Poco y poco claro se está hablando sobre la forma en que los países de Latinoamérica están afrontando la pandemia del covid-19. Desde toques de queda en unos países a la frivolidad irresponsable y mesiánico-evangélica de Bolsonaro, en Brasil, a la aparentemente desconcertante línea de López Obrador en México. Si en los países europeos -los mejor provistos económica e industrialmente-, preocupa la economía, para la generalidad de gobiernos latinoamericanos, ideologías aparte, el tema es una pesadilla. Las razones son evidentes para quien conozca mínimamente la región: su fragilidad económica, las desigualdades extremas en el reparto de riqueza y, como resultado de ambos hechos, que, de media, la mitad de población vive del trabajo informal. Es decir, vive el día a día, de forma que día sin trabajo es día sin ingreso.

Varios países europeos han confinado a su población y parado prácticamente todo su aparato productivo, salvo las industrias y trabajos esenciales para que los países sigan funcionando. El gobierno español ha movilizado 200.000 millones de euros; Alemania aprobó un presupuesto adicional de 156.000 millones; Francia ha destinado 45.000 millones para trabajadores y empresas y el Banco Central Europeo aprobó un plan de emergencia de 750.000 millones de euros para enfrentar la crisis. La sola suma de esos fondos (hay más en otros países europeos) triplica el PIB de Argentina y quintuplica el de Perú, por no hablar del PIB de los países centroamericanos. Ningún país de nuestra región puede hacer desembolsos de esa magnitud, ninguno. El confinamiento de  todas las gentes provocaría el colapso económico de los sectores pobres y empobrecidos, que representan el 50% de la población económicamente activa de los países.

La causa principal del problema es la desigualdad. Como reconfirmó el PNUD, en un estudio de 2019, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Aquí, el 10% de ricos concentra el 37% de la riqueza, mientras el 40% más pobre tiene que repartirse un mísero 13%. Para tener una idea más clara, los seis mexicanos más ricos acumulan más riqueza que 62 millones de personas, en un país de 130 millones de habitantes.

Uno de los principales efectos de la pandemia del covid-19 es sacar a la luz, como nunca antes, las atroces desigualdades en los países (España tiene a un 30% de su población en la pobreza o la miseria), algo que, en Latinoamérica, es sinónimo de muerte. Confinar a los pobres es condenarlos a la miseria y al hambre. No confinarlos, exponerlos a la pandemia. Cualquiera de las dos decisiones tiene consecuencias fatales para los países y esto es lo que explica las vacilaciones y dudas de los gobiernos. ¿Preservarlos de la pandemia para matarlos de hambre? Y luego, ¿de dónde se sacará el dinero para levantar unas economías ya de por sí precarias y altamente endeudadas, en un mundo, además, al que la pandemia habrá metido en recesión?

Tal vez, quizás, ojalá esta tragedia haga abrir los ojos sobre las consecuencias fatales de mantener tan oprobioso sistema económico y social. De esta y otras barbaridades se ocupa mi último libro, Malditos libertadores, pues de aquellos polvos vienen estos lodos. El futuro depende de nosotros. A nosotros, por tanto, nos  toca ponerle fin al poder de quienes vienen sacrificando a sus pueblos desde que tomaron el poder con las independencias.