La España que es, y no la que quieren que sea los vigilantes de las esencias del 78 y de algunas más antiguas, es la España que está representada hoy en el Congreso de los Diputados y que ha votado, por un ajustado margen, investir a Pedro Sánchez (PSOE) presidente del primer Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) en esta democracia postfranquista.

Es decir, la España que es, y no la quieren que sea PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos tras perder "un porrón" de diputados, ha resultado ser un país más diverso que nunca; un país que ha decidido poner fin al sistema pactado en la transición de 1978. El fin de un sistema bipartidista en lo político, prácticamente continuista en lo económico desde 1959 (Plan de Estabilización franquista) y autonómico en lo territorial, pero con una potente carga centralizadora en Madrid, donde se ubican las sedes nucleares de todos los poderes del Estado, su "esqueleto", en palabras de Aznar, al que faltaba el "músculo" que la fiscalidad anti-igualitaria de Madrid ya le ha otorgado.

Porque los mismos que claman por la "igualdad territorial" para demonizar al nacionalismo, PP, Vox y Ciudadanos, son los más insolidarios en su Gobierno madrileño a la hora de aplicarse el cuento con respecto a otras comunidades. Y ésa es su recurrente pesadilla: que la solidaridad e igualdad reales entre territorios acabe con sus privilegios centralizadores y capitalinos. No es casual que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), se haya erigido estos días en abanderada de la lucha contra la política económica del Ejecutivo que empieza. Ojo con ella.

Por su parte, el Gobierno de "coalición progresista" (amén) no es -y hoy menos que nunca- el poder, sino una parte de él, y ni siquiera la más potente, como se ha podido comprobar en los dos últimos años con los hechos catalanes, donde el Ejecutivo se ha limitado a traspasar al Poder Judicial la búsqueda de una solución a un conflicto político con los resultados que conocemos, una mezcla autoritaria de represión de los derechos políticos de los independentistas y de papelón frente a los tribunales europeos, mucho más rigurosos con este pilar fundamental de las democracias, en particular, y de los derechos humanos en general. Los derechos políticos de los dirigentes ídem constituyen la garantía de que los/as ciudadanos tengamos a los representantes políticos que elegimos a pleno rendimiento para hacer las políticas que hemos votado. Sí, también las independentistas recogidas en legales y legítimos programas electorales si existe una mayoría suficiente que las avala.

Es la democracia. Y la unidad de España no está ni debe estar por encima de ella

El Gobierno de "coalición progresista" tiene desde hoy una oportunidad esperanzadora, pese a las durísimas dificultades a las que se enfrenta desde el momento mismo en que era una posibilidad remota, precisamente, porque el Gobierno no es el poder y tiene prácticamente a todo éste en contra. Presidente, vicepresidente/as y ministros/as tienen la oportunidad de desmontar las estructuras que quedaron del franquismo tras la transición de 1978 y construir desde los cimientos un país plurinacional, basado en la justicia social, la solidaridad real entre pueblos y en pilares de poder distribuidos en red por todo el país frente a la actual estructura radial que tan bien representa, por ejemplo, el diseño del AVE: todo pasa por Madrid.

En este sentido, la entrada de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados y su apoyo a la "coalición progresista" debe ser considerada con la trascendencia que implica, en absoluto anecdótica. Tal vez sea el momento en que el PSOE retome aquel objetivo suyo del primer Gobierno Zapatero y aborde una tercera descentralización que acerque más a la administración y a la política a los ciudadanos a través de los ayuntamientos y otras entidades locales que garanticen a sus ciudadanos instrumentos de participación democrática más allá de las elecciones. Exactamente lo contrario de lo que predican los apocalípticos guardianes de las esencias del 78 y otras más oscuras: poder centralizado en la capital, poder castellano frente a la diversidad territorial periférica anulada. Tufos de otras épocas.

Hay tarea, y aunque es verdad que lo urgente son las políticas sociales que coordinará Pablo Iglesias desde su Vicepresidencia para frenar la desigualdad rampante y en ascenso en España, la pobreza infantil, las violencias machistas, el paro juvenil y de larga duración o la precarización laboral, el cambio de sistema exige empezar ya una tarea transformadora en todo el Estado, mediante leyes que devuelvan a los ciudadanos la credibilidad en sus instituciones, empezando por la transición nunca realizada del Poder Judicial, en manos masculinas, conservadoras y al servicio de los políticos de ultraderecha y derecha ultra.

Es necesario que el "esqueleto" del poder vuelva a ser de todos; y no de todos los partidos, digo, sino de todos los españoles, después de la obscena apropiación que han hecho de él PP, Vox y Ciudadanos. Desde la bandera hasta las Fuerzas Armadas, pasando por la Policía y la Guardia Civil, la Constitución, la monarquía y el citado Poder Judicial, 'pertenecen' a la derecha ultra y la ultraderecha y ellas 'son' las únicas garantes de su defensa frente al enemigo, el "Gobierno ilegítimo" que dicen ha nacido este martes.

Hacen falta leyes, pero también mucha pedagogía para hacer ver que las instituciones son de todos/as, están ahí para garantizar la democracia y nuestro bienestar y deben blindarse frente a los intereses partidistas y otros peores. Las mentiras, los gritos y la manipulación obscena de la derecha ultra del PP o Cs y la ultraderecha de Vox hacen necesaria desde ya la única herramienta que demostrará que otro sistema es posible: una alternativa de izquierdas que desmonte, entre otros, el mito de que solo la derecha puede gestionar bien la economía porque su neoliberalismo explotador de recursos y personas es la única opción posible.

Hará falta firmeza, abstraerse del ruido que ha convertido el Congreso en una taberna a medianoche y política, mucha política de la buena: de luces largas y orientada al interés general. Recuperar la credibilidad en los políticos no depende solo de discursos encendidos que desmonten al otro, sino de hechos que demuestren a la gente que otro sistema es posible. Un sistema donde la recuperada y dignificada Memoria Histórica ponga a cada uno en su sitio -incluidas la jerarquía católica, los poderosos del Ibex 35 y la Corona- y se ponga como objetivo irrenunciable que hay etapas de nuestra Historia que no se pueden repetir; que a partir de hoy, solo se puede progresar o retroceder. España se juega desde este martes convertirse en un referente internacional que derrotó al neoliberalismo y al neofascismo global o nada más que en uno más de los muchos países engullidos por ellos.

"La guerra se pierde cuando da uno la guerra por perdida. El vencedor lo proclama el vencido, no es él quien se erige en vencedor. Y mientras haya espíritu de resistencia, hay posibilidad de triunfo". Recupere el PSOE con la categoría que merece la memoria de Juan Negrín y dé por vencedor al Gobierno de "coalición progresista" con una alternativa histórica que rompa de una vez por todas las sogas que todavía perduran del franquismo y que pretenden seguir atándonos y bienatándonos.