El día 8 de marzo fue un éxito del movimiento feminista, con la participación masiva en las movilizaciones. Millones de mujeres, especialmente jóvenes, participaron, de una u otra forma, en las manifestaciones públicas, paros y concentraciones laborales y estudiantiles, así como en actividades reivindicativas y culturales. Han estado acompañadas por la solidaridad de muchos hombres y el reconocimiento y apoyo de un amplio tejido asociativo, sindical, mediático y político.

Se ha conformado una nueva marea social plenamente justificada frente a la discriminación de género, el acoso machista, la brecha salarial y la desigualdad social y laboral, y por una igualdad fuerte y efectiva. España, y particularmente Madrid, ha sido referencia mundial por su capacidad expresiva y la claridad y contundencia de sus mensajes. Es un hecho singular cuyo sentido sociocultural y político tiene especial relevancia, más en la actual coyuntura.

Es una protesta democrática y cívica que busca la emancipación femenina. Refleja un cambio de mentalidades y relaciones interpersonales en la sociedad, un proceso de empoderamiento individual y colectivo en gran parte de mujeres y una voluntad transformadora. Contribuye a cambiar el papel y la relación de los distintos actores sociales y políticos, de los movimientos sociales o la ciudadanía crítica respecto de las representaciones políticas. Modifica las prioridades de la agenda política: hay que dar respuesta a esas demandas.

Por tanto, desde la autonomía de su participación cívica, esta marea feminista reafirma el perfil social del cambio en un contexto difícil y complicado con fuertes tendencias político-económicas regresivas, dinámicas sociopolíticas y culturales reaccionarias, bloqueo institucional de las derechas, así como división y relativa impotencia de las fuerzas progresistas para implementar un cambio político sustantivo.

Tres hechos encadenados de este contexto explican esta amplia participación ciudadana y dan sentido y proyección a la reafirmación feminista por la igualdad.

Primero, la persistencia de la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres, junto con el insuficiente reconocimiento público de su aportación, así como con mayores dificultades y desventajas comparativas en su doble condición de mujeres y trabajadoras (presentes y futuras). No hace falta ilustrarlo. Últimamente es el rasgo con mayor visibilidad que contrasta con el incremento de la percepción individual y colectiva de su injusticia conformando una actitud transformadora igualitaria y liberadora.

Segundo, el límite de las políticas públicas y los mecanismos institucionales que teóricamente favorecen la igualdad de género, así como los recortes sociales y de derechos que perjudican especialmente a las mujeres.

Por un lado, el carácter limitado o solo retórico, sin suficientes presupuestos y recursos, de algunas leyes como la Ley de igualdad, la de conciliación y la normativa contra la violencia machista o de género, esta última casi solo centrada en reforzar su carácter punitivo en detrimento de una estrategia realmente ‘integral’ para erradicarla. Están agotadas y necesitan una nueva y real implementación, superando su cortedad aplicativa.

Por otro lado, las deficiencias de los sistemas públicos de atención a las personas y los cuidados que suelen recaer en las mujeres, con desventajas comparativas y adjudicándoles un mayor esfuerzo y carga de trabajo, no reconocidos, en esa actividad reproductiva, incluida la maternidad y la crianza: escuelas infantiles de cero a tres años, ayuda a la dependencia, mejora de los servicios públicos, paridad con los hombres en la distribución y conciliación de las tareas domésticas y profesionales...

Además, la consolidación de las reformas laborales regresivas, la devaluación salarial, la precariedad de las trayectorias laborales y el mercado de trabajo y las dificultades de inserción profesional en un empleo decente, en el actual contexto de las políticas de austeridad, perjudican más a las mujeres, particularmente de las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso).

En consecuencia, se ha configurado una exigencia feminista de reformas efectivas contra la desigualdad de género en los distintos ámbitos de las relaciones interpersonales, las garantías institucionales de un Estado de bienestar más avanzado, la democratización política y las reformas progresistas económico-laborales bajo el objetivo de la igualdad real. Muchas reivindicaciones pueden ser compartidas con varones frente a las estrategias de subordinación y segmentación del poder establecido, como, por ejemplo, la intolerable precariedad laboral juvenil; pero también hay que señalar el sesgo y la especificidad de género.  Al mismo tiempo, denotan la interacción de lo personal, lo grupal y lo político, así como su impacto institucional y cultural.

Impacto feminista en el cambio político

Tercero, esta amplia expresión cívica feminista (junto con cierta reactivación popular y movilizaciones significativas como la de personas pensionistas) se produce ante el bloqueo político del cambio derivado del reforzamiento institucional y mediático de las derechas, incluso con su prepotencia autoritaria y su desprecio machista (solo camuflado ante este éxito movilizador), el continuismo hegemonista del bloque liberal conservador en las instituciones europeas y la división de las fuerzas progresistas incapaces de configurar una alternativa política unitaria y creíble.

Se ha terminado un prolongado ciclo electoral que había despertado ciertas esperanzas transformadoras por la vía de la delegación representativa y su acción en las instituciones. Se han consolidado las fuerzas del cambio y su gestión política en algunos grandes ayuntamientos, paliando situaciones sociales graves. Pero, sin claras mayorías o sólidas alianzas institucionales y sin un cambio gubernamental (y europeo), con una fuerte base de apoyo ciudadano, el impacto del cambio para las mayorías sociales y sus condiciones de vida es limitado e insuficiente ante la prolongación de la crisis social y económica y las políticas neoliberales dominantes.

Es el marco y contrapunto para la inquietud de mujeres activas que late en la necesidad de una movilización social general que desbloquee la situación e impulse reformas igualitarias efectivas. La oportunidad de cambio político (moción de censura) se desvanece, se acumulan fuerzas y discursos progresistas pero la expectativa se aplaza hacia el nuevo ciclo electoral por venir. Sin embargo, los factores de malestar de fondo, feminista y popular, persisten y no esperan para expresarse en el campo social (dejo al margen el conflicto territorial). Este proceso participativo tiene un valor propio como activación social y refuerzo de la ciudadanía crítica, con un perfil feminista fundamental y un impacto directo en las relaciones sociales y políticas. Configura una necesidad y un complemento sustancial para el cambio político e institucional y su carácter.

Se ha reforzado, precisamente, ante un impasse a medio plazo en las expectativas transformadoras sin un horizonte claro de probabilidad de avances sociales y democráticos. La alternativa inmediata de un cambio gubernamental de progreso ha sido rechazada por el Partido Socialista que renuncia a forjar un acuerdo progresista con Unidos Podemos y convergencias. Tras un breve paréntesis del nuevo PSOE su dirección retoma sus preferencias por la operación de gran centro de la mano de Ciudadanos, su responsabilidad de Estado y el consenso europeo, así como el distanciamiento y la marginación de Unidos Podemos.

Pero, aunque no todo está dicho, con esa dinámica se restringe la capacidad de cambio sustantivo en el próximo ciclo electoral del año 2019 (elecciones municipales y autonómicas) y 2020 (generales), aun cuando las fuerzas del cambio tengan un buen resultado, ganen en algunos ámbitos en términos relativos y se alcancen algunos acuerdos concretos. En ese sentido y con esas coordenadas su legítima aspiración a ‘ganar’ no se traduce necesariamente en un cambio institucional suficiente para implementar un giro social progresista y democratizador de alcance general. Sería insuficiente para modificar sustancialmente la dinámica socioeconómica, política... y de las relaciones machistas y patriarcales. Es la sensación feminista que avala la idea de coger el presente y el futuro en las propias manos. Por tanto, con esa inercia, el cambio real de políticas públicas y gestión institucional es incierto, y desactiva las expectativas e ilusiones ciudadanas de una transformación gubernamental de progreso.

En consecuencia, este fenómeno de activación popular, además de expresar una exigencia de cambio inmediato y conformar mayores capacidades colectivas de influencia social y política, es una variable fundamental para modificar los campos electorales, fortalecer la dinámica de cambio político real, condicionar al Partido Socialista hacia una alianza de progreso y configurar una alternativa institucional firme y creíble con esa orientación de fondo de la igualdad y la participación cívica.

Existe una pluralidad de corrientes ideológicas y culturales. Hay, al menos, dos grandes corrientes feministas: una de corte liberal, más formalista y adaptable a las actuales estructuras de poder, y otra de orientación igualitaria o progresista que enlaza con una actitud transformadora. Ambas tienen un fuerte componente cultural, simbólico e identitario. Y también una gran repercusión política-institucional, a veces de signo distinto o contrapuesto.

Un movimiento social debe ser autónomo de cualquier dependencia partidista y, en ese sentido, transversal a las distintas pertenencias políticas; es decir, su identificación y su cohesión se producen en torno a objetivos propios y compartidos en esa esfera de su función social inmediata. No obstante, ello no puede llevar a negar el impacto o el sentido político de su actividad. Es lo que pretende ahora las derechas del PP y Ciudadanos y su aparato mediático al querer desactivar (despolitizar) la dimensión crítica y transformadora de una acción sustantiva por la igualdad real frente a las resistencias del poder establecido que aparece difuminado.

En definitiva, el movimiento feminista (y sus aliados), dentro de su diversidad, tiene, a mi modo de ver, dos retos por delante: consolidarse como movimiento social autónomo, como marea cívica, con su articulación organizativa y sus referentes reivindicativos y discursivos; contribuir, desde sus objetivos transformadores, compartidos por otros movimientos sociales y agentes sociopolíticos, al cambio político e institucional de progreso tras ese gran valor de la igualdad.