosa que rehusó el candidato Rajoy a propuesta del Rey tras las generales en enero de 2016.

Muchos estamos convencidos de la importancia de volver a la legalidad. Volver con pies de plomo para no seguir alimentando el legitimismo. Para ello es fundamental recuperar la normalidad -al margen de la república impuesta unilateralmente y de la respuesta de intervención del 155-, desactivando el relato legitimista derivado de la sobreactuación autoritaria, las torpezas del PP y su rastro de agravios reales e imaginarios en el ámbito administrativo, penal y constitucional. Y abrir paso de una vez a la política, sin desconocer en absoluto la independencia ni el carácter lineal de la justicia penal frente a las líneas quebradas de la política.

El soberanismo latente en Cataluña recibió un impulso en 2010 con el recorte del Estatut por el TC, el fracaso del pacto fiscal en 2012, el quiebro independentista de Artur Mas en 2013 y la consulta del 9-N de 2014. La gestión austericida de la crisis por parte del PP contribuyó a la indignación colectiva con efecto multiplicador, alimentando la ficción de la república catalana como alternativa al triple fracaso institucional, social y territorial del Estado del supuesto régimen del 78.

En definitiva, la acción-reacción del referéndum ilegal del 1-O ha reavivado el legitimismo (con la intervención policial primero y la DUI, los procesos penales y la prisión preventiva después). Por otra parte, la dosis de realidad administrada por la convocatoria de nuevas elecciones no ha sido suficiente para volver al debate racional, al menos para equilibrar sentimiento y razón. Muy al contrario, se ha polarizado en torno al duelo de patriotas.

Nos queda por explorar la terapia política desactivando causas y efectos, condicionantes y determinantes. En palabras del eminente historiador catalán Josep Fontana, hay que dar respuestas concretas a problemas concretos: los socio-laborales, los efectos de los recortes en derechos y servicios, los de la regeneración democrática, la recuperación del prestigio de las instituciones... Por supuesto, también a los de identidad y sentimentalidad, empezando por evitar más cruces de agravios y curando heridas.