Leo con mucho interés las crónicas de la actualidad política en Italia, las últimas que informan sobre la autorización del Senado para procesar en un tribunal de justicia ordinaria a Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, por presuntos delitos de abuso de poder y secuestro cuando era ministro del Interior y bloqueó la entrada en Italia a un barco con 131 migrantes a bordo, en julio de 2019.

Salvini -pocos quedarán sin saberlo- ha sido la gran revelación europea para la política de extrema derecha, admirado por Santiago Abascal y entusiasta defensor del histórico proceso Mani pulite (Manos limpias) que lideró el fiscal Antonio di Pietro en los 90 y que llevó a un movimiento de togas revolucionario en Italia para acabar con la corrupción política. "Entusiasta defensor", al menos, hasta ahora.

"¿Dónde ponemos los límites para considerarnos acertados al decir que hay que dar luz verde a los tribunales contra una acción aprobada en un parlamento?"

El patio italiano vuelve a estar revolucionado por ese justicialismo, que no es aquí el peronismo, sino lo que resulta de la supuesta intromisión del poder judicial en las decisiones de los ídem legislativo y ejecutivo, los dos poderes legitimados por la votación directa del pueblo. Visto en estos términos y abstrayéndonos de la aberración que supone en cuanto al respeto de los derechos humanos, la decisión de Salvini se corresponde con la de un ministro, líder de un partido que cogobernó Italia y obtuvo un aval democrático incuestionable que debe permitirle tomar decisiones de forma autónoma y colegiada con el resto del Ejecutivo.

Seguro que a estas alturas del relato, y sin continuar con el complejo debate que ha surgido a raíz de esta decisión del Senado italiano, las implicaciones del posible juicio a Salvini por una decisión política empiezan a sonarnos en España y el ruido abarca desde el juicio contra el procés catalán hasta la decisión del Gobierno de España de poner en manos de los jueces la censura parental a la que dio luz verde el Ejecutivo de Murcia, del Partido Popular y Ciudadanos con apoyo imprescindible de Vox.

¿No estaba el Govern legitimado por su mayoría de votos y escaños para iniciar un proceso pacífico de independencia en Catalunya y no lo está el Gobierno de Murcia para emprender las políticas educativas que le habrían encargado sus votantes, los de Ciudadanos y (¡ay!) los de Vox, por muy aberrantes que nos resulten?

"¿No estaba el Govern legitimado por su mayoría de votos y escaños para iniciar un proceso pacífico de independencia en Catalunya y no lo está el Gobierno de Murcia para emprender las políticas educativas que le habrían encargado sus votantes?"

En un país donde los/as ciudadanos han decidido con su voto que el Parlamento, las autonomías, las diputaciones, ayuntamientos y/o entes locales van a estar representados por una pluralidad nunca vista, ¿dónde ponemos los límites para considerarnos acertados al decir que hay que dar luz verde a los tribunales contra una acción aprobada en un parlamento?

Porque apelando a mis propias contradicciones -y de las de todos/as va esto-, podemos llenarnos la boca al hablar de derechos humanos o fundamentales como línea roja, pero también es imposible no entrar en contradicción al considerar qué acciones atacan esos derechos en el guirigay sociopolítico que tenemos montado hoy en España. Agitación que por mucho que sea, por cierto, en estos momentos no permite vislumbrar un cambio estructural del sistema.

Solo vemos lío, y más lío

Lío, por ejemplo, porque los/as antifranquistas llevamos toda la vida (en mi caso, vivida en democracia) reclamando un delito de apología del franquismo que proteja a las víctimas de Franco de humillaciones públicas y nos proteja a todos de la exaltación de una dictadura y sus principios (sobre todo, de éstos) que consiga cada vez más adeptos y nos damos de bruces con la libertad de expresión que reclamamos para Willy Toledo, César Strawberry o Federico Jiménez Losantos.  

"La propia democratización, el propio avance de la democracia, es una complicación, porque cada vez hay más derechos que tienen que intervenir en el debate... Hay un incremento de complejidad objetiva". Innerarity"

Lío, sin ir más lejos, porque muchas feministas creemos que la prostitución solo trae esclavitud y sumisión y tropezamos con un debate donde el discurso abolicionista puede llevar a las mujeres que la ejercen en los términos que sea a la estigmatización, no habiendo nada menos igualitario que impedir el ejercicio de sus derechos como seres humanos, incluida (otra vez) la libertad de expresión.

Lío, en definitiva, porque todas estas aparentes incoherencias chocan con el esfuerzo que supone solo conseguir una democracia incompleta y a la que hay que cuidar, adaptar y construir todos los días. En España sabemos muy bien cuánto cuesta (también en vidas) llegar hasta aquí y cuánto de dañinas pueden ser algunas decisiones políticas mal tomadas, aun con la mejor de las intenciones. ¿Cómo protegemos lo que tenemos y lo reforzamos ante amenazas cada vez más complejas y problemas que automáticamente generan otros problemas?

"La propia democratización, el propio avance de la democracia, es una complicación, porque cada vez hay más derechos que tienen que intervenir en el debate... Hay un incremento de complejidad objetiva", apuntaba en una entrevista a Infolibre en 2018 el filósofo Daniel Innerarity, que publica ahora Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI (Galaxia Gutenberg)

Parece difícil, no obstante y tomando buena nota siempre de lo que piensa y escribe Innerarity, que tanta complejidad pueda desenredarse con el mundo institucional que nos rodea, anquilosado, partidista, encerrado en sí mismo, corrompido en tantos rincones y superado por esa misma maraña de circunstancias para la que ni siquiera tiene que darnos respuestas, sino criterio y cultura para buscarlas. Cultura democrática, quiero decir (con guiño a Fernando Garea incluido).