El Ayuntamiento de Barcelona aprobó el miércoles una moción en favor del acercamiento de los presos políticos catalanes en prisiones que dependan de la Generalitat. Tras múltiples muestras de rechazo a la prisión preventiva y tras pedir la puesta en libertad de los reclusos, la propuesta busca ahorrar a las familias el mal trago de recorrer 1.200 kilómetros (ida y vuelta) para compartir un rato con sus seres queridos. La medida, impulsada por el gobierno municipal, tuvo el apoyo de todos los grupos, menos PP y Cs. El PSC se desmarcó a última hora.

El portazo del PSC al acercamiento de los presos ha dejado a muchas personas de izquierda con cara de póker. La dispersión penitenciaria es un castigo injustificado que pagan las personas privadas de libertad, pero sobre todo su entorno afectivo. Así lo recogen varios organismos de defensa de los DDHH, como Amnistía Internacional en un informe muy crítico sobre la dispersión penitenciaria en Euskadi. De hecho, el Derecho Internacional dice que "los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cerca de su hogar o en su lugar de reinserción social". Es bajo estas premisas que, pese al conflicto vasco, se logró un amplio consenso político y social alrededor del acercamiento de presos. Un consenso en el que los socialistas vascos han tenido un papel clave, a pesar de que sobre aquellos reclusos pesaban sentencias por terrorismo. ¿Porque actúan, pues, de forma diferente en Catalunya, tal y como se plasmó ayer en Barcelona?

La primera hipótesis que me viene a la mente es sencilla: En Catalunya nos hemos olvidado de hablar de derechos sólo por el miedo a que unos u otros nos etiqueten. Nos paraliza. Nos amordaza. Y parece que a diversas sensibilidades de la izquierda española le pasa algo parecido. No podemos caer en la trampa de normalizar la excepcionalidad. Corremos el riego de apuntalar una involución democrática que hoy se ceba con una opción política, pero que mañana lo hará con otras. En Barcelona, por ejemplo, mucha gente –el 80% según el barómetro municipal— se opone a la prisión preventiva que sufren los Jordis, Forn o Junqueras. Por tanto, es razonable creer que aún más gente está en desacuerdo en que esta privación de libertad deba sufrir a 600 kilómetros de distancia. ¿De verdad alguien cree que todos aquellos que rechazan la prisión preventiva son independentistas? ¡No! Son ciudadanos que, independientemente de qué piensan sobre la independencia, les da vergüenza ver gente en prisión sin sentencia firme. Y sobre todo, que dudan profundamente que se pueda construir un horizonte de convivencia mientras se mantengan encarcelamientos con claras motivaciones políticas.

El gobierno de Barcelona tiene el deber de buscar espacios de diálogo y encuentro. Y tiene una posición privilegiada para hacerlo. Tanto por la composición del propio consistorio, como por sus lazos con actores de fuera de Catalunya, que pese a la dificultad del contexto político no han dado la espalda a la situación que vive el pueblo catalán. Por eso son importantes las propuestas asumibles, como el acercamiento penitenciario o el rechazo a la prisión preventiva, que aborden la raíz del problema y que puedan aglutinar una amplia pluralidad de la sociedad civil y la clase política. Si el socialismo recupera su origen progresista, es posible tejer una alianza entre las entidades defensoras de derechos humanos, colectivos de juristas, sindicatos, fuerzas políticas y las entidades afectadas por los encarcelamientos para remar juntos en cuestiones de mínimos. Desde el respeto a las posiciones de cada uno. Y con el objetivo de salir de las burbujas autorreferenciales de todos. Pedir la liberación —¡menos aún el acercamiento!— de las personas presas no significa compartir la hoja de ruta del procés. Ni simpatizar con fuerzas políticas independentistas. Quiere decir, sencillamente, ser sensibles a una práctica excepcional y abusiva que el Estado ha convertido en habitual desde el año 1978.

Soy de los que siempre han pensado que el futuro de Catalunya debe resolverse por la vía de debate y las urnas. Que judicializar la política sólo conduce al enquistamiento del problema. Y que por múltiples responsabilidades compartidas (la culpa nunca es sólo de un actor) hoy tenemos en un país dividido con un problema de cohesión social y convivencia que no conocíamos hasta la fecha. Se necesitan urgentemente consensos amplios y éstos se han de levantar desde un contexto compartido de libertades. Con gestos generosos de todas las partes encaminados a recuperar la normalidad institucional.

Ignorar que las elecciones del 21D las ganaron las fuerzas independentistas es igual de errático que cerrar los ojos ante una Catalunya que, no lo olvidemos, hizo ganadora a una fuerza como Ciudadanos. Detrás de esta realidad, hay lecciones que cuanto antes asumamos mejor: tenemos el país partido en dos. Peor aún, ninguna mitad reconoce la otra. Y el futuro que merecen ambas partes no puede pasar porque una derrote a la otra. Se necesitan puentes en un momento de tanta sordera. De tanta testosterona. Puentes como los que reivindica, valiente y generosa, Txell Bonet, esposa de Jordi Cuixart. Sino, la grieta que hoy fracciona la Catalunya un sol poble que defendía Candel tenderá a hacerse más grande.