Algún día sabremos si la irrupción del Coronavirus constituye o no un eslabón de la guerra comercial de EE.UU. contra China, aunque podemos tener la seguridad de que si no lo es, no es por problemas éticos al respecto. A quienes lanzaron las bombas Hiroshima y Nagasaki, perpetraron a lo largo del planeta todo tipo de golpes de Estado, guerras y asesinatos selectivos o provocaron directamente epidemias como la del Dengue Hemorrágico en Cuba no les tiembla el pulso por razones humanitarias cuando se trata de conseguir objetivos político/económicos.

Por otro lado, es evidente que el Coronavirus ha servido de desencadenante de la eclosión de una gran crisis económica que hace tiempo se viene gestando. Lo más grave, y no hace falta ser un lince para verlo venir, es que el virus coronado servirá de chivo expiatorio de los nuevos recortes y privatizaciones, incremento de impuestos indirectos y de beneficios fiscales para el capital y, sobre todo, nuevos rescates de bancos con dinero público.

Sin embargo, hoy quiero centrarme en la situación desesperada en la que se encuentra la sanidad pública madrileña (a la que seguirán otros territorios) como consecuencia de la actual epidemia.

La situación es de desbordamiento total: no hay recursos sanitarios suficientes para atender a tantas personas que los requieren al mismo tiempo. Eso quiere decir que una cantidad importante de pacientes está muriendo, y no lo haría si los recursos fueran suficientes.

Ahora, como en todas las crisis, se ponen de manifiesto situaciones escandalosas que permanecían larvadas o semi-ocultas.

Merece la pena recordar que la suma de los recortes y de la puesta en marcha de los hospitales de financiación pública y gestión, y negocio privado, supusieron para la sanidad pública madrileña el cierre de alrededor 2000 camas y la pérdida de 5.000 trabajadoras y trabajadores sanitarios. La sangría económica que ocasionan estas empresas parásitas (en su mayoría sociedades de capital/riesgo) para una sanidad pública ya enormemente deficitaria en condiciones normales es tal, que se calcula que cuando venza su contrato se habrán embolsado seis veces la inversión realizada.

Hoy sabemos que este deterioro, planificado desde las Consejerías de Sanidad, de la sanidad pública está aumentando espectacularmente las cifras de negocio de las aseguradoras privadas. Las enormes listas de espera para tratamientos y, mucho más grave, para diagnóstico, que ocasionan miles de muertes perfectamente evitables, son su particular gallina de los huevos de oro. Las cifras son asombrosas. En Madrid el 40% de la población tiene seguro privado, con un gran crecimiento en los últimos años, insisto, engendrado desde la administración sanitaria a su servicio.

Y ante una situación tan dramática como la actual, la sanidad privada tiene la desvergüenza de declarar que no se hará cargo de los casos de Coronavirus de sus asegurados. Las Consejerías y el Ministerio de Sanidad han callado miserablemente, constituyéndose en cómplices directos del crimen cotidiano. Los hospitales de financiación pública y negocio privado, que atienden áreas sanitarias, no han dicho nada hasta ahora, pero es bien sabido que antes del Coronavirus se producía en ellos de forma sistemática una selección de pacientes. A través del call center, propiedad también de una empresa privada, se hacen las derivaciones: no rentables para la pública, rentables para la privada.

Ahora cuando la angustia se extiende, es hora de preguntarse, ¿cuántas personas no hubieran muerto si la ingente cantidad de recursos económicos, de instalaciones y de personal que está al servicio del lucro privado, estuviera planificado y gestionado por una administración sanitaria encargada de responder a las necesidades sociales? ¿Es tolerable que ante una situación tan dramática como la actual se anteponga, en sentido estricto, el negocio privado a la vida de la gente?

El escarnio de la apropiación privada de los recursos públicos se manifiesta como absolutamente inaceptable cuando las necesidades perentorias del pueblo se estrellan contra los muros del capital.

Hoy ante una incuestionable emergencia de Salud Pública, que no ha hecho más que iniciarse, no cabe otra solución que exigir al Ministerio de Sanidad y a las Consejerías la incautación y expropiación de todos los recursos sanitarios que están en manos privadas, de forma que la administración cumpla con su obligación de planificar y ponerlos en su totalidad al servicio de la población.