Las últimas semanas hemos podido constatar cómo la cuestión migratoria se situaba, de nuevo, en el centro del debate. La pandemia de la Covid-19 ha evidenciado que la eventual situación de irregularidad de muchos ciudadanos de origen extranjero que residen en el Estado, tiene una repercusión directa en multitud de ámbitos clave de la sociedad y supone un lastre en todos los sentidos: de forma individual, porque impide la plena ciudadanía y con ella el ejercicio de todo lo que ello conlleva (derechos y deberes, compromisos y responsabilidades), con unos efectos personales devastadores (impactando también en los recursos sociales asistenciales y de emergencia); y colectivamente porque a menudo genera estigmatización, profundas desigualdades, discriminación y pobreza extrema estructural, algo que no sólo atenta contra los Derechos Humanos y los derechos más básicos, sino que a la vez impide a la sociedad contar con su valiosa y necesaria contribución en todos los sentidos. Es decir, todos perdemos, porque unos y otros nos necesitamos.

Así lo muestran los datos que presentaba hace unos días el Defensor del Pueblo en un voluminoso informe sobre la contribución de la inmigración a la economía española, en el que pide cambios legislativos para proteger unos trabajadores extranjeros que desde 2006 han aportado el 70% de los nuevos activos del mercado de trabajo. Parece que cada vez hay más consenso en que se necesitan reformas de fondo, así como en considerar la inmigración un factor de crecimiento económico, al menos, a medio y largo plazo. De hecho, se ha calculado que de no haber contado con la aportación de los trabajadores extranjeros, el crecimiento económico de los países del sur del Mediterráneo durante el período 1990-2014 habría sido entre un 20% y un 30% menor. En este sentido, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, aboga por hacer las reformas necesarias para converger flujos con demanda en el mercado laboral.

Todo el mundo es consciente de que tendrá que gestionar una situación realmente compleja que pondrá a prueba las costuras de nuestra sociedad. La gestión de la pandemia ha evidenciado la significación y magnitud de los trabajadores y trabajadoras extranjeras en lugares considerados como estratégicos. Sólo a modo de ejemplo, este pasado mes de abril el Gobierno español autorizó, en un primer momento, contratos agrícolas para jóvenes migrantes con permiso de residencia, pero no de trabajo, porque las cosechas se estaban quedando sin recolectores, con las graves consecuencias que ello conlleva en todos sentidos. De este modo, con una Unión Europea que mantiene las fronteras cerradas, emerge la evidencia de que los inmigrantes extracomunitarios y los ciudadanos móviles de la UE son esenciales para cumplir funciones vitales y mantener el funcionamiento de las economías europeas. En promedio, el 13% de los trabajadores clave en la UE son de origen inmigrante. En buena parte, esta constatación ha reabierto debates supuestamente cerrados en la mayoría de Europa, con sendas regularizaciones de diferente envergadura en países de nuestro entorno, como Italia o Portugal.

Parece que se vislumbran reformas a diferentes niveles de los poderes públicos. Estas deberían rehuir debates maximalistas, estériles y sectorialmente estrábicos y elevar la mirada para resolver, conjuntamente, un sistema que cuenta con graves deficiencias, que está lleno de trabas burocráticas y que, demasiado a menudo, no ha trabajado lo suficiente en favor de la defensa de los Derechos Humanos, sino claramente a la contra. Si no queremos actuar a base de parches que dificulten enormemente la vida de cientos de miles de personas, es necesario que estas reformas tengan una mirada holística y se acuerden de forma transversal. Por eso necesitamos también reformas concretas: cerrar los CIES y aplicar alternativas factibles y moralmente recomendables, que el Estado flexibilice criterios de arraigo social para que las personas en situación irregular puedan buscar trabajo o crear autoempleo y contribuir a la salida de la crisis con igualdad. Pero paralelamente, debe ser socialmente inadmisible que, España siga siendo uno de los países de la OCDE con la mano de obra extranjera más sobrecualificada o que las escuelas de nuestro país estén altamente segregadas.

Debemos tener en cuenta que, en una sociedad envejecida como la nuestra, en que el INE proyecta que la tasa actual de dependencia (54%) se incremente hasta el 84% en 2050, el ámbito de los cuidados es y, sobre todo se convertirá, en capital. A diferencia de cómo ha sido tratado en el pasado, es perentorio que sea enfrentado con la importancia y la seriedad que merece. En este sentido, el papel que ha jugado la inmigración en el progresivo incremento de la tasa de actividad de las mujeres migrantes ha sido suficientemente destacado, imbricándose en otra crisis famosa, la de los cuidados, donde intersectan género, origen y edad.

Mientras España mantiene un sistema inapropiado e insuficiente para atender adecuadamente la demanda, con un gasto público en dependencia (0,7% del PIB) a la mitad de la media de los países de la OCDE, la invisibilidad y la precarización de la inmigración irregular se extiende sobre las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar y los cuidados en Barcelona. Las mujeres extranjeras representan el 60% del total de las trabajadoras domésticas registradas oficialmente, pero, como todos sabemos perfectamente, estas sólo son la punta del iceberg. Sin contar lo que debería ser objeto de otro artículo, que es la suma de precariedad y pseudo-contratación de tantas otras mujeres inmigradas hasta ahora trabajadoras en el sector turístico y hotelero.

Aparte de las reformas que hay que impulsar, tanto estructurales como específicas, es indispensable que todas las administraciones hagan una buena aplicación de la norma vigente. Y esto es especialmente cierto en materia de empadronamiento, donde la responsabilidad directa y de obligado cumplimiento corresponde a la administración más cercana al ciudadano: los ayuntamientos. Tal y como han denunciado reiteradamente el Síndic de Greuges, el Foro de Síndicos Locales y las Entidades Catalanas de Acción Social, entre muchos otros actores sociales, es inadmisible que a menudo la propia administración local atente contra los derechos de los colectivos más vulnerables, faltando a su obligación de empadronar a todos los que viven en un municipio, a base de trabas burocráticas injustificables y fuera de la normativa. El padrón es una puerta de entrada a los derechos más básicos a los que la persona migrante no puede acceder sin este trámite tan sencillo como esencial.

En resumen, no queremos volver de nuevo a la vieja normalidad de la inequidad, el rechazo, la incomprensión, la criminalización y la discriminación hacia la ciudadanía en situación de irregularidad. Que la nueva normalidad nos lleve la plena ciudadanía.