Actualmente, nos encontramos ante la recta final de la tramitación de la directiva de notificación de servicios, una de las múltiples normas de la UE para impulsar el mercado único en el sector de los servicios.

Desde la adopción de la Directiva de servicios en 2006, la tristemente famosa Directiva Bolkestein, la Comisión Europea siempre ha argumentado que, por un lado, los Estados miembros a menudo no aplican correctamente dicha norma; y, por otro lado, todavía existen demasiados obstáculos a la libre circulación de servicios que dicha Directiva no resuelve. Por ello la Comisión ha intentado introducir por la puerta de atrás algunos de los principios más desreguladores de la propuesta de Directiva original de 2006 que se tumbaron en el Parlamento Europeo durante su trámite.

Lo vimos recientemente con la propuesta de "tarjeta electrónica de servicios" propuesta que actualmente se encuentra bloqueada. Esta medida de "pasaporte de servicios" propuesta por la Comisión pretendía introducir el "principio del país de origen" en la prestación de servicios transfronterizos que hubiera supuesto que los proveedores de servicios quedaran sujetos a las normas de su Estado de origen y no a las del Estado en el que se presta el servicio.  Es decir que una aseguradora de coches de Luxemburgo con tarjeta electrónica otorgada en dicho país, podría operar en cualquier otro país europeo sin pedir autorización en ellos y sin someterse a los diferentes estándares de calidad y de protección de las personas consumidoras de cada estado. El Parlamento Europeo bloqueó esta posibilidad en 2016, y ya había sido vetada en la tramitación de la directiva de 2006.

En el caso de la propuesta de procedimiento de notificación de servicios, se supone que va dirigida a reducir las normas "arbitrarias" y los requerimientos excesivos para autorizar la prestación de determinados servicios. El ejemplo más escandaloso de la amenaza desreguladora de esta propuesta de la Comisión lo encontramos en el ataque a las competencias municipales de planificación urbana que tienen como último objetivo garantizar el interés general de la población. La Comisión proponía que cualquier modificación de los usos del suelo, es decir cualquier limitación del cambio de uso de residencial a turístico, por ejemplo, tendría que estar sometido a un escrutinio previo por parte de sus servicios antes de ser aprobado. En teoría se quería controlar que no se restringiera el establecimiento de proveedores de servicios, pero ello podría llevar a un bloqueo de la política local y a una vulneración del principio de subsidiariedad.

Además del escrutinio, se pretendía también dar capacidad de bloqueo normativo a la Comisión Europea. Si la Comisión considerara que una nueva medida es incompatible con la Directiva de servicios, podría exigir que no se aprobara durante un período de tres meses. Esto, a todas luces, representaría una limitación desproporcionada del derecho de las autoridades públicas a regular. El borrador de la Comisión también propuso que las "partes interesadas", que en este caso sería el sector privado afectado, participen del proceso, teniendo la posibilidad de enviar su opinión sobre las medidas notificadas por las autoridades públicas, otorgándoles un rol inaceptable en democracia ya que no se puede poner al mismo nivel de decisión en política pública a las instituciones que representan intereses colectivos o de comunidad, con aquellos actores privados que buscan defender sus intereses particulares que pueden llegar a atentar contra el interés general de nuestras regiones o ciudades.

Por suerte, el Consejo, al igual que los grupos progresistas del Parlamento consideran que se debe excluir de la obligación de notificación las medidas relacionadas con la planificación urbanística, planes de ordenación del territorio o planes de utilización del suelo urbano a nivel local tal y como figura en su versión actual. Por el momento, la mayoría liberal conservadora del Parlamento Europeo está alineada con las tesis de la Comisión e insiste en que la ordenación del territorio debe efectivamente quedar sujeta a la valoración y eventual veto de la Comisión.

Pero incluso si salieran adelante las posiciones del Consejo, mucho más moderadas, se obligaría a las autoridades públicas a informar y justificar regularmente las exenciones de usos del territorio que hayan establecido. Un sinsentido ya que ninguna administración tiene mayor conocimiento técnico ni sabe mejor las necesidades de la ciudadanía que la administración local en aquellos asuntos que son de su competencia. Pero además, aplica una lógica mercantil a todo el territorio sin tener en cuenta su valor social o ambiental.

Pero el intento de limitar la planificación urbanística no es lo único negativo que encontramos en la Directiva. De acuerdo con la Directiva de servicios vigente, los Estados miembros tienen que notificar a la Comisión cualquier nueva medida que puede afectar potencialmente a un prestador de servicios. Pero la nueva norma iría mucho más allá: exigiría la notificación incluso de borradores o proyectos de futuras medidas antes de que sean vigentes.

A pesar de los retrasos y de la distancia en muchos posicionamientos, las negociaciones entre los colegisladores (Parlamento y Consejo) continúan. La actual presidencia de turno de la UE, Rumanía, sigue trabajando para que la propuesta salga adelante. Si no se cierra el acuerdo antes de febrero o marzo, será prácticamente imposible que se apruebe en esta legislatura por las limitaciones del calendario en año electoral. Si se llega a un acuerdo, el pleno del Parlamento tendrá su última palabra y tendremos la capacidad de votar en contra de la propuesta y enterrarla para siempre. En este caso, será más importante que nunca el apoyo de la sociedad civil organizada, de la ciudadanía y del municipalismo, que deben alzar la voz y hacer saber a sus representantes que están en contra de un retroceso democrático inaceptable en aras de más libre mercado.

Si conseguimos derrotar esta propuesta, estaríamos de nuevo enviando un claro mensaje a la Comisión Europea. El camino del proceso desregulador iniciado con la Directiva Bolkestein habría encontrado un importante obstáculo. Así, si se quiere ampliar el mercado europeo de prestación de servicios, se debe apostar por iniciar un proceso ambicioso de armonización al alza de las normas relativas a procedimientos de autorización, los requisitos de los prestadores de servicios, el comportamiento del prestador, la calidad o el contenido del servicio, la publicidad, los contratos y la responsabilidad del prestador; así como aquellos relacionados con los estándares sociales, laborales y ambientales. Es decir, optar por una vía europeísta y garantista, de pleno respeto a la democracia local, que amplíe derechos e incremente estándares. Una propuesta que sea lo opuesto a la desregulación que quiere imponer esta propuesta.